La Corte Suprema de Justicia de Israel llevó a cabo este martes una sesión histórica en la que deliberó sobre la validez de la primera ley de la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu.
Por cerca de 13 horas en las que se presentaron intensos intercambios verbales entre los 15 jueces, los abogados del gobierno y los abogados de los grupos que buscan que se anule la ley, de acuerdo con The Times of Israel.
La primera ley de la reforma judicial, que forma parte de la Ley Básica: El Poder Judicial, restringe a los jueces de revisar las decisiones del gobierno mediante el principio de razonabilidad.
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Durante toda la sesión, ambas partes enfatizaron el carácter sin precedentes del caso: la Corte Suprema nunca ha intervenido en una Ley Básica, ni tiene el poder para hacerlo, argumentaron los abogados del gobierno.
Por el contrario, los abogados de los grupos ciudadanos sugirieron que la legislación en sí socava el carácter mismo de Israel como democracia, algo que ninguna ley de esa naturaleza ha hecho antes.
Ilan Bombach, el abogado que representa al gobierno, argumentó que los jueces sólo están facultados para interpretar las palabras del legislador y que no existe ninguna base legal o constitucional para que puedan intervenir Leyes Básicas.
“Estaba seguro de que esto nunca sucedería, la posibilidad de que el honorable tribunal interviniera por primera vez en una Ley Básica, sin la más mínima autoridad”, dijo.
No está claro si el gobierno respetará una hipotética decisión judicial que anule la ley, la cual se tiene previsto que sea emitida dentro de semanas o meses, en medio de sus esfuerzos por sacar adelante su ambiciosa reforma judicial.
El incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema por el gobierno precipitaría una crisis constitucional sin precedentes, que probablemente intensificaría las profundas divisiones sociales expuestas por la reforma judicial y meses de protestas masivas.
“El principio de razonabilidad no es la historia aquí. [El gobierno] quiere aplastar al Poder Judicial, esa es la historia, de eso se trata la guerra”, dijo Eliad Shraga, abogado del Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel. “Quieren echar a la Fiscal General, traer de vuelta a [el jefe del Shas, Aryeh] Deri al gabinete y no convocar al Comité de Selección Judicial”.
El diputado Simja Rothman, uno de los arquitectos de la reforma judicial, dijo a los jueces que no tienen derecho a intervenir en una Ley Básica.
En un tenso intercambio durante el cual varios jueces le dijeron que estaba haciendo declaraciones políticas en lugar de argumentos legales, Rothman criticó a la Corte Suprema.
“A lo largo de la historia, quienes cuentan con las élites oligárquicas para preservar sus derechos han descubierto que en su mayoría preservan sus propios derechos”, dijo, provocando un enojo evidente de los jueces.
A la afirmación de Rothman de que los jueces no podían pronunciarse de manera justa sobre un asunto que se relaciona directamente con “su prestigio, su estatus y sus autoridades”, la presidenta de la Corte, Hayut, respondió tajantemente: “No nos preocupa nuestro prestigio sino los intereses vitales de la gente”.
Los jueces rechazaron repetidamente la afirmación de que carecen de autoridad para intervenir.
La jueza Anat Baron preguntó si se podría aprobar una Ley Básica, por ejemplo, para restringir las elecciones a sólo una vez cada 10 años, o para prohibir a los árabes votar.
“¿Quién determinará si eso es extremista o no?”, preguntó.
“No podemos anular las Leyes Básicas cada dos días. Tiene que haber un golpe mortal a los principios básicos del Estado como Estado democrático”, reconoció Hayut.
Los argumentos de Bombach produjeron algunos de los momentos más dramáticos de la audiencia, cuando varios jueces enumeraron la opinión de que la autoridad de la Knéset para legislar deriva de la Declaración de Independencia de 1948, que define a Israel como un Estado judío y democrático.
Argumentando que la Knéset no puede legislar leyes –ni siquiera Leyes Básicas– que erosionen el carácter judío o democrático de Israel, indicaron que, por lo tanto, la Corte Suprema tiene la autoridad para vigilar esas barreras.
Bombach respondió que los firmantes del documento fundacional no fueron votados por el pueblo y que era “impensable” decir que la declaración debe “obligar a todas las generaciones futuras”.
“Dado que 37 personas fueron autorizadas a firmar la apresurada Declaración de Independencia, que aún se estaba redactando hasta el último momento, ¿esto debería obligar a las personas que vinieron después?”, respondió Bombach.
Los comentarios obtuvieron una amplia reprimenda desde la Corte Suprema y a nivel político en el país.
Pero más tarde, el juez David Mintz, considerado uno de los jueces más conservadores del tribunal, también cuestionó la idea de la Declaración de Independencia como documento estatutario.
“Al referirse a la Declaración de Independencia estás creando algo de la nada, no hay ninguna autoridad implícita [de la Declaración de Independencia]”, dijo Mintz a Aner Helman, quien representó a la Fiscal General.
Bombach intentó varias veces cambiar la discusión hacia la primera ley de la reforma judicial, calificando la cuestión de la fuente de poder de la Knéset como una discusión “teórica y académica”, pero los jueces lo presionaron sobre el asunto.
Bombach sostuvo que la primera ley de la reforma judicial no erosiona el carácter democrático de Israel, como afirman los opositores al gobierno, a lo que el juez Yitzhak Amit respondió que históricamente “la democracia muere en una serie de pequeños pasos”, aludiendo al resto de la reforma judicial.
La diputada del Likud Tally Gotliv, una de las diputadas presentes en la audiencia, interrumpió gritando que “¡la Knéset santifica la democracia y la preserva!”. Hayut la amonestó rápidamente.
En una declaración enviada por la tarde, mientras la Corte Suprema aún estaba en sesión, el partido Likud advirtió que la Corte Suprema “socavaría la democracia” si invalida la ley.
“Si el tribunal puede anular las Leyes Básicas, se convierte en soberano en lugar del pueblo. Este paso extremo socavará los cimientos de la democracia. Esta es una línea roja que no se debe cruzar”, afirmó.
Poco antes de que comenzara la audiencia, el Ministro de Justicia Yariv Levin, otro de los arquitectos de la reforma judicial, afirmó que el tribunal “carece de toda autoridad” para intervenirla.
Hacerlo asestará “un golpe fatal a la democracia y al estatus de la Knéset”, dijo, insistiendo en que los legisladores elegidos por el pueblo deberían tener la última palabra sobre dicha legislación.
Los jueces también parecieron criticar la apresurada aprobación de la ley, algo que las figuras de la oposición han denunciado durante mucho tiempo.
En respuesta, Yitzhak Bart, el abogado de la Knéset reconoció que el proceso legislativo fue apresurado y tuvo algunas fallas, pero argumentó que tales fallas no se acercan al umbral que justifica la anulación de la ley.
“Hubiera sido apropiado que las discusiones se prolongaran más; Habría sido apropiado expresar algunos de los comentarios [de la oposición] en el comité”, admitió Bart.
La audiencia se produce después de más de 8 meses de protestas masivas de los opositores del gobierno a la reforma judicial del gobierno de Netanyahu.
Las tensiones políticas estallaron antes de la audiencia y se otorgó protección adicional a los jueces en medio de temores de disturbios y protestas.
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