Israel enfrentó una avalancha de condenas y denuncias en la Corte Internacional de Justicia el lunes, cuando representantes palestinos acusaron a Jerusalén de crear una ocupación permanente e ilegal en Cisjordania y Jerusalén Este, y de establecer un sistema de apartheid en su trato a los palestinos.
Los procedimientos del lunes fueron los primeros de seis días de audiencias en La Haya sobre la solicitud de la Asamblea General de la ONU de una opinión consultiva de la Corte sobre las “consecuencias legales” del gobierno de Israel en los territorios durante 56 años.
Israel rechaza la legitimidad de los procedimientos del Tribunal Mundial solicitados por los palestinos, que quieren que el control israelí de Cisjordania y Jerusalén Este sea declarado ilegal en un proceso no vinculante.
El Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad Maliki, acusó a Israel de dar a los palestinos la opción de “limpieza étnica, apartheid o genocidio” debido a su gobierno de largo plazo en Cisjordania y Jerusalén Este, y él y otros representantes de los palestinos pidieron a la Corte Internacional de Justicia “declarar que la ocupación israelí es ilegal” y pedir su fin inmediato.
La audiencia provocó un rápido castigo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, y la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu rechazó la legitimidad de los procedimientos, alegando que estaban “diseñados para perjudicar el derecho de Israel a defenderse de amenazas existenciales” y “dictar los resultados de un acuerdo diplomático sin negociación alguna”.
En una breve declaración ante la Corte emitida el año pasado en respuesta al proceso, Israel enfatizó que los esfuerzos anteriores para resolver políticamente el conflicto habían fracasado, señalando declaraciones del ex presidente estadounidense Bill Clinton, la ex secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice y el ex embajador saudita en los Estados Unidos, el príncipe Bandar bin Sultan, acusando a los palestinos de no llegar a un acuerdo con Israel y así poner fin al dominio israelí en los territorios.
La Autoridad Palestina había presionado para que la Asamblea General de la ONU solicitara la opinión consultiva. Su propósito es que el tribunal falle que el gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este es ilegal y que Israel debe ponerle fin, desmantelar los asentamientos israelíes y proporcionar restitución a los palestinos perjudicados por él.
Las opiniones consultivas de la Corte no son vinculantes y no tienen ramificaciones legales, pero la audiencia, no obstante, conlleva un enorme peso emocional y diplomático en medio de la guerra de Israel con Hamás en Gaza tras el ataque del 7 de octubre y las crecientes críticas en todo el mundo a los tratos del Estado judío con los palestinos en Gaza y Cisjordania, informó The Times of Israel.
El domingo, el gobierno de Israel respaldó unánimemente una declaración en la que rechazaba una supuesta propuesta encabezada por Estados Unidos para establecer un cronograma firme para el reconocimiento de un Estado palestino, diciendo que sería un “premio enorme” por la masacre terrorista en el sur de Israel hace cuatro meses.
“Un palestino puede pasar toda su vida como refugiado, negándosele la dignidad y el derecho a regresar a casa… bajo constante amenaza, que sus seres queridos sean encarcelados en una cárcel israelí y retenidos allí indefinidamente, y que sus tierras sean robadas, colonizadas y anexadas”, dijo Maliki en sus palabras de apertura para los palestinos.
“Durante décadas, los palestinos han soportado el colonialismo y el apartheid”, prosiguió, y pidió que el tribunal “declare que la ocupación israelí es ilegal” y que debe terminar “de forma inmediata, total e incondicional”.
Los argumentos orales presentados por los representantes palestinos ignoraron casi por completo la naturaleza política del conflicto palestino-israelí sobre los territorios, los esfuerzos pasados para resolver la disputa y la aplicabilidad actual de los Acuerdos de Oslo para resolverlo en un marco político, no legal.
El abogado internacional Paul Reichler presentó los argumentos legales para el caso palestino, diciendo que el control israelí de los territorios constituye una ocupación ilegal y citando la Carta de la ONU, así como las resoluciones 242, 478 y 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otras.
Describió el movimiento de colonos en el que viven ahora unos 700.000 israelíes en los asentamientos de Cisjordania y en los barrios de Jerusalén Oriental como “una vasta empresa colonial” en la que, según afirmó, Israel había “implantado colonos” como parte de un objetivo de anexión permanente.
También citó las declaraciones de varios altos funcionarios de Israel que indicaban su intención de anexar permanentemente partes o la totalidad de Cisjordania, señalando a modo de ejemplo la declaración de Netanyahu de 2019 de que tenía la intención de anexar el Valle del Jordán, así como comentarios del Ministro de Finanzas Bezalel Smotrich que era “una ambición nacional” controlar la tierra desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que incluye toda Cisjordania.
“La evidencia es indiscutible. Bajo el paraguas de una ocupación militar prolongada, [Israel] ha estado anexando constantemente territorio palestino y el objetivo es la adquisición permanente de este territorio y ejercer soberanía sobre él, desafiando la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza”, dijo Reichler.
“Altos funcionarios israelíes admiten que su objetivo es la soberanía sobre todo el territorio sobre la línea verde… no hay razón para no tomarles la palabra porque sus hechos son consistentes con ellos”.
El profesor Phillipe Sands, experto en derecho internacional, presentó argumentos de que el gobierno de décadas de Israel en Cisjordania ha negado a los palestinos su derecho a la nacionalidad.
“Los palestinos son un pueblo distinto. Como tales, disfrutan de los mismos derechos que cualquier otro pueblo, es decir, el derecho a la autodeterminación, a decidir por sí mismos cómo vivirán y se organizarán política, social y económicamente”, dijo Sands. “Israel decide cómo, o si es que lo hacen, los palestinos pueden reunirse, comerciar, vivir y amarse”.
Acusó al gobierno de derecha que gobierna el país, que incluye a muchos políticos opuestos al estado palestino, de celebrar “la negación de la autodeterminación, la soberanía y el estado palestino” y alegó que Israel tenía la intención de mantener la situación vigente “para siempre”.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores denunció la audiencia del lunes tras su conclusión, alegando que la Autoridad Palestina estaba “tratando de convertir un conflicto que debería resolverse mediante negociaciones directas y sin imposiciones externas en un proceso legal unilateral e inadecuado”. Una declaración pidió al tribunal que instruya a los palestinos a resolver el conflicto mediante negociaciones directas con Israel.
“Durante años, los dirigentes palestinos han rechazado las negociaciones directas para resolver el conflicto, al tiempo que fomentan la incitación al terrorismo, promueven el antisemitismo y proporcionan incentivos financieros a los terroristas que asesinan a judíos”, afirmó el portavoz.
“Todo esto quedó oculto a la Corte en las preguntas distorsionadas y unilaterales que le planteó la Asamblea General [de la ONU], que intenta predeterminar los resultados de los procedimientos sin tener en cuenta los principios básicos del derecho internacional y el marco jurídico que se aplica al conflicto”.
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