El pasado enero, la Corte Suprema de Israel desestimó una petición de la Autoridad Palestina contra una ley que compensa a las víctimas de ataques terroristas árabes con fondos de la Autoridad Palestina.
Asher Stub, un abogado del grupo Justicia para las Víctimas del Terrorismo que inició la ley presentada por el miembro de la Knéset Yitzhak Pindrus y otros, dijo a JNS que el fallo de la Corte Suprema “eliminó el último obstáculo” entre las víctimas y la compensación.
La petición desestimada fue presentada el año pasado por la Autoridad Palestina contra la legislación aprobada por la Knéset en marzo de 2024 titulada “Proyecto de ley de compensación de las víctimas del terrorismo (compensación ejemplar)”.
La ley afirma que la Autoridad Palestina, que gasta cientos de millones de dólares al año en pagar salarios a terroristas en prisiones israelíes, alienta el terrorismo y, por lo tanto, está obligada a pagar daños y perjuicios en demandas civiles. El dinero se deducirá de los ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina sobre las mercancías que pasan por los cruces fronterizos.
La Autoridad Palestina afirmó que la ley abusaba de los mecanismos de daños punitivos y agregó que la ley causaría su “colapso”. También dijo que Israel carecía de justificación legal para confiscar sus ingresos fiscales. El juez Yitzhak Amit escribió en su fallo que la petición de la Autoridad Palestina omite cómo “paga a los terroristas y a los miembros de las familias de los terroristas dinero y beneficios a tasas significativas, en estrecha relación con los actos criminales de terrorismo que cometieron”.
El Fondo de los Mártires de la Autoridad Palestina, también conocido como la política de “pagar por matar“, es una piedra angular de la ley de la Autoridad Palestina, que otorga a los terroristas o a sus familiares más cercanos el derecho a recibir pagos mientras vivan.
El fallo abre el camino para que las víctimas del terrorismo o sus familiares presenten demandas civiles y reciban una compensación, dijo Stub. Su organización, Justicia para las Víctimas del Terrorismo, está manejando demandas para unas 35 familias sin fines de lucro, dijo, y agregó que el plazo de prescripción de las demandas pertinentes es de siete años, recogió Jewish Press.
Según las estimaciones de la Autoridad Palestina en su petición, podría perder aproximadamente 2.000 millones de shekels (562 millones de dólares) de ingresos fiscales inmediatos, además de otros 5.000 millones de shekels (1.400 millones de dólares) en fondos que Israel ya tiene y que pertenecen a la Autoridad Palestina, argumentó.
En el fallo, los jueces Khaled Kabub y Yael Wilner condenaron la “dependencia de la Autoridad Palestina en la ley constitucional israelí, que protege principalmente los derechos humanos, para evitar las consecuencias de su apoyo al terrorismo contra el estado y sus ciudadanos”. Calificaron esto de “repugnante tanto moral como legalmente”.
“Estamos orgullosos de ayudar a muchas víctimas a presentar demandas en virtud de esta nueva ley y seguiremos luchando contra el terrorismo y sus patrocinadores financieros”, dijo Stub.
En una declaración posterior a la decisión del tribunal, Stub y Sander Gerber, un gestor de inversiones global, calificaron la desestimación de la petición como “un paso revolucionario en nuestros esfuerzos por poner fin a la política de ‘pago por asesinato’ de la Autoridad Palestina y garantizar una compensación justa para las víctimas del terrorismo”.
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