En diciembre de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aceptó una solicitud de la Asamblea General de la ONU para emitir un dictamen consultivo sobre la legislación israelí que restringe las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Israel y limita el contacto de las agencias estatales con esta.
Noruega, impulsora de la solicitud, argumentó que esta ley israelí viola el derecho internacional y las obligaciones de Israel de facilitar la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza, donde UNRWA juega un papel crucial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (MFA), en un documento presentado ante la CIJ, rechazó el proceso calificándolo de “distorsionado” y “predeterminado”, argumentando que ignora la participación del personal de UNRWA en los eventos del 7 de octubre de 2023, fecha del inicio de la ofensiva de Hamás. El MFA declaró que se trata de un “proceso fundamentalmente defectuoso” utilizado para tomar decisiones políticas.
En su escrito, Israel detalla las presuntas conexiones entre empleados de UNRWA y Hamás, así como su participación en actividades terroristas, incluyendo el uso de instalaciones de UNRWA para dichas actividades y violaciones a la neutralidad que las instituciones de la ONU deben mantener. El documento, según la emisora pública Kan, incluye el testimonio de un rehén israelí liberado que afirma haber sido retenido en una instalación de UNRWA. Así mismo, la ex rehén británico-israelí, Emily Damari, declaró en enero ante el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, haber sido retenida en instalaciones de UNRWA en Gaza.”
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Philippe Lazzarini, jefe de UNRWA, describió estas acusaciones como “profundamente perturbadoras e impactantes”, añadiendo que UNRWA perdió el control de sus instalaciones en el norte de Gaza el 13 de octubre de 2023, y que esto se repitió en otras ubicaciones.
Israel sostiene que decenas de empleados de UNRWA participaron directamente en las atrocidades del 7 de octubre, presentando evidencia contra varios de ellos. UNRWA confirmó que Muhammad Abu Attawi, un comandante de Hamás asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y responsable de la masacre de civiles en Re’im el 7 de octubre, era empleado de la agencia. Israel estima que aproximadamente el 12% de los 13,000 empleados de UNRWA en Gaza tiene vínculos con facciones terroristas.
En febrero, las FDI descubrieron un centro de datos subterráneo debajo de la sede de UNRWA en la Ciudad de Gaza, equipado para apoyar operaciones de Hamás y conectado al suministro eléctrico de las instalaciones de UNRWA. Además, Israel acusa a UNRWA de fomentar el odio hacia Israel y los judíos, alegando que el 10% de los educadores senior pertenecen a Hamás y la Yihad Islámica Palestina, y
citando numerosos informes sobre extremismo e incitación en el currículo educativo de UNRWA.
Estas acusaciones forman el trasfondo del conflicto legal ante la CIJ.
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