La Suprema Corte de Justicia de Israel rechazó este domingo la solicitud de dictar una orden provisional para congelar la destitución de la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, informó Arutz Sheva.
El vicepresidente de la Corte Suprema, Noam Solberg, escribió en la decisión que esta no es una medida irreversible y, de hecho, postergó la decisión de la Corte. Enfatizó que la validez de las opiniones y decisiones de la Fiscal General y de la Fiscalía no serán perjudicadas, y se les debe permitir seguir operando de manera independiente.
De acuerdo con su decisión, la audiencia programada para mañana puede celebrarse. La Corte Suprema de Justicia intervendrá solo después de que se dicte una decisión definitiva.
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Anteriormente, el gobierno presentó su respuesta a las peticiones ante la Corte Suprema. En una dura declaración, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amijai Chikli, presidente del Comité Ministerial para el Reemplazo de la Fiscal General, argumentaron que el gobierno ya no puede tolerar la “absurda situación” en la que la Fiscal General “utiliza recursos estatales para sus necesidades personales y subordina el servicio legal público a sus deseos personales”.
“Durante mucho tiempo, el gobierno de Israel no ha tenido un proceso justo en los casos de disputa entre el mismo y su Fiscal General. El gobierno israelí no ve motivos para continuar con esta ilusión y espera que la Corte Suprema confronte el absurdo y la distorsión de la justicia y el debate. La Fiscal General rompió sistemáticamente la cuerda, y ahora espera que el honorable tribunal la rompa con ella, con todas las graves consecuencias”, acusó.
El gobierno alega que Baharav-Miara actúa en un claro conflicto de intereses, ya que está directamente involucrada en las peticiones, pero impide la representación legal del gobierno y ordena a los abogados que presenten posturas que reflejen únicamente su postura personal.
“Este es un mundo al revés”, escribió el gobierno. “El servicio legal público no es su propiedad privada, sino que está destinado a representar al gobierno. La expectativa de que el gobierno responda a las peticiones mientras está desconectado de su representación legal socava su derecho a un proceso justo”.
“La Fiscal General exige que el gobierno evite un conflicto de intereses distante y especulativo, mientras que ella misma comparece ante el tribunal con un conflicto de intereses en en sus ojos”.
El gobierno argumentó además que la mera existencia del caso en la Corte Suprema, donde carece de suficiente representación legal, ilustra la gravedad del problema. Enfatizó que el proceso contra la Fiscal General es legal y que la audiencia programada sobre ella se está llevando a cabo con estricto respeto a sus derechos.
Agregó que Baharav-Miara se ha negado durante meses a responder a los documentos que se le presentaron y no asistió a las reuniones gubernamentales para responder a las acusaciones en su contra. Sin embargo, el gobierno enfatizó que su decisión de celebrar la audiencia “excede con creces lo requerido”.
Informó que se presentaron dos documentos justificativos al tribunal que detallan las causas de la destitución, incluyendo documentación sobre los repetidos intentos de conciliar las diferencias con Fiscal General. Estos esfuerzos, según el gobierno, han fracasado y actualmente están causando un daño inmenso a la gestión de los asuntos estatales y a la ciudadanía en general.
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