Estados Unidos está considerando imponer sanciones esta misma semana contra toda la Corte Penal Internacional, lo que pondría en peligro el funcionamiento diario de la corte como represalia por las investigaciones de presuntos crímenes de guerra israelíes.
Washington ya ha impuesto sanciones específicas a varios fiscales y jueces de la Corte, pero incluir a la propia Corte en la lista de sanciones supondría una escalada importante.
Seis fuentes con conocimiento del asunto con Reuters, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un tema diplomático delicado que no se ha anunciado públicamente, afirmaron que se espera pronto una decisión sobre dichas “sanciones a entidades”.
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Una fuente indicó que funcionarios de la corte ya habían celebrado reuniones internas de emergencia para analizar el impacto de posibles sanciones generales. Otras dos fuentes indicaron que también se habían mantenido reuniones con diplomáticos de los Estados miembros de la corte.
Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados, confirmó que se estaban considerando sanciones a toda la entidad, pero no dio más detalles sobre el momento de la posible medida.
Un portavoz del Departamento de Estado acusó al tribunal de ejercer su “supuesta jurisdicción” sobre el personal estadounidense e israelí, y afirmó que Washington tomaría medidas adicionales, aunque el portavoz no especificó cuáles.
“La CPI tiene la oportunidad de cambiar de rumbo implementando cambios estructurales cruciales y apropiados. Estados Unidos tomará medidas adicionales para proteger a nuestros valientes militares y a otras personas mientras la CPI siga representando una amenaza para nuestros intereses nacionales”, declaró el portavoz.
Las sanciones aplicadas al tribunal como entidad podrían afectar sus operaciones diarias básicas, desde su capacidad para pagar a su personal hasta el acceso a cuentas bancarias y software de oficina rutinario en sus computadoras.
Para mitigar los posibles daños, el personal de la CPI recibió salarios por adelantado este mes para el resto de 2025, según informaron tres fuentes, aunque esta no es la primera vez que el tribunal paga salarios por adelantado como medida de precaución en caso de sanciones.
La Corte también está buscando proveedores alternativos de servicios bancarios y software, según informaron tres fuentes.
La CPI, con sede en La Haya, ha acusado formalmente a Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant, así como a varios líderes de Hamás que han sido asesinados por Israel desde entonces, por presuntos crímenes cometidos durante la guerra de Gaza, iniciada por la invasión del sur de Israel por parte del grupo terrorista palestino el 7 de octubre de 2023.
Washington ha sancionado previamente a funcionarios judiciales por su participación en esos casos y en una investigación separada sobre presuntos crímenes en Afganistán, que inicialmente se centró en acciones de tropas estadounidenses.
Tres fuentes diplomáticas afirmaron que algunos de los 125 países miembros de la CPI intentarían oponerse a sanciones adicionales de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York esta semana.
Sin embargo, todo indica que Washington intensificará sus ataques contra la CPI, según cuatro fuentes diplomáticas en La Haya y Nueva York.
“Se ha agotado el camino de las sanciones individuales. Ahora se trata más de cuándo, y no de si, darán el siguiente paso”, declaró un alto diplomático. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado al tribunal como “una amenaza a la seguridad nacional que ha servido como instrumento para la guerra legal” contra Estados Unidos y su aliado Israel.
El tribunal se fundó en 2002 en virtud de un tratado que le otorga jurisdicción para enjuiciar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por ciudadanos de un Estado miembro o en su territorio.
Israel y Estados Unidos no son miembros. El tribunal reconoce al Estado de Palestina como miembro y ha dictaminado que esto le otorga jurisdicción sobre las acciones en lo que considera territorio palestino. Israel y Estados Unidos rechazan esta decisión.
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