La manifestación de hoy, conocida como la “protesta del millón de hombres”, con multitudes de manifestantes ultraortodoxos llenando las calles de Jerusalén, es la culminación de protestas de haredíes que ponen de manifiesto una profunda fractura en la sociedad israelí. La inusual unidad entre los grupos lituanos, jasídicos y sefardíes en su oposición al servicio militar obligatorio y la magnitud de la participación son síntomas de una crisis más profunda. Sin embargo, la cantidad de participantes no es el problema principal.
En las últimas semanas, cientos de niños ultraortodoxos de 10 y 11 años fueron trasladados en autobús a una prisión militar, con gorros y globos amarillos con la imagen de un evasor del servicio militar. Su lema era: “¡Que vuelva ya a la yeshivá!”. La campaña por Ariel Shamai, estudiante de la Yeshivá Ataret Shlomó arrestado, incluía el lema “Hasta el último secuestrado”. Los organizadores de la protesta no se molestaron en ocultar su fuente de inspiración: replicaron conscientemente los símbolos del movimiento popular por la liberación de los rehenes en Gaza, símbolos que han llegado a representar el dolor nacional y la responsabilidad compartida.
La comparación entre un estudiante de yeshivá que evadió el servicio militar obligatorio y un secuestrado en Gaza resulta perturbadora por dos razones. Primero, la implicación obvia: las Fuerzas de Defensa de Israel son representadas como un enemigo cruel, un secuestrador, en lugar de un ejército que protege a la nación. Segundo, esta apropiación revela un distanciamiento casi total del trauma colectivo del 7 de octubre, de las familias en duelo, los heridos, los soldados y los reservistas.
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Esto ya no es simplemente un desacuerdo político, sino una ruptura genuina. Toda una comunidad vive dentro del Estado, disfruta de sus servicios e influye en sus políticas, pero es ajena a su propio dolor. Cuando sus líderes proclaman: “Mejor morir como judío que vivir como sionista”, no solo rechazan al Estado, sino también el sufrimiento de sus ciudadanos, como si los rehenes y los soldados caídos no formaran parte del “nosotros” colectivo.
Los partidos ultraortodoxos son actores clave en el sistema político israelí. Se han integrado en casi todas las coaliciones de gobierno, han obtenido presupuestos millonarios y han moldeado políticas que afectan a toda la población. Sin embargo, el público al que representan declara simultáneamente que las leyes del Estado son “heréticas”, que su ejército “combate el judaísmo” y que el servicio militar obligatorio es “una guerra contra la Torá”. Esta es la paradoja: participar activamente en el sistema democrático mientras se niegan sus propias reglas.
Las raíces de esta paradoja se remontan a 1948, cuando David Ben Gurión eximió del servicio militar a 400 estudiantes de yeshivá, un gesto temporal destinado a reconstruir el mundo de la Torá destruido durante el Holocausto. Una década después, ya lamentaba la decisión: “Esos estudiantes de la yeshivá no construyeron la tierra ni arriesgaron sus vidas por su independencia”. Pero el mecanismo se afianzó. El giro político de 1977 otorgó a los partidos ultraortodoxos un poder político y financiero sin precedentes, mientras que, paralelamente, crecía un sistema educativo completamente aparte, carente de materias fundamentales, a pesar del acuerdo original de “mantener el statu quo” que prometía estudios mínimos de hebreo, historia y ciencias. Lo que comenzó como una solución provisional se convirtió en una estructura de separación y desigualdad que se perpetúa a sí misma.
Hoy cabe preguntarse: ¿se trata realmente de una defensa del “mundo de la Torá” o de una defensa de una estructura de poder político y económico construida sobre una exención concedida de buena fe hace más de setenta años?
Ante esta realidad, han surgido propuestas radicales, como la sugerencia de Yair Lapid de revocar el derecho al voto a quienes no sirven en el ejército. La tentación es comprensible: ¿por qué deberían quienes no comparten la carga determinar el destino del país? Pero tal medida pone en peligro la democracia misma. El derecho al voto no es un privilegio para los merecedores; es un derecho fundamental de la ciudadanía. Una vez que se condiciona — al servicio militar, los impuestos, una visión del mundo “correcta” o un grupo étnico — la democracia se convierte en un club exclusivo para los “dignos”.
En la práctica, tal medida solo profundizaría la división. Transformaría a ciudadanos difíciles en una minoría hostil, reforzando su sentimiento de persecución y aislamiento.
La apropiación de símbolos de rehenes, entonces, no es simplemente de mal gusto, sino que es sintomática de una mentalidad más profunda: una perpetua conciencia de victimismo, una autoimagen de persecución incluso en medio de un inmenso poder político. ¿Qué se puede hacer, entonces? Revocar derechos solo profundizará la brecha. Sin embargo, mantener el statu quo actual es igualmente insostenible.
Israel se encuentra entre la espada y la pared: por un lado, una población que influye en la política nacional pero se niega a compartir la carga, un desequilibrio social y económico que socava el principio mismo de igualdad; por otro, el peligro de que cualquier solución coercitiva desgarre el frágil tejido democrático.
Debemos, por lo tanto, comenzar por reconocer la profundidad de esta división. No se trata de una disputa sobre presupuestos o servicio militar, sino de un choque entre dos visiones del mundo que han perdido su lenguaje común. La democracia debe ser lo suficientemente fuerte como para contener incluso a quienes la desafían desde dentro. Eso no es debilidad: es fortaleza. La tarea no consiste en excluir a los ultraortodoxos del juego democrático, sino en ajustar sus reglas para que no puedan ser llevadas al absurdo.
Lo que se necesita son correcciones mesuradas, no revoluciones. Como escribió Karl Popper, una sociedad abierta se sostiene mediante pasos pequeños, comprobables y reversibles, no mediante convulsiones radicales. En Israel, esto implica reformas graduales: total transparencia presupuestaria en todos los sectores, alternativas reales de servicio civil para quienes no se alistan y la inclusión de estudios básicos en todas las escuelas públicas. Cambios pequeños pero acumulativos que fortalecen la igualdad sin fracturar el tejido social. Solo así podrá la democracia renovarse sin desintegrarse.
Y quienes deben reconocer primero la profundidad de la brecha y asumir la responsabilidad son los propios líderes de las comunidades ultraortodoxas. Mientras sigan fomentando un sentimiento de persecución y justificando la alienación de la sociedad israelí en su conjunto, la división no hará más que ensancharse. Un reconocimiento valiente por parte del liderazgo ultraortodoxo, junto con la voluntad de la sociedad israelí de retomar el diálogo, podría abrir el camino hacia una verdadera reconciliación.
La autora es candidata a doctorado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Bar-Ilan. Investiga el surgimiento de narrativas en plataformas digitales y entornos colaborativos, y su impacto en las identidades colectivas y el discurso público, particularmente durante eventos globales transformadores.
Artículo publicado originalmente en The Times of Israel
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