La Corte Suprema de Justicia de Israel ordenó este miércoles al gobierno tomar acción penal sobre hombres ultraortodoxos que evaden el servicio militar.
La decisión unánime exige al Estado formular sanciones económicas y civiles en un plazo de 45 días. Un panel ampliado del tribunal declaró que las medidas deben ser efectivas y dictaminó que el gobierno no podrá eludir las sanciones financieras otorgando beneficios, directa o indirectamente, a estudiantes de yeshivá que evadan el servicio militar obligatorio.
La Corte determinó que el gobierno ha incumplido su deber de hacer cumplir el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, socavando así el espíritu de la ley que lo impone para todos los ciudadanos y habitantes de Israel.
El fallo se produjo en respuesta a peticiones que exigen al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu cumplir con la decisión del tribunal de 2024, según la cual los hombres ultraortodoxos deben ser reclutados para las Fuerzas de Defensa de Israel.
Las peticiones, analizadas por la Corte Suprema el mes pasado, argumentan que el Estado no envía notificaciones de alistamiento a estudiantes de yeshivá de forma adecuada y no aplica sanciones a quienes evaden el servicio militar.
Las FDI indicaron que en 2024, se enviaron alrededor de 24,000 notificaciones iniciales de alistamiento a hombres ultraortodoxos. Hasta octubre de 2025, 2,737 hombres haredíes se presentaron a centros de reclutamiento, y 1,508 completaron los trámites iniciales. Finalmente, solo 798 estudiantes de yeshivá fueron reclutados.
Las FDI agregaron que, desde julio, cuando tomaron acciones contra evasores del servicio militar, 425 personas fueron arrestadas. Antes de eso, fueron detenidos 196 evasores.
En el debate previo al fallo, el vicepresidente de la Corte Suprema, Noam Sohlberg, afirmó que las fuerzas armadas necesitan urgentemente 12,000 soldados. Criticó al ejército por su ineficiencia para reclutar a hombres ultraortodoxos.
Sohlberg señaló que el Estado debe garantizar que los procesos penales llevados a cabo contra otros evasores del servicio militar se apliquen también a ultraortodoxos.
“La situación actual, caracterizada por una violación masiva, consciente y continua de las normas, que supone una grave infracción de la igualdad, es inaceptable”, escribió.
Sohlberg hizo referencia a una orden del comisionado de la policía, Danny Levy, de abstenerse de detener a evasores ultraortodoxos. “Es evidente que la policía no puede renunciar a las facultades que le confiere la ley”, puntualizó.
Los jueces señalaron que la evasión del servicio militar obligatorio por parte de los haredíes es aún más grave ante la guerra en Gaza y el reclutamiento masivo de reservistas.
“Estalló una guerra horrible y terrible. Muchos cayeron en combate, miles resultaron heridos física y psicológicamente. Muchos soldados y civiles cargarán con las cicatrices de este periodo durante toda su vida”.
“Mientras tanto, quienes están involucrados en el asunto, a cargo del tema del reclutamiento, están ocupados en otros asuntos. Muchos miembros de la comunidad ultraortodoxa no cumplen con su obligación legal y moral de apoyar a sus hermanos en momentos de necesidad”.
“El gobierno de Israel, por su parte, no está haciendo todo lo posible para lograr su alistamiento”, afirmaron los jueces.
“En repetidas ocasiones, la Corte accedió a las solicitudes del Estado de aplazamientos para resolver el asunto, por respeto mutuo entre las partes y en reconocimiento de la complejidad política”, escribieron.
“Demasiados responsables de esta tarea siguen desestimando los asuntos como en años anteriores, sin escuchar el clamor de quienes soportan la carga y de sus seres queridos, y sin dar una respuesta adecuada a los inmensos desafíos de seguridad. Esto no se puede permitir más. Se trata de nuestra propia supervivencia”.
En marzo de 2024, expiró la ley que exime a hombres ultraortodoxos del servicio militar obligatorio, dando lugar a peticiones contra la decisión del gobierno de no reclutarlos.
En junio de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia dictaminó por unanimidad que los haredíes deben ser reclutados por las FDI y las yeshivás no deben ser financiadas por el gobierno si sus estudiantes no se alistan. Los jueces criticaron al gobierno y afirmaron que su actuación tras la expiración de la ley es ilegal.
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