El proceso judicial contra el primer ministro de Israel avanza a pesar de la crisis bélica. El excomisionado de la Policía de Israel, Roni Alsheikh, uno de los impulsores de la causa penal contra Netanyahu, declaró que “suponíamos que Bibi iba a renunciar antes de someterse a un juicio”. Le creo a Alsheikh. Sin embargo, Netanyahu decidió redoblar la apuesta, aceptando el reto y dejándonos ver aspectos muy oscuros de la evidente alianza entre la fiscalía, la policía y los medios de comunicación. El sistema judicial israelí necesita una reforma urgente.
Los impulsores de la causa fueron modificando las narrativas. Primero, los voceros mediáticos de la fiscalía ofrecieron filtraciones selectivas que condenaban al primer ministro, exponiendo una corrupción intolerable. Luego aseguraron que Netanyahu optaría por medidas antidemocráticas para anular su proceso.
Más tarde, cuando el juicio comenzó, afirmaron que Bibi estaba muy interesado en retrasarlo para mantenerse en el poder. Cuando el Caso 4000 se desmoronó, explicaron que la acusación realmente grave era el Caso 1000. En el camino, nos adoctrinaron con la idea de que toda la reforma judicial buscaba trabar y cancelar el juicio. Después, la narrativa sostuvo que la prolongación de la guerra iniciada el 7 de octubre obedecía a cálculos políticos, porque sin batalla “Bibi” debería seguir presentándose a declarar y eso, seguro, lo condenaría. El último delirio se centró en un aspecto surrealista: “Es cierto que la fiscalía hizo aguas, pero cuando presente su caso la defensa, entonces Netanyahu caerá”, suponiendo que los abogados del primer ministro citarían testigos que confirmaran lo que la fiscalía no logró probar.
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Efectivamente, es necesario comprender toda esta increíble historia en el marco de una enfermedad que sufre la sociedad israelí: un amor desenfrenado hacia Netanyahu frente a una “Bibifobia” que transforma a gente racional en fanáticos.
El fenómeno extraño y surrealista que detectamos en Israel es que los principales defensores de los derechos civiles —que asisten a todos los ciudadanos del país, incluido Netanyahu— hoy provienen más del centroderecha que de la poco democrática alternativa. Muchos optan por mantener el statu quo judicial, aunque presente facetas profundamente juristocráticas, porque comprenden que no mediante las urnas lograrán imponer sus deseos.
¿Cuáles fueron los últimos acontecimientos?
Hace unos meses, los tres jueces que llevan el caso en la Corte Regional de Jerusalén le anunciaron a la fiscalía que no detectaban la existencia de soborno ni corrupción en el caso más fuerte que tenían contra el primer ministro de Israel: el 4.000. No habían logrado demostrar que hubiese existido un pago en forma de buena cobertura mediática por parte del canal informativo Walla! (de por sí, una innovación en las tipologías delictivas relacionadas con las “dádivas”). La acusación tampoco logró probar que existiera una reunión en la que Netanyahu ordenara al director general del Ministerio de Comunicaciones favorecer al dueño de Bezeq, que, a su vez, ¡era el propietario de Walla!
En lugar de modificar o anular la carta de acusación ante la inexistencia de soborno, la fiscalía decidió mantener el proceso en pie. El argumento para hacerlo resulta, como mínimo, surrealista: esperar que la defensa, al citar a sus testigos, exponga lo que la acusación no pudo demostrar. Un disparate. Lo cierto es que, al caer la acusación de soborno y corrupción, solo quedaba impugnar a Netanyahu por abuso de confianza e incumplimiento del deber público, figuras poco específicas que pueden admitir infinidad de interpretaciones. En palabras del exasesor judicial del Estado, Amijai Mandelblit, sin “soborno” él no habría autorizado la presentación de una carta de acusación.
Más tarde, la narrativa intentó convencernos de que el caso realmente grave era el 1.000. Según la carta de acusación, Binyamín Netanyahu habría recibido 700.000 shekels (unos 200.000 dólares) durante 15 años, en cigarros, champán y joyas, de manos del millonario israelí Arnon Milchan (y otro). Un caso presentado como claro de “abuso de confianza e incumplimiento del deber público”.
Y entonces ocurrió lo inesperado: la fiscalía decidió no convocar a declarar al encargado de investigar la existencia de esos 700.000 shekels en regalos. Es decir, la acusación decidió no llamar a su mejor testigo. ¿Y qué sucedió? La defensa de Netanyahu lo citó a declarar, demostrando que dicha cifra se alcanza sumando todas las compras de productos, y no en base a lo que realmente se regaló a Netanyahu. Un despropósito.
Esta última semana explotó una nueva bomba de relojería. El investigador principal del caso Netanyahu, Tzaji Habkin, testificó en nombre de la defensa, revelando que había expuesto una serie de violaciones legales a los derechos ciudadanos y otras metodologías inaceptables, utilizadas por los investigadores —y aprobadas por la fiscalía— para demostrar (a la fuerza) cargos contra el primer ministro de Israel. Los investigadores internos, en lugar de recibir con gratitud la actitud íntegra de Habkin, le informaron que no recibiría defensa ni protección, por lo que se vería obligado a enfrentar al sistema solo y a cara descubierta. Entre otras cosas, reveló irregularidades legales cometidas por quienes redactaron la carta de acusación.
El caso contra Binyamín Netanyahu se ha desmoronado. Ahora aparece como un intento, por parte de la policía y la fiscalía, de derrocar al primer ministro, suponiendo que, en lugar de luchar legalmente, Netanyahu desistiría renunciando a su cargo. Hoy, el juicio se ha transformado en una carta de acusación contra la corrupción del deep state israelí.
Los jueces podrían anular el juicio y declarar que no han detectado cargos contra el acusado, por lo que, “en defensa de la justicia”, impugnarían la carta de acusación. Es difícil que eso ocurra… aunque sería lo deseable si se pretende purificar el sistema.
Otras voces creen que la extensión y el mantenimiento del proceso judicial resultan funcionales tanto para Netanyahu como para la fiscalía. A ojos de sus votantes, “Bibi” es percibido como una víctima perseguida en medio de una guerra —lo que suma apoyo—, y para la fiscalía es una manera de prolongar el juicio (tras la apelación) durante siete años más, hasta que ya nadie recuerde los terribles casos de corrupción y violaciones a los derechos civiles que nos arrastraron a este proceso.
Y entonces… ¿Cómo llegamos a esto?
En el caso Netanyahu se tejieron una serie de alianzas preocupantes y corruptas. La primera de ellas fue entre las fuerzas policiales y las autoridades de la Fiscalía del Estado. En 2015, una de las máximas autoridades policiales, el jefe del Departamento de Lucha contra el Fraude, Roni Ritman, fue acusado de acosar a subordinadas. Ritman estaba convencido de que la acusación había sido “fabricada” por el primer ministro Netanyahu. Él y su equipo fueron los impulsores de las investigaciones de los casos 1.000, 2.000 y 4.000. En este contexto, no se le pidió a Ritman que se excusara, pese al evidente conflicto de intereses. A estos actores se sumaron funcionarios igualmente cuestionables, como Shay Nitzan (fiscal general), Roni Alsheikh (comisionado de policía) y un débil asesor judicial, Amijai Mandelblit, quien dio luz verde a una investigación que hoy se revela como descabellada.
La segunda pata la representan un séquito de periodistas que recibían filtraciones interesadas de la fiscalía, convirtiendo en una burla el principio de sub judice. Tal es la afinidad entre los periodistas aquejados de “Bibifobia” que buena parte de la acusación en el caso 1.000 fue impulsada por el periodista Ben Caspit. Resulta llamativo que esos comunicadores, que en su momento enarbolaron acusaciones grandilocuentes, hoy mantengan un vergonzoso silencio. Aviad Glikman, del Canal 13, y Guy Peled, del Canal 12, son dos exponentes de esta podredumbre.
La tercera pata del trío la conforman los ciudadanos de a pie que se aprovecharon de este proceso judicial para intentar lograr la renuncia de quien no podían derrotar en las urnas, o bien aquellos que, como “borreguitos”, no supieron profundizar en la debilidad de los argumentos con los que se los adoctrinaba. Es posible observar decenas de estos ejemplos en las publicaciones del abogado argentino-israelí, Daniel Kurganoff. Hoy, al igual que tantos otros, prefiere obviar el tema, suponiendo que la gente olvida.
El proceso judicial contra Binyamín Netanyahu ha fracturado a la sociedad israelí. Si las pruebas así lo determinaran, debería ser condenado con total contundencia. Sin embargo, a la luz del amateurismo malicioso demostrado por la acusación, son ellos quienes deberían rendir cuentas por lo que no dudaron en provocar.
Por Zeev Versh
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