Trump instó a la Corte Penal Internacional a revisar su carta fundacional para garantizar que el tribunal no pueda investigar al presidente ni a altos funcionarios estadounidenses, informó Reuters este miércoles.
Un funcionario estadounidense afirmó que Washington podría ampliar su campaña de sanciones contra la Corte si no se cumplen sus demandas.
El funcionario declaró a Reuters que Estados Unidos ha solicitado a la Corte que abandone sus investigaciones sobre líderes israelíes en relación con la guerra de Gaza y que cierre formalmente su prolongado expediente sobre Afganistán relacionado con personal estadounidense.
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De no hacerlo, según la fuente, podría dar lugar a nuevas medidas punitivas dirigidas a otras figuras de la CPI y, potencialmente, a la corte como institución.
Sancionar al propio tribunal marcaría una escalada significativa en la confrontación de Estados Unidos con la CPI, que ha enfrentado críticas bipartidistas en Washington. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que creó la corte en 2002.
El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que el gobierno ha comunicado su postura a los Estados miembros de la CPI, incluidos varios aliados estadounidenses, así como directamente a la corte. La demanda y la amenaza de nuevas sanciones no se habían revelado previamente.
El año pasado, los jueces de la CPI emitieron órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el exjefe de defensa Yoav Gallant y el difunto líder de Hamás, Mohammed Deif, por presuntos crímenes relacionados con el conflicto de Gaza.
El tribunal también inició una investigación sobre Afganistán en 2020 que incluyó el escrutinio de las fuerzas estadounidenses, aunque posteriormente redujo su enfoque sin concluir formalmente la investigación.
A principios de este año, Washington impuso sanciones a nueve miembros del personal de la CPI, pero hasta el momento ha evitado medidas que obstaculicen directamente el funcionamiento del tribunal.
Según el informe de Reuters, funcionarios estadounidenses temen que el tribunal pueda revisar las acciones estadounidenses después de que finalice el mandato de Trump en 2029.
“Existe una creciente preocupación… de que en 2029 la CPI centre su atención en el presidente, el vicepresidente, el secretario de Guerra y otros”, declaró el funcionario a Reuters, añadiendo que el gobierno no permitiría tales procedimientos.
La CPI señaló que las enmiendas al Estatuto de Roma son competencia de sus Estados miembros y se negó a comentar si Washington ha solicitado disposiciones sobre inmunidad. Cualquier modificación del tratado requeriría la aprobación de dos tercios de los Estados Partes, y revisiones más fundamentales de la jurisdicción requerirían un consenso aún más amplio.
Estados Unidos también ha lanzado una campaña letal contra presuntos buques narcotraficantes en las regiones del Caribe y el Pacífico desde septiembre.
Miembros del Congreso han solicitado investigaciones sobre los informes que indican que las fuerzas estadounidenses mataron a dos supervivientes de uno de esos ataques. La Casa Blanca sostiene que la acción fue legal. El gobierno no indicó si las preocupaciones sobre esta operación o las acciones en Venezuela influyeron en su presión sobre la CPI.
El funcionario se negó a especificar cuándo Washington comenzó a comunicar sus demandas al tribunal y a sus miembros. Los fiscales adjuntos de la CPI declararon a Reuters que no han recibido solicitudes para investigar la conducta estadounidense en Venezuela.
Cualquier intento de codificar la inmunidad para individuos específicos requeriría la aprobación de la Asamblea de los Estados Partes y podría interpretarse como un desafío a los principios fundamentales sobre los que se fundó la corte.
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