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miércoles 03 de junio de 2026
Corte Suprema de Israel

Corte Suprema de Israel ordena al Estado justificar ley que permite despedir a docentes que apoyan el terrorismo

La Corte Suprema de Justicia de Israel emitió este jueves un fallo condicional que ordena al Estado explicar por qué no debe derogarse la ley de noviembre de 2024 que autoriza al Ministerio de Educación despedir a docentes que expresan públicamente su apoyo a un acto terrorista.

En respuesta a las peticiones de un grupo de docentes y del Comité Superior Árabe de Supervisión, el fallo da al gobierno hasta finales de abril para defender la ley, cuya aprobación provocó la condena de defensores de los derechos humanos.

Los peticionarios argumentaron que la ley viola el derecho al debido proceso y otorga “poderes exclusivos de investigación, examen, juicio y sanción a entidades políticas”.

Presentada por los diputados Zvika Fogel (Otzmá Yehudit) y Amit Halevi (Likud), la ley otorga al director general del Ministerio de Educación la facultad de despedir, sin previo aviso, a docentes condenados por delitos contra la seguridad o terrorismo, que hayan publicado un llamamiento directo para perpetrar un acto terrorista, palabras de elogio, simpatía o aliento a un acto terrorista, que lo hayan apoyado o identificado con él.

También permite al ministerio cortar o reducir la financiación de las escuelas donde se hayan detectado tales expresiones, si se determina que la administración de la institución educativa conocía o debería haber conocido su existencia.

Según sus notas explicativas, la ley está dirigida principalmente a las escuelas árabes de Jerusalén Este, donde la presunta incitación lleva a menores a “pronunciarse en contra del Estado de Israel” y glorifica a los terroristas de manera que tiene un “efecto destructivo y a largo plazo [que], entre otras cosas, puede expresarse en el gran número de menores de Jerusalén Este que han llevado a cabo o intentado perpetrar ataques terroristas”.

Si bien su aprobación fue celebrada por la derecha, la ley fue criticada duramente por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, que afirmó que convertirá a docentes árabes en “blanco de vigilancia y persecución”. Diputados de la oposición argumentaron que los docentes que apoyan el terrorismo deben ser despedidos, pero la decisión no debe recaer en los funcionarios electos.

Una iniciativa de ley similar, centrada en la academia, fue aprobada por la Knéset en su lectura preliminar el verano pasado, aunque aún no ha avanzado a su primera lectura.

La propuesta exige a las universidades despedir sin compensación a cualquier profesor que niegue el derecho de Israel a existir como Estado judío soberano, incite al terrorismo o exprese su apoyo a una organización terrorista o a una lucha armada contra el Estado de Israel.

En respuesta al fallo condicional, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, acusó a la Corte Suprema de “aplastar la democracia israelí y la seguridad de sus ciudadanos”.

Por su parte, el recientemente nombrado presidente del Comité de Educación de la Knéset, Zvi Sukkot (Hatzionut Hadatit), anunció que la comisión celebrará una reunión urgente sobre el asunto y alegó que la Corte está “poniendo en peligro el futuro del Estado“.

“Es imperativo dejar las cosas claras: quienes se identifican con el terrorismo no pueden ni deben impartir clases. La Corte Suprema, que insiste en proteger a los profesores que apoyan el terrorismo, está desconectada de la realidad de la seguridad y de su responsabilidad fundamental por la seguridad y la educación de los niños israelíes”, señaló Sukkot, y añadió que el comité trabajará “para garantizar que se nieguen los presupuestos a las instituciones educativas que se identifican con organizaciones terroristas”.

Halevi afirmó en un comunicado que “el mero hecho de que alguien en el mundo pregunte por qué no se debe impedir que quienes se identifican con el terrorismo eduquen a sus hijos es una tragedia morbosa; el hecho de que se trate de jueces de la Corte Suprema expone una vez más la falta de criterio y la falta de responsabilidad pública de los jueces de la Corte Suprema hacia la seguridad de los ciudadanos de Israel“.

La legislación es “una ley vital y necesaria, escrita con la sangre de muchas víctimas israelíes”, concluyó Halevi.

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