Venezuela: cuando el poder decide que la democracia estorba. La ruptura del “ius cogens” y la sustitución de la democracia por el interés. En el contexto de las informaciones y declaraciones públicas que apuntan a un presunto secuestro de Nicolás Maduro impulsado o alentado desde la órbita política de Donald Trump, este artículo ofrece exclusivamente una valoración jurídica y democrática de dicho escenario. No se trata de afirmar hechos ni de atribuir responsabilidades, sino de analizar, desde los principios del Derecho internacional, el Estado de Derecho y los estándares democráticos, las implicaciones que un episodio de esta naturaleza tendría para la legalidad y el orden institucional mundial. Lo ocurrido en Venezuela, si se confirman los hechos tal como han sido anunciados, no es una transición política fallida ni una intervención discutible, es una violación frontal del derecho internacional y una negación consciente de la democracia como valor universal.
La extracción forzada de Nicolás Maduro del territorio venezolano por parte de Estados Unidos, sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin consentimiento del Estado afectado y fuera de los supuestos de legítima defensa previstos en el artículo 51 de la Carta de la ONU, vulnera de manera directa el artículo 2.4, que prohíbe tanto el uso como la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Esta prohibición no es una norma menor: es “ius cogens”, derecho imperativo, no derogable. Su infracción no admite matices políticos ni justificaciones estratégicas.
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El discurso que acompaña esta intervención es tan revelador como inquietante. En su declaración pública, el presidente de Estados Unidos no menciona una sola vez la democracia, las elecciones ni el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro, mientras que repite 26 veces la palabra “petróleo”. No es un detalle retórico: es la clave interpretativa de toda la operación. Cuando el recurso estratégico ocupa el centro del relato y los derechos políticos desaparecen, la legalidad queda reducida a coartada.
La gravedad aumenta cuando se observa lo ocurrido con la oposición democrática venezolana. Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional reconocieron previamente a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela conforme a los resultados electorales acreditados y a María Corina Machado como la figura central del proceso democrático. Sin embargo, ambos han sido desautorizados públicamente por Trump, afirmando que “no son las personas idóneas para este momento”.
En el caso de María Corina Machado, el propio Trump llegó a decir que es “simpática”, pero que “no cuenta con el respaldo de su pueblo”, una afirmación objetivamente falsa, desmentida por las actas electorales, por el reconocimiento internacional previo y por la movilización ciudadana que ella ha liderado.
“A este escenario se suma un elemento especialmente perturbador: la acusación directa de narcotráfico formulada por el Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y la existencia de procesos judiciales internacionales en curso”
No se trata de una opinión política más: es una deslegitimación deliberada de una líder democrática, utilizada para justificar la anulación de unas urnas que ya no encajaban en el nuevo diseño de poder. Jurídicamente, esto constituye una injerencia directa en el derecho de autodeterminación del pueblo venezolano, consagrado en la Carta de la ONU y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A este escenario se suma un elemento especialmente perturbador: la acusación directa de narcotráfico formulada por el Gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y la existencia de procesos judiciales internacionales en curso. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos federales ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y varios altos funcionarios de su gobierno por narco-terrorismo, conspiración para traficar cocaína y otros delitos relacionados con un supuesto envío de drogas hacia territorio estadounidense.
Ese procedimiento sigue formalmente activo y Maduro está programado para comparecer ante el tribunal federal de Manhattan, presidido por el juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de 92 años, con una larga trayectoria en causas complejas y de alto perfil. Nombrado juez federal en 1998, Hellerstein es una figura respetada del poder judicial estadounidense y de origen judío ortodoxo. Su avanzada edad y su perfil institucional refuerzan el carácter excepcional y simbólico de un proceso que trasciende lo estrictamente penal para adentrarse en el terreno político y geopolítico. La comparecencia está prevista tras su traslado desde prisión al tribunal, hoy a las 17.00 horas en Israel (9.00 en México), en un desplazamiento anunciado y retransmitido en directo así como ampliamente narrado por los medios internacionales, convirtiendo el acto judicial en un espectáculo mediático en sí mismo, más cercano a una puesta en escena que a un procedimiento ordinario de justicia penal.
“En el caso de María Corina Machado, el propio Trump llegó a decir que es “simpática”, pero que “no cuenta con el respaldo de su pueblo”, una afirmación objetivamente falsa”
Además, existe una solicitud de intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) y de gobiernos como el de Argentina para que se promueva la detención de Maduro y otros dirigentes por denuncias de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, aunque la Corte Penal Internacional (CPI) aún no ha emitido una orden de arresto específica contra él. (Estados Unidos no reconoce su jurisdicción).
Convertir estas acusaciones y procesos judiciales en justificación para una intervención militar extraterritorial vulnera no solo el principio de soberanía, sino también la inmunidad que gozan los jefes de Estado en ejercicio según el derecho internacional, salvo en casos de jurisdicción universal debidamente autorizados por tribunales competentes. Si la mera existencia de cargos o acusaciones extranjeros basta para justificar la invasión o captura de un mandatario en su propio país, ningún Estado queda a salvo y se abre un precedente peligroso en el que la justicia penal se instrumentaliza al servicio de objetivos geopolíticos.
La imposición de Delcy Rodríguez, figura central del régimen anterior y parte estructural del sistema de poder depuesto, confirma que no existe voluntad alguna de restaurar el orden constitucional ni de convocar elecciones libres. No hay ruptura democrática, sino continuidad del aparato de poder bajo tutela extranjera. Desde la doctrina jurídica internacional, esto encaja sin ambigüedades en la figura de cambio de régimen impuesto externamente, una práctica expresamente contraria al orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
Este episodio no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un patrón de amenazas abiertas y reiteradas contra otros Estados soberanos: presiones y advertencias dirigidas contra México, Colombia, Cuba y cuestionamientos sobre Groenlandia, territorio bajo soberanía danesa. El derecho internacional no solo prohíbe el uso de la fuerza, sino también su amenaza y ambas forman parte de la misma infracción.
“La imposición de Delcy Rodríguez, figura central del régimen anterior y parte estructural del sistema de poder depuesto, confirma que no existe voluntad alguna de restaurar el orden constitucional ni de convocar elecciones libres”
La conclusión es incómoda, pero ineludible. Lo ocurrido en Venezuela no solo vulnera normas jurídicas imperativas: envía un mensaje devastador para la democracia global. Se transmite la idea de que votar no basta, de que las elecciones solo son respetables si el resultado conviene y de que la soberanía popular puede ser anulada desde el exterior sin consecuencias.
La democracia no puede defenderse negando las urnas. No puede proclamarse mientras se desacredita a quienes ganaron en ellas. No puede invocarse mientras se repite 26 veces la palabra petróleo y ni una sola vez la palabra pueblo, democracia y elecciones.
Cuando las urnas se ignoran, el derecho se quiebra y el petróleo pesa más que el voto, no fracasa Venezuela, fracasa el mundo, fracasa la democracia como principio universal y queda al descubierto el retorno del poder sin límites.
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