La economía israelí enfrentó su momento más crítico a mediados de la década de 1980, en un periodo conocido históricamente como la “Década Perdida”.
Esta crisis, que alcanzó su punto máximo entre 1983 y 1985, llevó al sistema financiero del país al borde del colapso total debido a una hiperinflación descontrolada y un endeudamiento público insostenible.
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El origen del deterioro de la economía se remonta a la Guerra de Yom Kipur en 1973. Tras el conflicto, el gasto de defensa se disparó hasta representar cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB). A este escenario se sumó una política de gasto público desmedido y subsidios generalizados, financiados mayoritariamente mediante la impresión de dinero por parte del Banco Central, práctica que devaluó sistemáticamente la moneda.
La situación se agravó drásticamente en octubre de 1983 con la “crisis de las acciones bancarias”. Durante años, los principales bancos de Israel habían inflado artificialmente los precios de sus propias acciones. Cuando el esquema colapsó, el gobierno se vio obligado a intervenir para salvar los ahorros del público, nacionalizando de facto los bancos y asumiendo una deuda masiva que elevó el endeudamiento público a casi el 300% del PIB.
Para 1984, la realidad económica era insostenible. Según registros del Banco de Israel, la inflación anual alcanzó cifras astronómicas, llegando a un pico de entre el 450% y el 500%. Los precios de los bienes básicos en los supermercados cambiaban varias veces al día, lo que generó una pérdida total de confianza en la moneda local.
Ante la volatilidad, la población comenzó a “dolarizar” su economía cotidiana, utilizando dólares estadounidenses para transacciones como el pago de alquileres, electrodomésticos e incluso servicios médicos. Las reservas de divisas extranjeras del país cayeron a niveles peligrosamente bajos, amenazando la capacidad de Israel para importar combustible y alimentos.
En respuesta a la emergencia, el 1 de julio de 1985, el gobierno de unidad nacional liderado por el Primer Ministro Shimon Peres y el Ministro de Finanzas Yitzhak Moda’i, activó el Plan de Estabilización Económica (EESP). Esta estrategia radical fue diseñada tras una sesión maratónica de 24 horas y contó con la fuerte presión y respaldo de la administración estadounidense, que condicionó un paquete de ayuda de emergencia de 1,500 millones de dólares a la implementación de reformas profundas en la economía.
El plan implementó recortes masivos en el presupuesto estatal, reduciendo drásticamente los subsidios a productos básicos como el pan, el transporte público y el combustible. Mediante decretos de emergencia, el gobierno congeló temporalmente los precios y los salarios, tras llegar a un difícil acuerdo con la Histadrut (la federación nacional de sindicatos) para suspender los mecanismos de indexación salarial.
Un aspecto crucial de la reforma fue la legislación que otorgó independencia al Banco de Israel, prohibiéndole terminantemente imprimir dinero para cubrir el déficit presupuestario del gobierno, cortando así la fuente principal de la inflación.
Simultáneamente, el 4 de septiembre de 1985, se introdujo el Nuevo Shekel Israelí (NIS), reemplazando al antiguo Shekel a una tasa de 1 por 1000, eliminando tres ceros de su valor nominal para facilitar las transacciones.
El resultado de estas medidas fue inmediato y estabilizador. La inflación cayó del 450% a un 185% en pocos meses, y para 1986 se situó en un 19%, cifras mucho más manejables. Aunque el plan provocó un aumento temporal del desempleo y protestas sociales por los recortes, se considera el punto de inflexión histórico que transformó a Israel de una economía centralizada y estancada a la economía de libre mercado que opera en la actualidad.
Hoy en día, la Ley de no imprimir dinero para financiar déficits sigue vigente como uno de los pilares fundamentales de la política fiscal israelí.
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