Los líderes de la coalición pidieron este martes al primer ministro Benjamín Netanyahu ignorar un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia para destituir al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de cara a la audiencia prevista para el jueves sobre las peticiones de su destitución.
En una carta dirigida a Netanyahu, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich; el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar; el diputado Ofir Katz, líder de la coalición; y Ben Gvir pidieron al Primer Ministro “rechazar enérgicamente” los esfuerzos legales para destituirlo, calificándolos de “intento de golpe de Estado contra la democracia”.
“Ninguna autoridad legal, incluida la Corte Suprema de Justicia, tiene la facultad de forzar la destitución de un ministro del gobierno, especialmente cuando ni siquiera se ha presentado una acusación formal en su contra”, escribieron.
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“Nos mantendremos firmes como baluarte contra la destitución infundada de un ministro del gobierno”, añadieron. “Solo el pueblo elige al gobierno, y solo el pueblo decidirá en las urnas quiénes son sus representantes”.
La carta llega horas después de que Ben Gvir solicitara a la Corte Suprema rechazar las peticiones para su destitución, dos semanas después de que la Fiscal General exigiera al gobierno justificar por qué no ha sido despedido.
En una respuesta de 55 páginas presentada ante la Corte, Ben Gvir negó que interviene indebidamente en los asuntos de la policía y afirmó que la Corte carece de legitimidad para intervenir en su nombramiento.
“No podemos aceptar una situación en la que la permanencia de los ministros se convierta en una ‘cuestión legal’ simplemente por la insatisfacción de los demandantes o de la Fiscal General“, escribió el abogado de Ben Gvir.
Criticó duramente a la fiscal general Gali Baharav-Miara, quien ha expresado su apoyo a su destitución: “No tiene un solo ejemplo de interferencia real del ministro en las investigaciones, corrupción en el proceso de nombramientos, órdenes operativas a la policía o instrucciones ilegales relacionadas con las manifestaciones”.
Ben Gvir atacó además la posición de Baharav-Miara y alegó que tiene un conflicto de intereses: “No podemos aceptar un escenario en el que un posible sospechoso de un delito presente una opinión legal ante el tribunal sobre el papel del ministro responsable de la Policía de Israel… que se supone que la investiga”, escribió en referencia a acusaciones de los diputados de extrema derecha que afirman que Baharav-Miara estuvo involucrada en el encubrimiento de la filtración de un video de abusos en el centro de detención de Sde Teiman el año pasado. La policía está finalizando la investigación del incidente y no ha identificado a la Fiscal General como sospechosa.
El ministro afirmó que la Corte debe respetar el proceso democrático mediante el cual fue electo para la Knéset y nombrado para su cargo en el gobierno.
“Los ciudadanos, que tienen derechos políticos, son quienes eligen a sus representantes”, escribió en el documento. “La cultura democrática exige que todos los ciudadanos y autoridades, incluida la corte, acepten un resultado que no les convenga, por respeto a los derechos políticos de los demás”.
Ben Gvir agregó que si alguna de sus acciones como ministro “habría justificado una investigación penal, se puede esperar que la Fiscal General la habría abierto de inmediato. No se ha abierto ningún caso porque no hay nada que investigar”.
A principios de mes, Baharav-Miara detalló ante la Corte Suprema una lista de acusaciones contra Ben Gvir y su comportamiento hacia la policía.
La Fiscal General instó a los jueces a obligar a Netanyahu “a explicar por qué no destituye a Ben Gvir, de su cargo”.
“Mediante un sistema continuo (a veces sofisticado) de presión sobre los agentes de policía, Ben Gvir ha intervenido indebidamente en las operaciones de la policía en relación con los manifestantes contra el gobierno, el statu quo en el Monte del Templo y la protección de los camiones de ayuda a Gaza“, escribió la Fiscal General en su opinión de 68 páginas sobre las peticiones.
“En este momento, no queda otra alternativa que concluir que no se puede proteger al público de las acciones sistemáticas destinadas a socavar la independencia de la policía”.
El pasado abril, Ben Gvir aceptó un acuerdo que limita sus poderes sobre las investigaciones y ascensos de la policía, así como su gestión de las protestas antigubernamentales. El acuerdo se alcanzó como condición previa para que Baharav-Miara pueda defenderlo ante los tribunales contra las peticiones que exigen su destitución.
Pero desde entonces, Baharav-Miara ha criticado duramente a Ben Gvir por bloquear el ascenso de un oficial, impulsar la represión de las protestas e interferir en las investigaciones.
En diciembre, Baharav-Miara escribió a Netanyahu que las peticiones contra Ben Gvir han adquirido una “fundamentación fáctica y legal” debido a las acciones del ministro.
Señaló que la Corte aprobó el nombramiento de Ben Gvir en diciembre de 2022, tras la formación del gobierno, a pesar de las peticiones que argumentaban que no era apto para supervisar a la policía, debido a sus declaraciones racistas y antecedentes penales, incluyendo una condena por apoyar a un grupo terrorista judío.
En aquel momento, la Corte tomó en cuenta las declaraciones de Ben Gvir de que ha cambiado de actitud, y los jueces asumieron que “se mantendrá la independencia profesional de la policía y el ministro no actuará como ‘comisionado'”, señaló Baharav-Miara.
Pero esa suposición ya no se sostiene, escribió la Fiscal General, acusando a Ben Gvir de abusar de su poder e interferir regularmente en los asuntos internos de la policía.
En una reunión de gabinete a principios de este mes, Netanyahu enfatizó que no despedirá a Ben Gvir.
Durante una reunión de su partido, Otzmá Yehudit, Ben Gvir afirmó ayer que los intentos de destituirlo son parte de un “golpe de Estado” ilegal y constituyen una amenaza al “principio fundamental de la democracia”.
“Un grupo de burócratas intenta despojar de su autoridad a la Knéset, al gobierno y a los ministros. Esto es simplemente un golpe de Estado contra la democracia que se lleva a cabo en total violación de la ley”, acusó.
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