La muerte de dos bebés en una guardería ilegal de Jerusalén ha reabierto el debate sobre la falta de supervisión del sistema de cuidado infantil en Israel, en un contexto de recortes presupuestarios, centros no regulados y una creciente controversia política.
Una de las habitaciones de la guarderia donde murieron dos bebes. (Portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate de Jerusalen)
La muerte de dos bebés de cuatro meses en una guardería sin licencia que operaba en un apartamento privado de Jerusalén ha vuelto a poner en primer plano un problema estructural en Israel: la existencia de cientos de centros de cuidado infantil que funcionan fuera del sistema de supervisión estatal.
Según datos publicados por Yediot Aharonot, Israel cuenta con unos 540.000 niños de entre 0 y 3 años. Solo alrededor de la mitad asiste a guarderías supervisadas. Se estima que 114.000 niños están matriculados en centros sin licencia, a pesar de que la Ley de Supervisión de Guarderías, aprobada en 2021, extendió la obligación de control también a las guarderías privadas.
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La aplicación de la ley se ha visto dificultada por limitaciones presupuestarias. Mientras que en 2023 el presupuesto destinado a la supervisión ascendía a unos 190 millones de shekels, para 2026 se prevé una reducción drástica hasta 46 millones. Según la Autoridad Tributaria israelí, entre 1.000 y 1.500 guarderías operan ilegalmente en el país, muchas de ellas sin informar a las autoridades fiscales. Desde agosto pasado, los ministerios de Educación y Bienestar Social han identificado 470 centros sin licencia, pertenecientes a distintos sectores de la población.
El lunes por la mañana, 53 bebés fueron evacuados de la guardería de Jerusalén después de que varios fueran encontrados inconscientes. Dos de ellos fallecieron posteriormente en los hospitales Hadassah Monte Scopus y Shaare Zedek, pese a los esfuerzos de los equipos médicos y del servicio de emergencias Maguén David Adom. Tres miembros del personal fueron detenidos para ser interrogados tras confirmarse que el centro operaba en violación de la ley.
Un representante policial declaró ante el tribunal que quedó “consternado” por la escena, describiendo condiciones que, según su testimonio, no cumplían estándares mínimos de seguridad. El Tribunal de Magistrados de Jerusalén decidió extender hasta el jueves la detención de la directora del centro y de una cuidadora, mientras la organización ZAKA presentó una petición ante la Corte Suprema para impedir la realización de autopsias por motivos religiosos.
El Consejo Nacional para el Bienestar del Niño expresó su profunda conmoción y pidió una revisión inmediata no solo de la posible negligencia, sino también de los mecanismos de concesión y control de licencias, reclamando medidas urgentes para impedir que guarderías ilegales continúen operando.
Gali Baharav-Miara (Oren Ben Hakoon/Flash90)
La tragedia provocó también una fuerte reacción política. Dirigentes y comentaristas de la comunidad jaredí responsabilizaron al sistema judicial y a la Fiscal General, Gali Baharav-Miara, argumentando que la cancelación de subsidios para guarderías empujó a muchas familias a recurrir a centros privados no supervisados. Otros sectores subrayaron que la supervisión responde a criterios de seguridad infantil y no a disputas ideológicas.
Más allá de la controversia, el caso ha puesto de relieve la brecha entre la legislación vigente y la capacidad real del Estado para hacerla cumplir. La combinación de recortes presupuestarios, falta de inspectores y proliferación de centros ilegales mantiene a decenas de miles de niños fuera de un sistema efectivo de control, reabriendo el debate sobre la responsabilidad pública en la protección de los más vulnerables.
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