El regreso gradual de la Autoridad Palestina a la administración civil de Gaza, en paralelo a la supervivencia política y militar de Hamás, plantea una pregunta incómoda: ¿se está construyendo una solución o simplemente restaurando el mismo sistema que fracasó?
Israel entró en la guerra tras la masacre del 7 de octubre con un objetivo declarado: eliminar la amenaza estructural que emanaba de Gaza. Sin embargo, la realidad que emerge tras meses de combate sugiere una continuidad institucional más que una ruptura. Hamás no ha sido desmantelado y la Autoridad Palestina reaparece como administradora civil sin haber atravesado una reforma profunda de sus estructuras políticas, educativas y financieras.
La figura de Mahmud Abbas, presentada durante años como un “socio moderado”, simboliza esa contradicción. Bajo su liderazgo, la Autoridad Palestina sostuvo un doble discurso: diplomacia hacia afuera, glorificación del extremismo hacia adentro. La diferencia con Hamás ha sido, en gran medida, de método y no de propósito estratégico. Mientras uno privilegia la confrontación abierta, el otro administra el conflicto sin desmontar los incentivos que lo alimentan.
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Uno de los ejemplos más claros es el sistema de pagos a prisioneros condenados por terrorismo y a las familias de atacantes muertos, un mecanismo institucionalizado que recompensa la violencia bajo el eufemismo de asistencia social. Pese a negaciones oficiales y reetiquetamientos administrativos, la estructura de incentivos sigue vigente. No se trata de propaganda: es política pública documentada.
A ello se suma la legitimación simbólica de la violencia. La Autoridad Palestina ha honrado públicamente a figuras responsables de ataques terroristas, como Dalal Mughrabi, autora de la masacre de 1978 en la que murieron decenas de civiles israelíes, al poner su nombre en espacios públicos. Estos gestos no son anecdóticos: forman parte de una pedagogía política que normaliza la violencia como identidad nacional.
Ese patrón se refleja también en el sistema educativo. Los programas escolares bajo responsabilidad de la Autoridad Palestina han sido objeto de numerosos informes internacionales que documentan la enseñanza sistemática de hostilidad hacia Israel y la glorificación del martirio. La educación no es un elemento periférico: es la fábrica de la cultura política futura. Sin reforma educativa, cualquier arquitectura institucional reproduce el conflicto en la siguiente generación.
Reinstalar a la Autoridad Palestina en Gaza sin desmontar ese entramado no significa estabilizar el territorio, sino administrar su inestabilidad bajo otro nombre. El riesgo no es solo que Hamás conserve poder, sino que la cultura política que lo hizo posible permanezca intacta. Sin transformación institucional, la alternancia entre facciones es una ilusión de cambio.
Israel rechaza asumir directamente la administración de Gaza porque hacerlo implicaría heredar un conflicto perpetuo. Pero aceptar una gobernanza sin reforma real equivale a sembrar la próxima crisis. La estabilidad no surge de cambiar administradores, sino de alterar las condiciones que producen violencia.
Gaza no necesita una rotación de siglas. Necesita una ruptura estructural con el modelo político que convirtió a sus instituciones en incubadoras de conflicto. Sin eso, cualquier arquitectura posbélica será apenas una pausa entre guerras.
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