Un informe reciente de The Jerusalem Post reveló que el borrador de la nueva constitución de la Autoridad Palestina establece a la Sharia como fuente principal de legislación, consagra al Islam como religión oficial y proclama a Jerusalén capital palestina eliminando toda referencia a su vínculo histórico judío. El texto promete, al mismo tiempo, “protección especial” a los cristianos. No es una contradicción jurídica: es una falsificación elevada a principio constitucional.
No estamos ante un proyecto de Estado moderno. Estamos ante la codificación de una ideología que combina teocracia, revisionismo histórico y negación sistemática de la memoria judía. La Autoridad Palestina no intenta construir una sociedad plural; intenta blindar por escrito una narrativa de exclusión.
En un artículo de 2011 advertía que la estrategia palestina consistía en “pergeñar una historia fraguada que los vincule con la milenaria Tierra Santa”, reemplazando evidencia histórica por propaganda identitaria. Quince años después, aquella advertencia no solo se confirma: se institucionaliza.
La falsificación ha alcanzado niveles grotescos. Voceros oficiales palestinos han afirmado que Jesús, la Virgen María e incluso Abraham eran palestinos, apropiándose retroactivamente de figuras centrales del judaísmo y del cristianismo. No es ignorancia histórica: es ingeniería política de identidad. El nuevo texto constitucional no corrige ese delirio; lo consagra.
La subordinación explícita del orden jurídico a la Sharia revela la naturaleza real del proyecto. No se trata de una referencia cultural simbólica, sino de la definición de un Estado confesional que nace excluyente. En ese marco, la promesa de respeto a los cristianos funciona como utilería diplomática dirigida al consumo occidental. La experiencia de Belén desmonta cualquier ilusión: ciudad históricamente cristiana, ha sufrido un éxodo sostenido bajo administración palestina que redujo drásticamente su presencia original pese a todas las garantías formales.
Más inquietante aún es la complicidad internacional. La UNESCO, respaldada por mayorías automáticas en la ONU, ha promovido resoluciones que redefinen a Jerusalén en términos exclusivamente árabes e islámicos, legitimando una narrativa que contradice evidencia arqueológica, textual y documental acumulada durante milenios. Cuando instituciones creadas para preservar la memoria se convierten en vehículos de negación histórica, dejan de proteger el patrimonio humano y pasan a manipularlo.
El borrador constitucional expone sin ambigüedad el núcleo del proyecto político palestino: no convivencia, sino monopolio narrativo; no pluralismo, sino hegemonía identitaria; no historia compartida, sino eliminación deliberada de la memoria del otro. Una constitución que nace negando tres mil años de historia no construye futuro: institucionaliza el conflicto.
No se puede exigir legitimidad internacional mientras se constitucionaliza la mentira. Tampoco hablar de derechos humanos redactando una carta fundacional basada en exclusión religiosa. Y menos aún reclamar soberanía moral cuando el primer acto constituyente consiste en borrar la historia del adversario.
Las constituciones revelan la verdad que la diplomacia intenta ocultar. Y este texto revela un proyecto que no busca coexistir con Israel, sino sustituir su legitimidad histórica por decreto.
Eso no es construcción estatal. Es negación convertida en sistema.
Por: Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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