La reciente designación de la República Islámica de Irán como uno de los vicepresidentes de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas constituye una nueva mácula en el ya oprobioso historial del organismo internacional. No se trata de un desliz burocrático ni de una mera formalidad diplomática: es la legitimación simbólica de un régimen teocrático que viola sistemáticamente los derechos humanos, reprime a las mujeres, ejecuta disidentes, financia terrorismo internacional y predica abiertamente la destrucción de otro Estado miembro de la propia ONU.
El nombramiento no sorprende; confirma una tendencia. Las Naciones Unidas han convertido progresivamente sus foros en plataformas de blanqueo político para regímenes autoritarios que utilizan la retórica multilateral como escudo moral. Que Irán —uno de los principales patrocinadores del terrorismo global— ocupe un cargo de representación en un organismo dedicado al “desarrollo social” es una ironía macabra que roza la obscenidad institucional.
No es la primera vez que Teherán intenta lavar su prontuario mediante cargos internacionales. En 2010 el régimen se candidateó cínicamente para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU —el principal órgano encargado de velar por las libertades fundamentales— y sólo retiró su postulación cuando quedó en evidencia que su elección provocaría un escándalo diplomático mayúsculo. Incluso entonces, sin resignar su desparpajo, aspiró a ocupar un puesto en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Aquella maniobra reveló no sólo la impunidad con la que actúa Irán, sino la alarmante permeabilidad de la estructura de la ONU a gobiernos que desprecian abiertamente los valores que dicen representar.
Este patrón no es nuevo. Ya en 2012 escribí que el genocida sudanés Omar Al-Bashir —acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur— fue impulsado como candidato al Consejo de Derechos Humanos. Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, sintetizó entonces la grotesca contradicción con una frase que conserva plena vigencia: elegir a un violador sistemático de derechos humanos para dirigir su protección es “como poner a Jack el Destripador a cargo de un albergue para mujeres”.
La cooptación de organismos internacionales por regímenes autoritarios no es un accidente: es una consecuencia directa de una arquitectura institucional que privilegia equilibrios geopolíticos por sobre principios morales. En ese marco, la constante demonización de Israel —la única democracia plena de Medio Oriente— contrasta obscenamente con la indulgencia otorgada a dictaduras teocráticas, autocracias militares y Estados patrocinadores del terrorismo.
La ONU, creada tras la Segunda Guerra Mundial para evitar nuevas catástrofes morales, parece hoy incapaz de sostener el mínimo estándar ético que justificó su existencia. Sus resoluciones selectivas, su doble rasero y su tolerancia hacia regímenes represivos han erosionado gravemente su credibilidad. Cada designación como la de Irán no sólo degrada a la institución: vacía de contenido la noción misma de derechos humanos que pretende defender.
Cuando los violadores sistemáticos de libertades son promovidos a custodios del desarrollo social, la ONU deja de ser un árbitro moral para convertirse en un escenario de simulación diplomática. El problema ya no es la hipocresía ocasional: es la inutilidad estructural de un organismo que ha perdido la autoridad ética que le daba sentido.
La designación de Irán no es un error administrativo; es un síntoma más de la decadencia de una institución que, atrapada entre intereses y complicidades, ha dejado de representar los valores que proclama.
Por: Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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