El reciente video de campaña del candidato judío al Congreso por Nueva York, Brad Lander, acompañado por el actual alcalde de NY socialista y musulmán devoto Zohran Mamdani, ofrece una imagen reveladora del clima político contemporáneo. En el breve clip, ambos dirigentes dirigen sus críticas exclusivamente contra AIPAC, convertido en blanco recurrente de burla y sospecha dentro de amplios sectores progresistas estadounidenses.
El dato verdaderamente significativo no es la crítica en sí misma —legítima en cualquier democracia— sino aquello que deliberadamente permanece ausente. Mientras AIPAC es presentado como símbolo de influencia indebida, ninguna referencia aparece hacia organizaciones como el Council on American-Islamic Relations (CAIR), cuestionadas reiteradamente por sus posiciones frente al extremismo islamista y cuya actividad política ha sido objeto de controversias persistentes en los Estados Unidos.
La asimetría resulta evidente: el lobby judío pro Israel, puede ser denunciado públicamente; las organizaciones vinculadas al activismo islamista quedan fuera de toda interpelación crítica. La selectividad moral no es accidental.
Lander, situado incluso a la izquierda de otros progresistas judíos estadounidenses, ha llegado a acusar a Israel de genocidio, adoptando un lenguaje que trasciende la crítica política para ingresar en el terreno de la deslegitimación absoluta del Estado judío. El fenómeno no constituye una excepción norteamericana. Encuentra paralelos inquietantes en otras democracias occidentales.
En Argentina, la ex candidata presidencial y ex diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, fue la única postulante que, durante el debate presidencial posterior al 7 de octubre de 2023, se negó a solidarizarse con Israel tras la masacre perpetrada por Hamas. Mientras el resto de los candidatos condenó el ataque terrorista, Bregman mantuvo una posición alineada con la narrativa que presenta a Israel como “Estado genocida”.
La paradoja alcanza niveles difíciles de ignorar. Dirigentes que se proclaman defensores irrestrictos de los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de las libertades individuales adoptan simultáneamente posiciones políticas coincidentes con movimientos que, allí donde ejercen poder real, suprimen exactamente esos mismos derechos bajo regímenes regidos por la Sharía. Ninguna de esas libertades sobreviviría siquiera unas horas en los territorios gobernados por las organizaciones cuya narrativa política reproducen.
Este fenómeno no puede explicarse únicamente por divergencias ideológicas respecto del conflicto de Medio Oriente. Se trata de algo más profundo: la aparición de dirigentes judíos que, en nombre del progresismo universalista, terminan legitimando discursos que aíslan moralmente al único Estado judío del mundo mientras guardan silencio frente a actores abiertamente autoritarios.
En un artículo anterior señalé cómo el término “islamofobia” fue progresivamente utilizado para inhibir críticas al islamismo político y transformar a los victimarios en víctimas discursivas. El resultado visible hoy es una cultura política donde denunciar instituciones judías resulta aceptable —incluso virtuoso— mientras cuestionar organizaciones islamistas pasa a considerarse sospechoso o moralmente inadmisible.
Es en este punto donde emerge la figura del Fausto moderno. No el traidor movido por odio, sino aquel que, convencido de actuar en nombre de una causa superior, termina sellando un pacto que exige como precio la negación de su propia experiencia histórica.
Los nuevos Faustos judíos no renuncian a su identidad; la subordinan a una redención ideológica que promete aceptación moral dentro de una izquierda para la cual Israel representa el pecado original del orden occidental.
Pero la historia ofrece una advertencia persistente: cada vez que los judíos creyeron que la adhesión a una causa universal los inmunizaba contra el antisemitismo, descubrieron demasiado tarde que el problema nunca había sido su grado de compromiso político, sino simplemente su condición judía.
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