El anuncio de Estados Unidos de que estaría negociando con Irán el fin de la guerra —desmentido enfáticamente por Teherán— y el plazo de cinco días fijado por Donald Trump para abstenerse de atacar centros neurálgicos de energía iraníes, condicionado a que Irán libere el estrecho de Ormuz como primer paso hacia un eventual acuerdo, fue recibido con una mezcla de escepticismo y desconcierto.
Para sus críticos, constituyó una nueva evidencia de las aparentes contradicciones que caracterizarían su política exterior: amenazas de escalada combinadas con gestos de negociación, anuncios de acciones inminentes seguidos de repliegues tácticos, retórica maximalista acompañada de aperturas diplomáticas inesperadas.
Sin embargo, interpretar esta dinámica como mera improvisación implica desconocer un rasgo central de su método político. Trump ha construido su estilo negociador sobre la utilización deliberada de la incertidumbre. La ambigüedad estratégica, lejos de ser un defecto, funciona como instrumento de presión. La creación de escenarios imprevisibles obliga a sus interlocutores a reaccionar en un terreno que no controlan plenamente, desplazando el centro de gravedad de la negociación hacia quien fija los ritmos y redefine continuamente las expectativas.
La credibilidad de esta metodología no se construye únicamente en el plano discursivo, sino también mediante hechos concretos sobre el terreno. El desplazamiento de fuerzas, el control de posiciones estratégicas y la demostración de capacidad operativa forman parte de un mismo lenguaje político: la negociación respaldada por la posibilidad tangible del uso de la fuerza.
No obstante, la eficacia de este peculiar estilo depende en gran medida de la naturaleza del actor al que se enfrenta. La República Islámica no es solo un régimen autoritario convencional, sino un sistema ideológico cuya legitimidad histórica se ha construido sobre la narrativa de la resistencia frente a la presión externa.
En este contexto adquiere especial relevancia el reciente nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr, excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y figura destacada del sector político de línea dura, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en reemplazo de Ali Larijani, eliminado en un ataque israelí. La designación de Zolghadr, con una trayectoria estrechamente vinculada al aparato de seguridad y a las corrientes más radicales del sistema revolucionario, refleja un endurecimiento deliberado de la conducción estratégica iraní y sugiere la voluntad de institucionalizar una respuesta de confrontación prolongada.
La guerra —o la amenaza creíble de ella— tiende así a reforzar los mecanismos de cohesión interna. La percepción de un peligro existencial reduce el espacio para la disidencia, fortalece al aparato de seguridad y posterga cualquier posibilidad de transformación impulsada desde la sociedad. Los sistemas revolucionarios suelen consolidarse bajo presión externa al convertir el conflicto en un elemento constitutivo de su identidad política.
Es en este marco donde deben interpretarse las exigencias formuladas por Teherán como condición para el fin de las hostilidades. Entre las más significativas figuran la garantía de que no se reanuden ataques contra Irán, el cierre de las bases militares estadounidenses en la región, la cesación de la agresión y el pago de reparaciones por los daños sufridos. A ello se suma la exigencia de poner fin a las operaciones militares en todos los frentes regionales, lo que implicaría la aceptación tácita del papel de Hezbollah y del denominado eje de la resistencia.
Asimismo, Irán plantea la implementación de un nuevo régimen jurídico en el estrecho de Ormuz que le otorgue facultades de control funcional sobre el tránsito energético global, junto con demandas de carácter ideológico y político destinadas a extender la confrontación al plano mediático y jurídico internacional. Tales condiciones resultan, en la práctica, inaceptables tanto para Estados Unidos como para Israel, en la medida en que implicarían no solo una reconfiguración del balance estratégico regional, sino también el reconocimiento de la confrontación como fuente de derechos políticos adquiridos por el propio régimen iraní.
La pretensión de convertir el costo acumulado de la guerra en una forma de autoridad normativa revela una ambición que trasciende el plano táctico. Irán no busca simplemente resistir, sino transformar la crisis en una oportunidad histórica para consolidar su posición como actor capaz de redefinir las reglas del entorno estratégico.
La paradoja radica en que ambos actores utilizan la tensión como instrumento político. Mientras Trump procura negociar desde la presión y la imprevisibilidad, el régimen iraní tiende a fortalecerse mediante la confrontación prolongada. El riesgo no reside únicamente en la posibilidad de una escalada militar, sino en la consolidación de una dinámica en la que la guerra deja de ser un medio para convertirse en un recurso estructural de legitimación.
La premisa del ataque conjunto estadounidense-israelí de neutralizar la amenaza que representa la República Islámica parece haber avanzado parcialmente, tras el debilitamiento de la capacidad militar y balística iraní. Sin embargo, persiste el elemento decisivo: la destrucción o captura del uranio enriquecido al 60% que el régimen aún conserva como base potencial para el desarrollo de armamento nuclear.
En virtud de las condiciones planteadas por Irán —que colisionan frontalmente con los objetivos estratégicos de Washington y Jerusalén— no resulta descartable que, incluso antes de cumplirse el plazo fijado por Trump, el presidente estadounidense opte por intensificar la presión militar. Siguiendo un patrón de conducta que para algunos resulta desconcertante, podría ordenar operaciones destinadas a controlar puntos energéticos clave, como la vital isla de Kharg, con el objetivo de alterar el equilibrio de la negociación.
Rubén Kaplan
Periodista y escritor
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