Este miércoles, la Knéset aprobó en lectura preliminar una iniciativa de ley que busca reforzar la vigilancia contra el ruido proveniente de las mezquitas.
El proyecto fue presentado por el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el Presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Knéset, el diputado Tzvika Fogel.
50 diputados votaron a favor del proyecto de ley, mientras que 36 se opusieron. El partido Shas, que había amenazado con no apoyarlo debido a la crisis en torno a la ley de reclutamiento y la Ley Fundamental: Estudio de la Torá, votó a favor. También votó a favor el partido Israel Beytenu, que brindó su apoyo desde la oposición.
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La iniciativa establece que no se podrá instalar ni operar ningún sistema de megafonía sin un permiso. Los permisos se evaluarán en función del volumen, las medidas para reducirlo, la ubicación de la mezquita, su proximidad a zonas residenciales y el impacto del ruido en los residentes.
En caso de infracción, un agente de policía podrá exigir el cese inmediato del ruido y, si persiste, confiscar el sistema de megafonía.
Además, la ley establecería multas de manera que la instalación u operación no autorizada de un sistema de megafonía sea sancionada con una multa de hasta 50.000 shekels, y de 10.000 shekels si se opera incumpliendo las condiciones del permiso.
A diferencia de proyectos de ley anteriores sobre el tema, que solo se centraban en limitar las horas permitidas para el funcionamiento de los sistemas de megafonía y permitían amplias excepciones con escasa aplicación, el proyecto de ley actual establece un mecanismo ordenado de concesión de licencias y supervisión, responsabiliza personalmente al operador y refuerza significativamente las facultades de control y sanción. Asimismo, se creará un mecanismo para canalizar los fondos recaudados con las multas a proyectos públicos.
Las notas explicativas de la iniciativa indican que: «El ruido constituye un riesgo para la salud pública y, si bien en el pasado se han llevado a cabo campañas de control, actualmente no existe ninguna ley que proporcione las herramientas suficientes para abordar este fenómeno. Por lo tanto, se propone un marco regulatorio claro, que incluye una prohibición por defecto, un mecanismo explícito de permisos, la designación de una persona responsable de la operación y multas significativas. El proyecto de ley busca restablecer la paz y la tranquilidad y mejorar la calidad de vida de los residentes mediante una aplicación efectiva y clara de la ley».
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