El gobierno de Israel aprobó este domingo la propuesta del primer ministro Benjamín Netanyahu de prohibir la importación de productos producidos, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
El gobierno declaró que esta medida “es un paso de gran importancia moral, económica y estratégica, que refuerza el compromiso del Estado de Israel en la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso, además de proteger los intereses de la economía israelí”.
Según la propuesta, el Ministro de Economía e Industria de Israel establecerá una normativa que prohíba la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso, de conformidad con las normas internacionales. Simultáneamente, un equipo interministerial, encabezado por el Consejo Económico Nacional de la Oficina del Primer Ministro, continuará elaborando un mecanismo eficaz de implementación y aplicación, que se presentará al gobierno para su aprobación en un plazo de 90 días.
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Esta medida sitúa a Israel a la par de los países líderes a nivel mundial que adoptan medidas para prevenir la entrada a sus mercados de productos fabricados mediante la explotación de seres humanos, y fortalece la credibilidad de Israel como socio comercial que opera de conformidad con las normas internacionales.
Además de su valor moral, esta medida reviste una importancia económica significativa. Se espera que fortalezca la posición de los exportadores israelíes en los mercados internacionales, mejore las condiciones comerciales de Israel con sus principales socios y reduzca las barreras comerciales que perjudican la competitividad de la economía israelí.
Como parte de la decisión, se formulará un mecanismo integral de implementación, que incluye la designación de una entidad autorizada para la toma de decisiones, el establecimiento de criterios profesionales para identificar productos fabricados mediante trabajo forzoso, la creación de un mecanismo de denuncia y el establecimiento de mecanismos de apelación y revisión con el fin de garantizar una aplicación efectiva, seguridad jurídica para los importadores y preservar las normas de comercio justo.
La decisión del gobierno refleja el compromiso de Israel para proteger los derechos humanos, promover el comercio justo, fortalecer la economía israelí y garantizar que las cadenas de suministro de la economía israelí se basen en valores de responsabilidad, transparencia y competencia leal.
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