Discurso pronunciado en Tucumán en acto recordatorio de las víctimas del atentado a la AMIA.

ARIEL GELBLUNG

“¿Por qué es importante reunirnos a 23 años del atentado en todo el país? La respuesta es dura, triste y no puede ocultarse. La causa AMIA nos confronta con un país que no queremos. Desde ya, no queremos un país en el que seamos pasibles de ser víctimas de un atentado terrorista, que se pierdan 85 vidas, más de trescientos heridos y quede un país afectado.

No queremos un país donde el entonces presidente le haya transmitido condolencias a Israel. Ello supuso, en primer término, no asumir que se trató de un atentado contra la Argentina. Por otra parte, no asumió que el objetivo fue una institución judía de activa participación en la sociedad argentina. Que la enorme mayoría de las víctimas nació, vivió, desarrolló su actividad en Argentina y murió en nuestro suelo.

Esta situación aún cala hondo en la sociedad civil. No todos en nuestro país entienden que la Argentina es la que sufrió un ataque terrorista y que este no es un tema de los judíos.

No queremos un país en el que existían datos de inteligencia que preveían que dicho ataque podía suceder y nada se hizo.

No queremos un país en el cual, a pocos días de ocurrido el atentado, las pruebas guiaban hacia una conexión local, pero por los contactos existentes entre los apuntados y las altas esferas de gobierno dicha pista se diluyó y se ocultó. Reitero. Los susceptibles de ser allanados recibieron un alerta del allanamiento antes de que se realizara. Eso no puede existir en el país que queremos.

No queremos un país con una Justicia que no tiene independencia del Poder Ejecutivo. En un país deseable, el juez de la causa, frente a la sospecha de conexiones entre integrantes del gobierno y personas investigadas por vínculos con el atentado, debe, cuando menos, mantenerse a distancia. Claramente esto no sucedió.

La Justicia manifestó que no estaba preparada para encarar una investigación sobre un atentado terrorista. En 23 años no solamente no se preparó sino que sigue sin preverse para un eventual nuevo atentado.

No queremos un país en que las pruebas del atentado se hayan perdido. No queremos un país en el que a 22 años del atentado se encuentren piezas y pruebas sin peritar.

No queremos un país en que, frente al rechazo social generalizado a lo que los gobernantes hacían con esta causa, los dirigentes comunitarios hayan concurrido a la Casa de Gobierno a, como mínimo, contemporizar ánimos en lugar de ponerse al frente de los necesarios reclamos y críticas.

No queremos un país donde se le pague a uno de los acusados para que distraiga la investigación dando declaraciones falsas.

No queremos un país en el que se haya tenido que destituir al juez y a los fiscales y que hoy sean objeto, junto a los partícipes de irregularidades, falsedades, desvíos, malversación de fondos públicos, entre otras imputaciones, de otro juicio. Y que este juicio no sea acompañado por la sociedad toda. En especial, no queremos que quien fue presidente y está implicado en este juicio por encubrimiento sostenga que no puede concurrir a las audiencias por temas de su endeble salud. Salud que no parece tan endeble al intentar en estos momentos su reelección como senador. En el país que queremos no podemos aceptar que sea legislador quien no asume sus obligaciones como ciudadano.

No queremos un país donde el gobierno que debe perseguir a los acusados en todos los foros internacionales para que se haga justicia pacte con otro gobierno que los cubre y protege a cambio del fin de la causa. Como si nuestras impericias e irregularidades para avanzar con la causa fueran poco, garantizamos a través de nuestro gobierno la impunidad de los sospechosos a cambio de algún negocio internacional. Es inconcebible que a quien debe defendernos frente al mundo se le haya ocurrido simplemente la idea de un acuerdo con Irán.

No puede haber ingenuidad en pensar que Irán iba a contribuir con el esclarecimiento del atentado, y gratis. Sólo pensar que alguno de nuestros gobernantes lo tuvo en cuenta es asumir que nuestras vidas y nuestros derechos para ellos no tienen valor alguno y serán moneda de cambio si alguna vez pueden conseguir algún objetivo de mayor interés. En el país que queremos, las vidas y los derechos de los habitantes son el interés máximo e innegociable de sus gobernantes.

No queremos un país en que un día nos enteremos que el fiscal que debe investigar la causa aparece muerto en extrañas circunstancias horas antes de exponer frente a los legisladores que existía una conspiración para acordar con Irán la impunidad de los sospechosos y el levantamiento de las alertas de Interpol. Y que altas autoridades estaban involucradas.

No queremos un país donde, sin posibilidad de defenderse, se llenen los medios de comunicación de críticas a la tarea del fiscal e intimidades de su vida privada, denostando su memoria. Si efectivamente el fiscal no era un buen fiscal, debió ser removido por los cauces legales en el momento en que supieron que existía mal desempeño en sus funciones. No haberlo hecho implica negligencia si no se hizo o falsedad de las imputaciones.

No queremos un país en que los gobiernos desechen cualquier indicio. Las pistas deben ser profundizadas hasta las últimas instancias y en lugares donde estén. La causa debe ser llevada a su término con la condena de todos los responsables, sean estos quienes fueran.

La Justicia no dio las respuestas esperadas y aún sigue sin darlas. Desconocemos si un juicio en ausencia será la solución, pero mientras la Justicia esté ausente, este seguirá sin ser el país que queremos.

No queremos un país en que tengamos que reunirnos para reclamar justicia. Queremos un país en que, antes de cumplir 24 años del peor atentado terrorista sufrido en nuestro suelo, podamos recordar a las víctimas, honrando su vida y su memoria, su legado y su ausencia.”

 

 

*El autor es abogado y representante del Centro Simon Wiesenthal en América Latina.

 

 

Fuente:infobae.com