Los legisladores insisten en que su legislación contra el BDS no limita la libertad de expresión ni viola las protecciones de la Primera Enmienda
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “defender y preservar los derechos y libertades individuales garantizados a todas las personas en este país por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. (Wikipedia)
En una carta a los senadores que los insta a no respaldar la medida, ACLU dijo que “el proyecto de ley castigaría a las empresas y los individuos basándose únicamente en su punto de vista. Tal pena es una violación directa de la Primera Enmienda”.
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Un proyecto de ley anti-BDS con fuerte respaldo bipartidista no infringiría las protecciones de la Primera Enmienda, dijeron sus patrocinadores en una carta a la Unión Americana de Libertades Civiles, que se opone a la propuesta.
“No podemos afirmar esto rotundamente: el proyecto de ley no ‘castiga a personas estadounidenses basándose únicamente en las creencias políticas expresadas’”, dice la carta enviada el jueves por los senadores Ben Cardin, demócrata, y Rob Portman, republicano.
La medida ampliaría la legislación vigente que prohíbe los boicots impuestos por gobiernos extranjeros para incluir los impuestos por organizaciones internacionales.
Se trata de una respuesta al movimiento de boicot, desinversión y sanciones dirigido contra Israel, pero también incluye el boicot de productos de los asentamientos. Fue motivada específicamente por una decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de compilar una lista de productos de los asentamientos y una decisión de la Unión Europea de etiquetarlos como importados de los asentamientos y no de Israel.
“Nada en el proyecto de ley restringe la libre expresión constitucionalmente protegida ni limita las críticas a Israel y sus políticas“, dice la carta. “Por el contrario, está dirigida específicamente a la actividad comercial y se basa en la ley actual que ha sido ratificada constitucionalmente”.
Las compañías todavía podrían boicotear a Israel, dice la carta, y no enfrentarán repercusiones. Sin embargo, cooperar con el boicot de una organización internacional – por ejemplo, suministrando información al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los tratos de una empresa estadounidense con una empresa israelí que opera en los asentamientos – incurriría en sanciones.
Fuente: The Times of Israel – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudíoMéxico
