El Comité de Coordinación de las Organizaciones Judías de Bélgica (CCOJB) y el Centro Comunitario Laico Judío (CCLJ) condenan enérgicamente las declaraciones inaceptables del ministro de la Justicia Stefaan De Clerck sobre la necesidad de abrir un debate sobre la amnistía para con los colaboradores de los nazis durante la Segunda Guerra mundial: «Cuando llega el momento, se debe ser adulto y estar preparado para discutir. Puede que también para olvidar, porque eso pertenece al pasado. Esto es necesario para restablecer una sociedad».
Para la comunidad judía de Bélgica el ministro de Justicia ” busca claramente borrar los crímenes más odiosos cometido por los belgas durante la Segunda Guerra mundial, es imposible olvidar los crímenes de los cuales ella ha sido la víctima”
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Más de 30,000 judíos fueron deportados entre 1942 y 1944 vía Malines y Drancy hacia los centros de exterminación en Polonia. Más de 300 gitanos sufrieron la misma suerte.
“El olvido no puede ser encomiado en aras de la democracia. Nosotros no podemos olvidar que los colaboradores belgas han contribuido activamente, a menudo con celo, a la caza de hombres y mujeres, y de niños condenados por los Nazis a la deportación. Estos son los belgas nazis y fascistas no arrepentidos que el Ministro de Justicia (¿qué Justicia?) busca absolver a través del sesgo de la amnistía”.
“Con ese propósito, el ministro de Justicia hace filigranas para transformar a los criminales en «víctimas de la represión». Haciendo esto, no solo ofende a todas las víctimas del régimen de Hitler y sus colaboradores, sino que también asesta un golpe enorme al futuro de la democracia del país”.
Buscando borrar las huellas de ese pasado sombrío, una democracia digna de ese nombre se debilita y se muestra dispuesta a aceptar todas las tendencias racistas y xenófobas que se cometen hoy.
El CCOJB y el CCLJ condenan y condenarán siempre enérgicamente toda petición de olvido o de amnistía de los crímenes de la colaboración.
Ellos exhortan a Stefaan De Clercq a desdecirse de sus indignas declaraciones, efectuadas por un ministro de Justicia de un estado democrático miembro de una Europa democrática.
