ENRIC GONZÁLEZ/EL PAÍS

11 de enero 2012-Los proyectos reformistas del presidente sirio, en los que la oposición no tiene ninguna fe, incluyen la formación de un Gobierno de coalición “con representación de todas las fuerzas” y unas elecciones parlamentarias antes del verano. El Asad lleva casi 12 años, desde que heredó el poder de su padre, prometiendo la apertura del régimen. Las elecciones municipales celebradas en diciembre en un clima de gran violencia fueron un fiasco, con una participación bajísima y candidatos designados a dedo desde Damasco.

El jefe del Estado sirio pronunció en la Universidad de Damasco un discurso de dos horas, retransmitido en directo por televisión, en el que reiteró la tesis que mantiene desde que en marzo empezó la revuelta: la oposición a su régimen se articula en torno a bandas armadas financiadas por otros países de la región, en aparente referencia a Arabia Saudí, supuestamente aliada de forma encubierta con Israel y EE UU. “Nuestra prioridad ahora consiste en recuperar la seguridad de la que hemos disfrutado durante décadas”, proclamó, “y eso sólo puede conseguirse golpeando a los terroristas con puño de hierro”.

Asad considera que los demás países miembros de la Liga Árabe (de la que Siria permanece temporalmente excluida), y en especial las monarquías absolutistas del Golfo, carecen de autoridad moral para reclamar la liberalización de su régimen. “El primer Parlamento sirio se formó en 1917. ¿Dónde estaban ellos entonces?”, preguntó. “Son como un doctor que fuma y, con el cigarrillo en la boca, recomienda a su paciente que deje de fumar”.

Los 165 observadores enviados a Siria por la Liga Árabe, bajo la teórica protección del Gobierno de Damasco, empiezan a sufrir agresiones. El secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi, reveló ayer que algunos inspectores habían sido atacados por partidarios del régimen y por opositores, y atribuyó a Bachar el Asad la “completa responsabilidad” por esos incidentes.

La represión contra las manifestaciones de protesta, las acciones de bandas armadas favorables y contrarias al régimen, los atentados terroristas (tres en el último mes) y los asaltos protagonizados por el llamado Ejército de la Siria Libre, compuesto por desertores, han causado ya la muerte de al menos 5.000 civiles, según la ONU, y de unos 2.000 soldados y policías, según el Gobierno sirio. Asad admitió que la crisis cuesta “un alto precio” en vidas, pero culpó de ello a “conspiradores extranjeros”.

“Nadie ha ordenado a nadie que dispare sobre los ciudadanos, no existe ninguna cobertura legal para la violencia”, subrayó, pese a los abundantes testimonios que demuestran que las fuerzas de seguridad disparan contra las multitudes y usan artillería pesada contra zonas rebeldes. Asad considera que dispone aún del “respaldo del pueblo sirio”, algo aparentemente confirmado por un reciente sondeo del Instituto de Doha, según el cual el 55% de los sirios apoyan a su presidente, frente al 85% que desea su dimisión entre las poblaciones vecinas. “Cuando deje la presidencia lo haré por voluntad de mi pueblo, no porque lo exijan otros”, dijo.

Pese a las promesas de reformas y elecciones, el discurso pudo interpretarse como un reto a quienes consideran que no podrá resistir mucho tiempo más. Burhan Ghalioun, líder del Consejo Nacional Sirio, una de las principales plataformas opositoras en el exilio, comentó que suponía un rechazo frontal al plan de pacificación que acordó el 27 de diciembre con la Liga Árabe. El Asad se comprometió a acuartelar sus tropas, permitir las manifestaciones, liberar a los presos políticos, permitir la entrada de periodistas y abrir un diálogo con la oposición.