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JERUSALÉN- La decisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner a discusión y votación del Gobierno partes de un informe sobre la legalidad de la presencia israelí en Cisjordania desató ayer una fuerte polémica salpicada por el adelanto electoral.

Se trata del informe que elaboró la comisión encabezada por el ex juez del Tribunal Supremo Edmond Levy hace meses y en la que participó el jurista especializado en Derecho Internacional Allen Baker. Una de las conclusiones más categóricas fue que la presencia y el control israelí de Cisjordania no pueden ser considerados «ocupación». En dicho documento, Baker explicó que desde un punto de vista legal, se «ocupa» un territorio únicamente si éste era, en el momento de ser conquistado, territorio soberano de un Estado. Sin embargo, en junio de 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Cisjordania no se consideraba territorio soberano de Jordania, ya que el reino hachemí había ocupado a su vez esa zona en 1948 durante la Guerra de Independencia de Israel. Según Baker, se debe considerar como «tierras en disputa», pero jurídicamente no son «ocupadas».

En el Gobierno israelí hay ministros del ala más conservadora del Likud que estarían de acuerdo incluso en anexionar los territorios en base a la opinión jurídica.

Pero, al parecer, la intención de Netanyahu no es abordar ese tema sino únicamente las secciones «prácticas», en referencia a las recomendaciones hechas por la comisión sobre cómo manejar los asuntos de los israelíes residentes, concretamente en los asentamientos de Cisjordania. Se trata de aproximadamente 350.000 personas que de hecho tienen que manejar su vida diaria, por ejemplo en lo relacionado a la construcción, mediante permisos de la Administración civil, que se encarga también de coordinar  los asuntos de los civiles palestinos en Cisjordania. «La situación actual es muy difícil y no debe continuar», dijo a LA RAZÓN Yigal Dilmoni, «número dos» en el Consejo Yesha, el ente representativo de los asentamientos.
La oposición acusó a Netanyahu de hacer trucos peligrosos vinculados al adelanto electoral, para satisfacer al ala dura de su partido. Pero lo más simbólico fue la reacción del ministro de Defensa, Ehud Barak, que es parte de la coalición pero no del Likud sino jefe del partido Atzmaut, que advirtió de que la adopción del informe en cuestión será «un error fatal».