LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO
Dos sexenios de gestión gubernamental panista no dejaron una huella significativa en el proceso de transición democrática de México. Al inicio de la administración de Vicente Fox, después de más de siete décadas de que el país estuvo bajo el mando de regímenes autoritarios y corruptos del PRI, la población tenía una gran expectativa de cambio en el sistema político, no obstante, los gobiernos del PAN y previamente el del PRD en la ciudad de México, mantuvieron los esquemas gubernamentales caducos del PRI. Si bien realizaron cambios en las leyes, y en general, en el marco político, finalmente no cambiaron nada de fondo.
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Con Felipe Calderón concluyó un periodo de verborrea y demagogia de doce años. Al igual que en el pasado, los partidos políticos no tuvieron muchos incentivos para democratizar al país, dado que en la práctica, la demanda de la ciudadanía por fortalecer este proceso fue limitado; el sistema político no otorgó un peso adecuado a los ciudadanos y al pleno ejercicio de sus derechos.
La salida del PAN de los Pinos no resolverá automáticamente los problemas de democracia, ni en general, la compleja situación que vive el país, sobre todo, al tener presente la arraigada corrupción existente y al crimen organizado que merodea en el entorno.
El regreso del PRI al poder no cambia las condiciones existentes en el Congreso, éstas son las mismas que prevalecieron durante los dos sexenios previos; “la nueva realidad política es que México está repartido en tercios”.
De aquí que el ex presidente del Instituto Federal Electoral, José Wolderberg, proponga transitar hacia un régimen parlamentario, que facilite la conformación de coaliciones permanentes de gobierno y la construcción de mayorías para hacer prosperar las iniciativas que se presenten en el Congreso mediante los círculos institucionales.
La problemática que experimenta México no se agota en el ámbito político, la realidad económica es también compleja y culmina un ciclo que hay que renovar con una visión integral de largo plazo, en la que predominen conceptos básicos de competitividad, eficiencia, equidad en la participación de los actores en el mercado, bienestar social, respecto a los derechos de propiedad, rectoría del Estado con transparencia y rendición de cuentas, entre otros. Es indispensable tener presente que la estabilidad económica que ha prevalecido en el país, de la que hace gala la administración del Presidente Felipe Calderón, los sectores empresarial y académico, e incluso, instituciones financieras del exterior, ha sido insuficiente para superar la pobreza ancestral que ha padecido México, ni tampoco ha estimulado el crecimiento económico, el cual apenas ha promediado 2.0% los pasados doce años.
En este contexto, los analistas tienen la percepción de que las reformas estructurales, que durante más de dos décadas se pospusieron, podrían ser aprobadas con el nuevo gobierno, empero, se considera que serán insuficientes para reactivar de manera sostenida la actividad económica, sino no se implementa una modificación sustantiva del modelo económico, que como eje central propicie una cultura de innovación.
En este sentido, no se espera que la reforma laboral per se, vaya a generar más empleos; para que ello suceda, también es necesario crear incentivos a la inversión, seguridad, derechos de propiedad, desreglamentación, entre otros elementos; la experiencia de otras naciones en la materia indica que, en un entorno de limitado avance de la economía, las modificaciones a la legislación laboral, pueden favorecer, al menos en una primera etapa, despidos de la mano de obra y/o deterioro de sus percepciones.
Entre las múltiples preocupaciones sobre el futuro desempeño de la economía de México, nuevamente existe inquietud por el creciente endeudamiento del sector público, su avance en la administración de Felipe Calderón supera notoriamente al registrado en las dos décadas precedentes.
De acuerdo a la Secretaría de Hacienda la deuda neta del sector público (pasivos internos y externos del Gobierno Federal y de las Paraestatales) pasó de un saldo de un billón 985 mil 812 millones de pesos al final del 2000 a 5 billones, 103 mil 379 millones a agosto del 2012, significó un incremento de 157.43%.
El monto del servicio de la deuda pública deja un margen limitado de recursos para ser destinados a la inversión y al gasto social. Asimismo, la posibilidad de que el sistema de las pensiones se vuelva inviable en un futuro próximo; constituye un reto formidable para la salud de las finanzas públicas; tan sólo los pasivos de PEMEX ascienden a 800,000 millones de pesos.
La nueva Administración tendrá que “dar color” para superar rápida y eficientemente los problemas que agobian al país.
