EL PAÍS
24 de noviembre 2012.-El malestar generado en el Poder Judicial tras la última declaración constitucional del presidente egipcio, Mohamed Morsi, que le sitúa por encima de la ley al declarar todas sus decisiones “inapelables y definitivas” ha culminado este sábado con el anuncio de huelga por parte de los jueces de la ciudad de Alejandría. El anuncio llega minutos después de que el Consejo Supremo de Justicia de Egipto calificara de “agresión sin precedentes contra la independencia del Poder Judicial” la decisión de Morsi. En un comunicado difundido por la agencia oficial Mena tras una reunión de urgencia, este órgano judicial exhorta al mandatario a “apartarse con su declaración constitucional de todo lo que perjudique al Poder Judicial y sus prerrogativas”.
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Las protestas se le acumulan al rais y la policía ha recurrido al lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que protesta desde el viernes en la plaza Tahrir de El Cairo contra las nuevas medidas adoptadas por el presidente Morsi para reforzar sus poderes. Los manifestantes que permanecían en la mítica plaza han huido por las calles laterales al verse sorprendidos por los gases. Se prevé que en las calles las protestas contra el líder egipcio continuarán, entre otros motivos porque los partidos laicos han convocado para el martes una manifestación masiva de rechazo al decreto presidencial. Pero también saldrán, y el mismo día, los partidarios de Morsi. Los Hermanos Musulmanes, la organización matriz del partido de Morsi, han llamado a los suyos a manifestarse en apoyo a la medida adoptada por el mandatario.
Los opositores instalaron el viernes una treintena de tiendas de campaña en la plaza. “No nos iremos de Tahrir antes de que haya un proceso justo a los asesinos de los revolucionarios y hasta que Morsi no de marcha atrás en sus decisiones”, aseguró uno de los manifestantes, Mohamed al-Gamal a la agencia France Presse. “Egipto está entrando en una nueva revolución ya que nuestra intención no era reemplazar un dictador por otro”, añadió en alusión a la revuelta popular que desalojó del poder, después de 30 años, a Hosni Mubarak en febrero de 2011.
El decretazo de Morsi ha vuelto a tensar la inflamable escena política egipcia, alargando la fosa que separa islamistas y laicos. Egipto es hoy un país partido en dos. En varias localidades de la geografía egipcia hubo enfrentamientos violentos entre seguidores y detractores de Morsi. El viernes, en al menos tres ciudades, Alejandría, Port Said e Ismailiya, manifestantes airados incendiaron sedes de los Hermanos Musulmanes, el partido del presidente.
A primera hora de la tarde del viernes, el rais se dirigió a sus seguidores, y a toda la nación gracias a la cobertura de la televisión pública, desde una tarima en la que había una gran foto suya. La cofradía domina las herramientas del márketing político. “El antiguo régimen está pagando para que ataquen edificios gubernamentales y siembre el caos”, proclamó un desafiante Morsi, que aseguró aceptar la importancia del rol de la oposición “verdadera”.
“No me gusta ni quiero utilizar procedimientos excepcionales, pero si veo que mi país está en peligro lo haré, porque es mi deber”, añadió Morsi, justificando su decreto con argumentos como la búsqueda de la estabilidad y la purga de los elementos contrarrevolucionarios en el poder judicial. Morsi dice ser el guardián de la revolución que destronó a Mubarak, que aspira a asegurar la viabilidad política de la maltrecha transición egipcia. La profunda división del país, sostiene, podría terminar por paralizar por completo el salto a la plena democracia. Por eso, aclara, ha necesitado recurrir a la batería de medidas excepcionales que han incendiado el país. El principal blanco del decretazo de Morsi ha sido el sistema judicial, el mismo que disolvió el Parlamento que dominan los islamistas y que acumula jueces de la era Mubarak, aún fieles a la herencia del dictador.
Morsi poseía hasta el pasado jueves el control del poder Ejecutivo, el Legislativo, y de la Asamblea Constituyente. Después de relevar a la cúpula del ejército en agosto, la única institución hostil era el poder judicial. Por eso, con la nueva declaración constitucional, somete el poder judicial a su autoridad, minando el pilar central del débil Estado de Derecho del Egipto posrevolucionario. De acuerdo con el texto, ninguna de las decisiones, decretos o leyes aprobados por Morsi desde su investidura podrán ser revocados por otra institución del Estado, incluido el poder judicial. Ni siquiera Mubarak consiguió tal posición de preeminencia desde el punto de vista legal.
Además, el líder islamista blinda la Asamblea Constituyente y la Cámara alta, ambas amenazadas de disolución por sendas demandas que está estudiando el Tribunal Constitucional. La Asamblea se encuentra ante una grave crisis, tras la reciente retirada de los partidos laicos como protesta por el rodillo que aplica la mayoría islamista. La declaración constitucional amplía en dos meses el plazo para redactar la nueva Carta Magna, y que debía terminar a principios de diciembre.
En un guiño que no parece haber apaciguado los ánimos de los revolucionarios, el decreto ordena reabrir todos aquellos juicios sobre los asesinatos y abusos cometidos durante los 18 días de la revolución egipcia que resultaron en las absoluciones de los acusados. La medida incluso afectaría a Hosni Mubarak y su ex ministro de Interior, Habib el-Adly, los únicos cabezas de turco condenados hasta ahora por la represión de los manifestantes durante la revolución.
