LORENZO MEYER/REFORMA

PETRÓLEO Y PODER

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Desde que se inició la explotación comercial del petróleo en 1859, las disputas por el acceso a esa gran fuente de energía han sido espectaculares. Desde hace más de un siglo petróleo y política del poder son un binomio indisoluble y la experiencia mexicana lo demuestra. En el sexenio que se inicia ya están dados todos los elementos para una nueva lucha por el petróleo entre una derecha fuerte y agresiva y una izquierda dividida y minoritaria.

Es evidente que la anunciada “modernización” de Pemex será el motivo para que fuertes intereses económicos y políticos busquen aprovechar la coyuntura -el inicio de la segunda época del PRI- para modificar en su favor el marco jurídico que hasta ahora ha defendido -a medias- a la gran empresa paraestatal de las apetencias del capital privado interno y externo.

PACTO POR MÉXICO

Apenas regresó el PRI a “Los Pinos”, los representantes de los tres partidos que dominan la escena política suscribieron lo que llamaron “Pacto por México”. Se supone que ese documento firmado el 2 de diciembre es la hoja de ruta del gobierno que se inicia. Ahí se sostiene, entre otras cosas, que el Ejecutivo y la partidocracia se comprometen a llevar a cabo una “reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo”.

Para ello, buscan un Pemex que “atraiga” inversión y tecnología y se convierta en una “empresa de clase mundial”, competitiva en refinación, petroquímica y transporte. El documento de marras asegura que ese nuevo Pemex seguirá siendo una empresa estatal, pero la redacción del documento es lo suficientemente ambigua como para permitir que el capital y la tecnología que se buscan puedan provenir de fuentes privadas nacionales o extranjeras.

Según el “Pacto”, el objetivo futuro de Pemex es uno que no es enteramente compatible con el que se pretendió a raíz de la expropiación de 1938. En el documento firmado por los partidos y el Ejecutivo se ve a Pemex como una empresa exportadora más, regida por las demandas del mercado internacional de hidrocarburos para que maximice la renta petrolera en beneficio del Estado -que en la práctica es el gobierno de Enrique Peña- para que éste no tenga que buscar nuevos recursos fiscales en donde lo hacen la mayoría de los Estados: mediante impuestos a las grandes concentraciones privadas de riqueza. Se trata, en suma, de hacer que nuestro recurso natural no renovable más importante siga sirviendo para financiar una buena parte del gasto del gobierno -hoy representa el 33.6% de los ingresos públicos- a fin de evitar que Hacienda tenga que llevar a cabo una auténtica reforma fiscal.

LAS ETAPAS DE NUESTRA HISTORIA PETROLERA

En la primera época del desarrollo de la industria petrolera mexicana no hubo batalla: el gobierno de Porfirio Díaz cedió de buen grado lo derechos del Estado sobre los hidrocarburos para alentar al capital externo a explotarlos. La Revolución Mexicana buscó recuperar esos derechos (artículo 27 de la Constitución de 1917) para obtener recursos fiscales de una riqueza que se iba sin dejarle mayores beneficios. Esa gran batalla iniciada por Francisco I. Madero culminó en 1938 con la expropiación y nacionalización del petróleo y de su industria. Hacer viable esa decisión no fue fácil; el gobierno de Miguel Alemán dio un paso atrás y mediante contratos-riesgo con empresas norteamericanas buscó entonces lo que hoy se busca de nuevo: capital y tecnología para exploración y producción. Sin embargo, la fuerza que aún le quedaba al cardenismo impidió que Alemán fuera muy lejos por ese camino y, al iniciarse la segunda mitad del siglo pasado, Pemex parecía consolidarse como gran empresa pública sin necesidad de recurrir al exterior en busca de mercados, capital o tecnología. Pemex tuvo entonces un crecimiento sostenido basado en el mercado mexicano, desarrolló sus cuadros técnicos, apoyó al fisco y al proceso de industrialización.

La “edad de oro” de Pemex terminó cuando el gobierno de José López Portillo decidió “salvar” un modelo económico y un sistema político en problemas, y para ello volvió a convertir a México en un país exportador de crudo y usó al petróleo como garantía para endeudar al país.

EL DESASTRE

Con datos provenientes de las “memorias de labores” de Pemex y de discursos de sus directores, personas conocedoras de esa industria han elaborado indicadores que muestran los problemas que han impedido a Pemex ser hoy lo que en una época fue: una “empresa de clase mundial” que no recurría a la inversión privada. En 1976 Pemex pagaba como impuesto el 12% de sus ingresos -proporción razonable- pero en la nueva etapa, la que se inició en 1982, la proporción aumentó al 62%, y en el 2000 al 68% para quedar en 54% en 2009. ¿Qué sería de Telmex, Cemex, Bimbo o Televisa, por ejemplo, si el 68% de sus ingresos se los apropiara el Estado, como lo hace con Pemex? Con esa extracción absurda de recursos, ¿a quién extraña que las reservas totales de petróleo de Pemex pasaran de 72 mil millones de barriles en 1982 a sólo 43 mil millones en 2011?

El sindicato de Pemex (SNTPRM) fue fundamental para el éxito de la expropiación pero con el tiempo se convirtió en una fuerza política indispensable para el PRI y luego para el PAN y, sobre todo, en un problema para la administración y economía de la empresa (redundancias, sueldos y prestaciones superiores a lo normal, corrupción). En 1976 había 110 mil plazas de trabajo en Pemex pero en 2009 ya eran 153 mil. Por otro lado, en 1982 el personal directivo de primer y segundo nivel de la empresa lo conformaban apenas siete individuos, pero durante el gobierno de Ernesto Zedillo hubo un gran salto en cuadros directivos y para 2009 ya eran 87, es decir, ese tipo de personal había aumentado 1,200% no obstante que la producción de crudo no se había elevado y la de petroquímicos había disminuido.

Para explicar a fondo el deterioro de Pemex desde que la empresa se transformó en gran exportadora, hay que añadir a los indicadores cuantitativos los cualitativos y que son varios, entre ellos: sobreexplotación del gran yacimiento de Cantarell, descuido de la exploración, mucha participación de empresas externas de consultoría para decisiones que debían y podían tomarse en Pemex mismo, contratación innecesaria de empresas externas para operaciones y mantenimiento y subutilización del personal propio, endeudamiento excesivo, subdivisión contraproducente en subsidiarias (se perdieron los objetivos comunes y se aumentó el personal), etcétera.

PEMEX Y SU SUBORDINACIÓN A LA SHCP Y A SFP

La corrupción ha sido congénita a Pemex, pero el subordinar las operaciones de la empresa a la normatividad de la Secretaría de la Función Pública aumentó el papeleo y el burocratismo sin haber puesto fin a las transacciones -adquisiciones, contratos- que benefician más a quienes las promueven que a la empresa. Sin embargo, la subordinación más seria de Pemex es la que tiene con respecto a la Secretaría de Hacienda, que a partir de los 1980 convirtió a la empresa petrolera en la gran proveedora de impuestos que es hoy pero a costa de reducir su capacidad para reinvertir y desarrollarse.

RAZÓN DE SER

Pemex no nació para facilitarle la tarea a la SHCP sino para algo de mayor envergadura. En 1938, y tras una lucha de más de un cuarto de siglo con poderosas empresas extranjeras, la industria petrolera mexicana -y esto es lo que la distingue del resto de sus contrapartes- se propuso ser la nave insignia de la voluntad y la capacidad de México como sociedad y como nación para asumir por sí y ante sí el desarrollo de su recurso natural más importante y de su sector industrial más moderno. Pemex nació netamente público para mostrar al resto del mundo la voluntad y capacidad de México para superar su herencia colonial y lograr ser efectivamente soberano. El actual “Pacto por México” debería asumir y partir de ese factor histórico al proponer la “modernización” de Pemex. El futuro de la industria debería ser congruente con su pasado, con su razón original de ser.