EZRA SHABOT/CONTRACORRIENTE
Una vez concluido el proceso electoral del año pasado, la toma de posesión de Peña Nieto, la aprobación de reformas como la laboral y la educativa entre otras, llega el momento clave de la negociación política profunda destinada a lograr un acuerdo encaminado a transformar de raíz la estructura económica del país a través de una reforma hacendaria que rompa paradigmas impuestos durante décadas, y anule privilegios que únicamente obstaculizan el desarrollo nacional y lo sitúan en un estado de movimiento inercial insuficiente para aprovechar las oportunidades que se presentan en el plano internacional.
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A pesar de los riesgos que aun existen en la economía norteamericana, es posible pronosticar una larga etapa de crecimiento sostenido en el poderoso vecino del norte, y el posicionamiento de México como un espacio estable y rentable, con mejor perspectiva que Brasil, Rusia o la India. Esta combinación de variables exteriores favorables y condiciones macroeconómicas internas en equilibrio requiere de otros dos elementos más para que la ecuación termine por cerrarse. Por una lado la autosuficiencia fiscal sin depender del precio del petróleo; y por el otro la existencia de un Estado de derecho efectivo que en la práctica cotidiana deje de ser una red de corruptelas y burocratismos que hoy impiden la realización de los proyectos puestos en el papel.
Se trata de pagar más impuestos, y que los que gasten más paguen más a través de la desmitificación del IVA como un gravamen que supuestamente afecta a los más pobres, para convertirlo en una palanca de generación de ingresos para un Estado que requiere de esos recursos para infraestructura e impulso a proyectos que a su vez produzcan empleos cada vez mejor remunerados como el mejor instrumento para combatir la pobreza. Los subsidios y las exenciones fiscales generalizadas únicamente favorecen a sectores con altos ingresos en detrimento del erario.
Por supuesto que, al pagar más impuestos, el contribuyente demanda mejores servicios públicos en todo sentido. Es por ello indispensable establecer un nuevo esquema de coordinación fiscal federal, que por un lado obligue a los estados a recaudar impuestos y por otro lado permita verificar con claridad el manejo de todos los recursos públicos que los gobernadores utilicen. Las recientes modificaciones legales tienen esa orientación, aunque hay muchas dudas sobre su capacidad de instrumentación política a la hora de la verdad.
Tanto en el PRI como en la izquierda en su conjunto hay un rechazo a la aplicación de un IVA generalizado con una pequeña canasta básica con productos exentos de este impuesto. Su demanda insiste en aumentar el Impuesto Sobre la Renta o el IETU a los que obtengan ingresos mayores, apoyando la anulación de privilegios fiscales para grandes contribuyentes. Es aquí donde la negociación política para encontrar un acuerdo que pudiese equilibrar posiciones resulta imprescindible.
Lo importante es garantizar mayores ingresos al gobierno, máxima transparencia en el ejercicio del gasto, con participación de los estados en el proceso recaudatorio, y por supuesto un sistema jurídico eficiente y razonablemente honesto, para garantizar la aplicación de la ley y la resolución de diferencias a través de instancias reconocidas y aceptadas por las partes. El tema de las pensiones y de la reducción de las ganancias petroleras obliga al gobierno a hacerse de recursos en forma inmediata. Puede seguir parchando el presupuesto y con ello mantener crecimientos insuficientes del 3 o 4% hasta que el favorable escenario exterior cambie a terreno negativo y entonces se vea obligado a tomar medidas de emergencia más dolorosas que las que hoy se pueden aprobar.
Blindar el presupuesto del gobierno federal y romper el viejo e ineficiente esquema fiscal puede hacer de México un país radicalmente diferente en los próximos tres o cuatro años. Llegó la hora de decidir.
