RICARDO GIL LAVEDRA
La Cámara de Diputados acaba de convertir en ley, por “vía rápida” y mediante la imposición irregular de la mayoría oficialista, el memorándum de entendimiento firmado por el canciller Héctor Timerman y su par iraní en enero pasado, en relación al salvaje atentado cometido contra la sede de la AMIA en Buenos Aires el 14 de julio de 1994, que costó la vida a 85 personas, hirió a cientos y enlutó para siempre a toda la sociedad argentina.
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Las razones por las cuales rechazamos la aprobación de este memorándum, que creemos nos aleja irresponsablemente del camino hacia el esclarecimiento del atentado, son esencialmente tres:
En primer término, el acuerdo no brindará ni verdad ni justicia.
El memorándum es inaceptablemente vago, dejando libradas a la interpretación de quienes rechazaron durante 19 años cualquier tipo de cooperación con nuestro país cláusulas sustanciales de ejecución. Asimismo, el documento sólo contempla la realización de un “cuestionario” a los acusados iraníes en su propio país, sin que conste que se podrá aplicar el código penal argentino. Aún peor, los dos máximos acusados de haber planeado el atentado (el ex ministro de Relaciones Exteriores y el ex presidente de Irán al momento del ataque) no serán molestados, porque no fueron incluidos en el acuerdo. También peligra la vigencia de las notificaciones rojas emitidas por Interpol para solicitar la captura de los acusados. Cabe aclarar además que ni siquiera se menciona en el acuerdo la posibilidad de que los acusados puedan ser encarcelados y extraditados a la Argentina, por lo que Irán podrá continuar negándose a entregarlos pase lo que pase en esta audiencia en Teherán.
En segundo lugar, este pacto divide a la sociedad argentina.
Mediante la firma de este acuerdo, el gobierno argentino ha roto con un consenso unánime que existía en la sociedad acerca de la causa AMIA. Desde que el entonces presidente Néstor Kirchner denunció ante las Naciones Unidas en 2007 la obstrucción de Irán a la investigación, exigiendo la entrega de los acusados, el reclamo de justicia nos tuvo a todos del mismo lado, respetando el consenso básico que una cuestión de esta gravedad debe tener en una democracia. Hoy, con este acuerdo inexplicable, el gobierno argentino parece alinearse con el régimen acusado de haber perpetrado este atentado, a pesar de la cerrada oposición de las fuerzas parlamentarias, la AMIA, la DAIA y una parte importante de los familiares de las víctimas.
Finalmente, el documento obedece a la estrategia diplomática iraní.
La mal llamada Comisión de la Verdad creada por el memorándum será integrada por la Argentina e Irán por partes iguales. No hay antecedentes internacionales que muestren a un país atacado ofreciendo al presunto país agresor participación equitativa en la investigación de los hechos. Esta comisión revisará toda la documentación que la justicia argentina acumuló a lo largo de estos años y luego emitirá un informe que, según el texto del acuerdo, debe ser tenido en cuenta por ambos gobiernos. Existen documentos diplomáticos que prueban que, desde por lo menos 2007, el gobierno iraní ha pedido a la Argentina la creación de una comisión de esta naturaleza, con el declarado objetivo de instalar la idea de que el brutal asesinato cometido en la AMIA fue organizado por el Estado de Israel, y de que la justicia argentina culpó a Irán debido al “lobby sionista”. No sorprenden estas manifestaciones de un régimen que niega el Holocausto y reclama la eliminación de Israel, pero sí nos indigna que el gobierno argentino parezca darles cabida.
El asesinato de 85 argentinos esa mañana de julio de 1994 es una herida abierta que no cerrará jamás hasta que los perpetradores sean enjuiciados y condenados, y las víctimas encuentren justicia. Este memorándum nos aleja tal vez irreparablemente de ese objetivo y nos somete a la estrategia de un régimen antisemita, misógino y violador de los Derechos Humanos.
El gobierno nacional comprende la significancia que encapsulan la lucha por la verdad, justicia y memoria para nuestra democracia y la sociedad argentina; ha hecho bandera de esto durante sus últimas tres gestiones. Sin vacilaciones, es absolutamente incompatible esta lucha con el memorándum que brutalmente han hecho aprobar en el Congreso. La aspiración de justicia es un valor innegociable, por lo que consideramos que era nuestro deber ante la sociedad argentina entera, y en particular ante la memoria de las víctimas, rechazar este acuerdo.
Fuente: lanacion.com
