Barack Obama se vino de San Petesburgo con una declaración de diez países, entre ellos España, que apoyan una intervención militar de Estados Unidos en Siria como castigo por el uso de armas químicas, aún sin la autorización de la ONU. Los firmantes consideran que, una vez agotados los esfuerzos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “el mundo no puede esperar indefinidamente por un proceso fallido que solo puede conducir a aumentar el sufrimiento en Siria y la inestabilidad regional”.
El documento conjunto, que fue distribuido por la Casa Blanca, está respaldado, además de España, por Francia, el Reino Unido, Italia, Turquía, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia. Solo un par de ellos, Francia y Turquía, participaría de forma activa en la campaña militar. El Gobierno británico, que está dispuesto a hacerlo, no obtuvo autorización de su Parlamento. El resto son, en su mayor parte, potencias regionales cuyo principal valor es el respaldo político que su presencia en esta lista constituye para el presidente norteamericano. Entre los firmantes están todos los miembros del G-8, con excepción de Alemania y, por supuesto, de Rusia, aliado del régimen sirio y líder del frente de rechazo a la guerra.
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Ese grupo de países entiende que el uso de armas químicas en Siria constituye un peligro para “la seguridad de la población de cualquier lugar” e incrementa el riesgo de “un uso continuado y la proliferación de ese tipo de armamento”. Por esa razón, han decidido “apoyar las medidas tomadas por EE UU y otros países para hacer cumplir la prohibición del uso de armas químicas”.
Este bloque de naciones comparte el criterio de que la solución final de la crisis de Siria ha de ser política, y pide a la ONU que acelere la presentación de su informe sobre el uso de armas químicas para que “el Consejo de Seguridad actúe acorde” con los resultados. Pero entiende que es necesaria “una fuerte respuesta internacional a esta grave violación de las normas y la conciencia del mundo, con el fin de enviar un mensaje de que esta clase de atrocidades no se pueden repetir jamás y de que aquellos que las perpetraron deben de responder por ello”.
Con esta declaración, la posición de Obama en el ámbito internacional ha mejorado ligeramente. Ese conjunto de países no es representación de la comunidad internacional ni, por supuesto, tiene autoridad legal para dar vía libre a una intervención militar, pero el paso dado supone un balón de oxígeno para el presidente en un momento en que lo necesitaba desesperadamente.
Obama admitió este viernes en una rueda de prensa al término de la cumbre del G-20, que el fue elegido “para acabar guerras, no para empezarlas”, pero insistió en la necesidad de actuar en Siria ante la evidencia, según él incontestable, de que Bachar el Asad había utilizado armas químicas. “Son 1.400 personas gaseadas en Siria, más de 400 de ellos niños; eso son hechos, no los hemos inventado nosotros, no son excusas para una guerra”, manifestó el presidente.
Ni esas palabras ni su relativo éxito internacional le garantizan el apoyo que más precisa ahora: el del Congreso y el pueblo de EE UU. Con ese objetivo, Obama ha anunciado que se dirigirá a la nación el próximo martes en un discurso televisado. Será su último esfuerzo para conseguir un mayor consenso nacional antes de dar la orden de ataque.
Aunque se va produciendo una evolución favorable para la Casa Blanca, todavía solo un 42% de los norteamericanos comparte las razones de Obama para atacar Siria, según la encuesta de este viernes de la cadena NBC. La mayoría del país sigue sin encontrar motivos suficientes para volver a involucrarse en una operación militar en Oriente Próximo, de donde, tras la experiencia de Irak y Afganistán, confiaban en estar lejos durante mucho tiempo.
Ese estado de opinión es bipartidista, pero se refleja de forma más rotunda entre los republicanos en el Congreso. El senador John McCain, uno de los pocos que respalda la intervención, aunque la cree muy limitada, fue duramente criticado el jueves en una reunión por un público muy reacio a lo que entiende que es inmiscuirse en un conflicto civil en el que EE UU no se juega nada. El senador Jeff Sessions, que todavía no ha anunciado su voto, trató de dar explicaciones a miembros del Tea Party que consideran que el ataque del 21 de agosto fue ejecutado por Al Qaeda con pesticidas para provocar la implicación de EE UU en la guerra.
Casi un centenar de republicanos miembros de la Cámara de Representantes y 14 senadores de ese partido han anunciado ya su voto en contra de los planes militares de Obama. También algunos demócratas -25 en la Cámara y 5 en el Senado- se oponen. Con ese panorama, es muy dudoso que el Gobierno pudiera obtener hoy la aprobación solicitada al Congreso.
Eso dejaría a Obama ante la terrible disyuntiva de elegir entre atacar en contra de la opinión del Congreso o comerse todas las palabras pronunciadas hasta la fecha sobre el peligro que representa el uso de armas químicas. Este no es un sistema parlamentario y, por tanto, el presidente dispone de poderes que le permitirían ordenar un ataque bajo su responsabilidad, aunque existe un debate constitucional al respecto. Pero eso, indudablemente, sería un órdago de proporciones monumentales. Preguntado en San Petesburgo sobre si lo haría, Obama evitó dar una respuesta clara. Tampoco otros miembros de la Administración han sido precisos al respecto, lo que, a su vez, complica la votación en el Congreso porque algunos de sus miembros entienden que su opinión no será tenida finalmente en cuenta.
Fuente: El País
