SARA SEFCHOVICH
Ahora que han salido a la luz entrevistas con algunas de las personas que salieron del albergue de Mamá Rosa en Zamora, más sorprende e indigna lo que sucede en México: resulta que el DIF, la institución que fue la estrella de la asistencia social en México durante la segunda mitad del siglo XX, con la misión de proteger a los niños, simplemente no funciona. Y peor todavía: hace daño.
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Nuestros funcionarios creen que no nos damos cuenta. Entonces hacen ruido, eventos y discursos, salen en la televisión para anunciar propuestas que todos los invitados aplauden, pero en los hechos no cumplen con su mandato.
Porque en nuestro país se decidió que el Estado tiene obligación de ayudar a los vulnerables, lo sean por su edad o por otra condición como orfandad o pobreza. Y se decidió también que si algún grupo de particulares quería participar de eso, (después de todo, la cultura católica es insistente en la obligación de hacer caridad), sería siempre supervisado por el gobierno para asegurarse de que lo hiciera adecuadamente.
Y sin embargo, en años recientes hemos visto que ha sido totalmente al contrario, no solamente no cumplen con lo que a ellos toca, sino que tampoco supervisan el trabajo de los particulares y los dejan hacer lo que les viene en gana. Y por si esto no bastara, se apoyan en ellos: nos enteramos que al menos en el caso de Mamá Rosa, el DIF les mandó niños a los que “no podía” (¡¡!!) atender.
¿Y qué hacen los que deberían vigilar el cumplimiento de las obligaciones institucionales?
Veamos: a cinco años del incendio en la guardería ABC, la comisión de derechos de la niñez de la Cámara de Diputados decidió instalar un grupo de trabajo para “dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso”. Apenas iban a empezar a pedir documentos, llamar a audiencia a titulares de la PGR y el IMSS y a padres de familia para “conocer el estado de las averiguaciones y procesos”. Eso sí, por discursos no paramos, y lo hacen asegurando que van a exigir castigo para los responsables y a “reafirmar su apoyo a las víctimas y a sus familiares”.
Esto viene a cuento por lo siguiente: existe una Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que junto con la Unicef y un grupo de juristas expertas, elaboró una propuesta de ley para dar protección “real, plena e integral” a la infancia, hecha de acuerdo a los parámetros internacionales, misma que han entregado al Senado.
Pero sucede que el equipo del presidente Peña Nieto ha preparado también una propuesta, de esas que sirven para el aplauso pero que según quienes la han podido conocer, deja bastante que desear y que sin embargo, si nos atenemos a lo que ha sucedido con otras propuestas del ejecutivo, es muy probable que sea la que acepten.
Y eso sería grave, pues en la propuesta ciudadana no se trata de hacer solamente una ley, sino de la construcción de un sistema integral de protección a la infancia, con las instituciones adecuadas.
Quienes me siguen en mis artículos saben de la poca fe que tengo en que en nuestro país las leyes y las instituciones sirvan de gran cosa, porque aunque existan en el papel y en el discurso, no se llevan a la práctica y sólo sirven para alimentar a catervas de burócratas, asesores y otros bichos similares. Y también saben de mi desacuerdo con la moda de oponerse al asistencialismo, porque como he dicho, aunque el ideal son las políticas públicas adecuadas, en un país como el nuestro con tantas necesidades y carencias, no me parece que ya podamos darnos el lujo de descartarlo.
Sin embargo, apoyo la propuesta de la Redim no sólo porque está muy bien pensada, a diferencia de lo que ahora tenemos, sino porque si esas leyes e instituciones existen, por lo menos tendremos algo los ciudadanos con lo cual exigir su cumplimiento, lo que ni siquiera podemos hacer ahora, como están las cosas.
www.sarasefchovich.com [email protected]
Escritora e investigadora en la UNAM
Fuente:eluniversalmas.com.mx
