LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
En varias ocasiones hemos comentado en este espacio que el Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) es un hábil político que logró la aprobación de reformas estructurales y sus leyes secundarias que pueden ser fundamentales, si son adecuadamente instrumentadas, para mejorar la productividad de la economía en su conjunto y el bienestar de la población en el mediano plazo; EPN llevó a cabo un esfuerzo loable que no lograron, por lo menos tres de sus predecesores que presentaron iniciativas similares sobre el cambio estructural. Sin embargo, su imagen se ha desplomado frente a la ciudadanía y el mundo exterior, en la medida en que la violencia en el país se ha incrementado, la pobreza continua al alza y la inseguridad muestra ascenso; por lo demás, la actividad económica no acaba de arrancar.
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En este contexto, el optimista discurso oficialista percibe una realidad diferente, que contradice la reciente encuesta del periódico Reforma (y la de muchos mexicanos) en la que se apunta que 5.8 de cada 10 ciudadanos reprueban a su gobierno y 4.9 de los líderes empresariales no avalan su gestión: “a casi dos años de gobierno, la desconfianza es el sello de la administración de EPN”. Igualmente, The New York Times considera que su nivel de aprobación bajó a 37.0%; el presidente con más bajo nivel de las últimas cuatro administraciones. Por otra parte, no obstante que la Secretaría de Gobernación ha señalado que la violencia ha declinado en la República, en el tiempo que EPN ha ejercido la presidencia se han registrado más de 55,000 asesinatos. El Financial Times “ha puesto en duda la viabilidad de la economía de México”; también The Economist hizo comentarios negativos sobre la política económica aplicada, particularmente en torno a la reforma fiscal sobre la que menciona que, como siempre, se sacrifica a las clases medias y bajas con más impuestos. Contra lo previsto, las recientes modificaciones fiscales han provocado lentitud del crecimiento de la actividad económica porque se ha desalentado, entre otras causas, la inversión productiva en virtud de la eliminación de la posibilidad de deducir las inversiones en forma inmediata, que afectan particularmente al sector de la construcción que tiene una amplia repercusión en varias ramas industriales. Los cambios fiscales también inciden negativamente en el crecimiento económico, al haber quitado deducciones relacionadas con las prestaciones de los trabajadores y empleados, quienes deben pagar mayores impuestos sobre la renta.
En el ámbito de las reformas estructurales, diversos analistas cuestionan la de telecomunicaciones, porque mantiene intocable “al duopolio televisivo” y consideran que la reforma energética ha creado incertidumbre por la manera que se contempla que sería manejada y, sobre todo, por quienes serán los que controlarán y se beneficiarán del petróleo. Asimismo, en la intención de reanimar a la economía se ha alentado el déficit presupuestal que ha alcanzado el mayor saldo negativo desde 1988; tan solo en los primeros ocho meses de este año sumó 366 mil millones de pesos, 152% más que en igual periodo del 2013; la inercia que está mostrando el desequilibrio fiscal puede generar una situación “potencialmente explosiva”, que será difícil de frenar a la luz de la expectativa del alza de las tasas de interés internacionales y locales ante la conclusión del programa de liquidez que aplicó EUA, por la crisis del 2008, para reanimar a su propia economía, que muestra indicadores de consolidación de su avance; este hecho, junto con la declinación de las cotizaciones internacionales del crudo, alrededor de 16.0% en lo que va del año, encarecerán el costo financiero de la deuda del gobierno, que seguramente incidirá en la ampliación de su déficit presupuestal. Los legisladores, a través de la “contabilidad creativa”, decidieron frenar un mayor adelanto del desequilibrio este año bajando en el presupuesto del 2015 la cotización estimada del precio del barril de petróleo y aumentando la paridad monetaria (para que el gobierno recaude más ingresos en pesos). Los ingresos que recibe el gobierno del petróleo representan alrededor del 30.0% del total, se ven amenazados no solo en el 2015 por la baja del precio internacional del crudo y por la contracción de la producción nacional del mismo, que según Pemex sumó 2.41 millones de barriles diarios en agosto pasado que “representa su menor volumen desde que se tiene registro para igual periodo, en el 2000”; igualmente, la plataforma de exportación de Pemex fue de 1.11 millones de barriles en el mismo mes, también su menor nivel para un lapso similar; así, “la aportación de Pemex a las reservas internacionales del Banco de México en el 2014 acumuló una caída de 17.0% en lo que va del año, respecto al mismo periodo del 2013.
El retroceso del precio del crudo a nivel mundial es motivado principalmente por una sobreoferta del mismo frente a una baja de la demanda; el exceso en los mercados está ligado al elevado nivel histórico de la producción en EUA, que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, fue de 8.95 millones de barriles diarios, su nivel más alto en casi tres décadas. EUA ha acrecentado sustancialmente su producción de petróleo vía la del Shell gas. La menor compra de EUA a México, ha descendido casi a la mitad en la última década y podría reducirse aún más en el futuro próximo, lo que afectará negativamente las finanzas del gobierno y quizá habrá repercusiones en los proyectos energéticos que han surgido a la luz de las reformas energéticas, especialmente en los de mayores costos.
El entorno de la economía mexicana se vislumbra complejo y podría agravarse más al considerar los acontecimientos de Tlataya en el Estado de México, donde se registraron ejecuciones sumarias de delincuentes por parte del Ejército en junio pasado, y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, que seguramente ya están muertos. En el primer caso, aunque se trata de delincuentes, nada justifica su ejecución; y en el segundo, no obstante que los normalistas han tenido actitudes vandálicas alentadas por intereses vinculados a partidos políticos o la guerrilla y han atentado contra instalaciones públicas y activos privados, tampoco es aceptable que no se respeten los Derechos Humanos de esos grupos estudiantiles.
La violencia que se observa en el país y la inadecuada respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales, así como la de las Fuerzas Armadas y la de las policías han alterado la paz social en el territorio nacional, al grado de que ya se habla de la existencia de un Estado Fallido.
