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SAMUEL SCHMIDT PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO

Largo ha sido el camino de la iniciativa anticorrupción de Peña Nieto y no termina por llegar a buen puerto, ¿les interesará que llegue o es simplemente un truco mediático más?  

Se nos dice que hay discrepancias importantes entre el alcance que le quieren dar las oposiciones (PAN y PRD) y la versión descafeinada que quiere generar el PRI. La diferencia puede ser fundamental, de generarse una iniciativa sin dientes como al parecer quiere el PRI, habremos logrado una vez más haber hecho una gran reforma para que no cambie nada, en cambio, si tenemos una iniciativa de gran alcance, se podrá poner una de las piedras fundamentales para empezar a limpiar uno de los grandes males de México, la corrupción nos tiene anclados.

Al contrario de la lentitud de la iniciativa anticorrupción, la trayectoria y velocidad de la corrupción en México ha sido acelerada; según el nuevo dirigente de Transparencia Internacional, este mal en América Latina es de carácter estructural y tiene razón, lo estructural es aquello que sostiene al sistema, y en México la corrupción es un cemento que consolida las relaciones políticas y le comunica a la sociedad que es un medio válido de movilidad social. La sociedad ha terminado por aceptar el cinismo político y aprovecha cualquier oportunidad para abusar, ya sea que robe, o que extorsione con alguna autoridad. Cada día la corrupción es más y mayor.

Estando en el pleno de la Cámara de Diputados me tocó escuchar a un diputado decir: “Queremos pedir que regrese Raúl Salinas de Gortari, él cobraba el 10%, ahora cobran el 30%.

Esa era una denuncia muy poderosa, expuesta en la máxima tribuna del país y sin embargo no sucedió nada. Los diputados que prestaban atención ni siquiera levantaron las cejas, a los periodistas no les llamó la atención que en la tribuna más importante del país se hiciera una denuncia de este tipo; cuando debió habernos escandalizado el que se esgrimiera sobre los elevados niveles que ha llegado la ambición de políticos y funcionarios públicos y el que la sociedad esté dispuesta a pagar.

México se encuentra en el lugar 107 de 157 en el listado de corrupción de Transparencia Internacional, y esto es posible porque es un mal social y político generalizado. A la sociedad le es más cómodo corromper a la administración y a la política que seguir las reglas. Un empresario comentaba que para entregar mercancía en PEMEX hay que pagarle al encargado de la puerta, y a los proveedores les dan a escoger entre el pago normal o el acelerado, con su compensación correspondiente, por supuesto.

En México ya se ha hecho común que sea más fácil tener un billete listo que respetar las leyes y es por eso que el país tiene una cultura legal deficiente. Cuando un diputado denuncia que le ofrecieron dinero a cambio de su voto, cuando la policía entrega jóvenes para que los criminales los desaparezcan, cuando un juez vende sus sentencias, cuando hay policías de caminos que duermen en la patrulla mientras los camioneros tienen que detenerse para depositar su cuota por la ventana, el país puede estremecerse porque ya no hay ley que valga. No se trata de que un policía pida unos pesos por no levantar una infracción tal vez no cometida, se trata de que lo más profundo de la convivencia social se ha distorsionado por unos pesos. Así, no debe sorprender que en una escuela privada un estudiante de secundaria le haya ofrecido a su maestra comprar una calificación aprobatoria, seguramente escuchó en casa que todo tiene precio.

Solamente hay que saber comprar; “en política lo que tiene precio es barato”, frase que debe horrorizarnos en lugar de concitar admiración. Y al político que dijo que un político pobre es un pobre político, habría que ponerlo en el basurero de la historia como autor de una ignominia, pero el sistema los eleva, igual que hizo con aquel que dijo que “no hay general que se resista a las caricias del tesorero general de la federación”.

El monto de la corrupción es monumental, según el PAN representa el 9 por ciento del PIB, equivalente a 1.5 billones de pesos anuales, los hogares destinan 32 mil millones de pesos al pago de sobornos para realizar trámites y los hogares pobres destinan el 25% de sus ingresos para ese fin, pero su carga principal es una distorsión fundamental de las reglas que unifican a la sociedad y legitiman a su gobierno y sin éstas, no hay democracia.