LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
Honrar a los seres queridos fallecidos.
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El domingo pasado fui al panteón israelita, visité, entre otras tumbas, la de mi primera esposa, Sari, que cumplió 41 años de fallecida; el martes anterior también se cumplieron dos años de la muerte de su hermana Dori, enterrada en Israel, en donde vivió por casi 50 años. Es curioso como con el paso del tiempo las imágenes de los seres queridos que desaparecen se van desvaneciendo y algunos de los vínculos que establecimos con ellos se hacen confusos; sin embargo, permanecen en nuestra memoria y en nuestro corazón.
Las letras de la tumba de mi hermano mayor, fallecido hace casi 20 años, estaban retocadas y mejoraron la apariencia de la misma. Es curioso que su hijo, que vive en México, los otros dos en Israel, solo repintó la de su padre y se olvidó de las tumbas contiguas de sus abuelos (mis padres) y su tía (mi hermana), tampoco en 20 años se preocupó por pagar el mantenimiento de la tumba de su padre y de sus otros familiares. Sin afán de presunción, lo he hecho yo, y lo menciono porque duele la indiferencia de mis sobrinos, y la de otros familiares, para velar por el cuidado de las tumbas.
Es interesante hacer notar que la señora de 80 años que vive en el panteón y da mantenimiento a las tumbas, básicamente limpieza y regado de jardineras, conoce parte de la vida de los difuntos y de sus familiares vivos; así, estaba platicando con la amable señora, cuando una familia, con rasgos no judíos, entró a depositar flores en la tumba de un familiar y a decir una oración en su memoria; la señora me comentó: son mexicanos, el padre y/o abuelo llegó a Veracruz hace muchos años y allí se quedó y se casó con una mujer de ese Puerto; lo curioso de este comentario es que la señora identifica, sin prejuicios, a los judíos de los mexicanos, cuando legalmente todos son mexicanos. Esta diferenciación, en varios casos, ha creado prejuicios contra los judíos.
Restablecer la Paz Social
En el escenario nacional se agudiza la crisis social por el caos que prevalece en el Estado de Guerrero que surgió a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y cada vez más evidencia que estos eran agitadores vinculados con la guerrilla; Guerrero no es la excepción de un proceso de extrema violencia en el país, ésta se extiende y cobra creciente intensidad en diferentes Estados: Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Tabasco y Oaxaca, entre otros. En este contexto, el gobierno pretendió cerrar el caso Ayotzinapa montando un escenario en el que presentó a varios presuntos miembros del crimen organizado que relataron con detalle cómo llevaron a los estudiantes a un basurero de Cocula, localidad del propio estado de Guerrero y quemaron los cuerpos de los normalistas; posteriormente, el Procurador de Justicia dijo que las cenizas encontradas no pertenecían a estos últimos; ¿entonces a quién?
Por otra parte, la licencia del gobernador guerrerense, Ángel Heladio Aguirre, para “facilitar las investigaciones sobre los desaparecidos” y “despresurizar” el complejo entorno político y social que prevalece en Guerrero no desaparecerá la crisis de la noche a la mañana, se necesita conocer el paradero de los estudiantes y que se lleven acciones efectivas para combatir a la delincuencia organizada. Hasta ahora el gobierno federal y estatal han sido reactivos a los hechos y en buena medida omisos. Es posible que el gobierno federal tenga mayores presiones de diferentes grupos sociales y políticos locales, nacionales y del exterior porque el gobernador Aguirre, era una especie de “pararrayos” en el que recaían reclamos y culpas.
La desaparición de 43 estudiantes, así como el asesinato de seis jóvenes más en la misma noche de este hecho han provocado una ola de indignación que se ha manifestado en jornadas de protestas y marchas de la ciudadanía en Iguala, Chilpancingo, en la Ciudad de México y otras localidades más, en las que grupos políticos, particularmente los denominados “mesiánicos de izquierda”, léase Morena con su líder López Obrador que ve complots por doquier y pregona la honestidad valiente, han realizado actos de sabotaje con alborotadores profesionales en Iguala y Chilpancingo, principalmente acarreando a supuestos maestros; asimismo quemaron instalaciones gubernamentales, sedes de partidos políticos, locales en plazas comerciales, vehículos y otros bienes. Igualmente, secuestraron decenas de autobuses para trasladarse a los sitios fijados para la destrucción de propiedades públicas y privadas y robaron gasolina de camiones de pasajeros y de carga para usarla en los autobuses secuestrados; bloquearon autopistas exigiendo a los automovilistas dinero para abrirles paso en las casetas de peaje. Se manifestaron en el aeropuerto de Acapulco y en el de Morelia causando demoras en el tráfico aéreo, además de realizar pintas en sus instalaciones y otros actos de violencia. Prestadores de servicios turísticos de Acapulco indicaron que para el “puente del 20 de noviembre” se cancelaron 14,000 reservaciones en Hoteles y un 30.0% para la próxima temporada de invierno. Por lo demás, fuentes empresariales han manifestado que otra práctica de los vándalos en Guerrero es el robo de mercancías de camionetas de reparto y otros transportes como los vehículos llamados de doble remolque; la escalada de robos se ha dado en Iguala, Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Tixtla y Arcelia en Guerrero; no obstante, también en carreteras de los Estados de Michoacán y el de México. Los robos y la violencia ocurren a plena luz del día y ante la pasividad de los policías locales y federales.
En la Ciudad de México fueron apedreadas la Procuraduría General de la República, incendiada la estación del metrobus de la Ciudad Universitaria y un metrobus. Los calificados como anarquistas destruyeron parte de la Puerta Mariana del Palacio Nacional, con una antigüedad de 100 años, la ciudadanía se pregunta ¿dónde está la policía? Creo que solo mirando lo que acontece.
Por los hechos de extrema violencia tendrán que responder la izquierda, llámese López Obrador o PRD “que le dio poder a los asesinos en Iguala” al brindarle apoyo al ex alcalde de esa ciudad y a su gansteril esposa, vinculados abiertamente a la delincuencia organizada. Además, López Obrador tiene el descaro de pedir “la caída del Presidente Enrique Peña Nieto antes de cumplir dos años de su mandato, porque de acuerdo a la Constitución, se tiene que convocar a nuevas elecciones”.
“Ante la bola de nieve que se está formando en el país, el gobierno se percibe solitario, ineficiente y sin respuestas”. El gobierno de Peña Nieto tiene que dar un cambio de timón en sus políticas y en las personas que lo acompañan; actuar con celeridad y con contundencia para evitar una ruptura institucional.
La justicia tiene que llamar a cuentas al ex gobernador de Guerrero, Aguirre, que fue omiso frente a los acontecimientos. Todo el mundo conocía la estrecha relación que tenía con el presidente municipal de Iguala y, sobre todo, con su esposa. El nuevo gobernador de esa entidad, un académico y ex guerrillero, no parece la persona adecuada para frenar el caos existente. Sus declaraciones iníciales en relación a que no va a reprimir a los manifestantes, no garantizan que prevalezca el Estado de derecho.
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