ANATOLY KURMANAEV Y SARA SCHAEFER MUÑOZ
Cuatro meses después de que la oposición venezolana arrasó en las elecciones para controlar el congreso, la victoria parece hueca.
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Aunque el presidente socialista Nicolás Maduro reconoció los resultados, ha socavado desde entonces la Asamblea Nacional.
Desde enero, cuando fue juramentada la nueva asamblea, Maduro la ha despojado de los poderes de supervisión económica y sus ministros han evitado asistir a las audiencias sobre corrupción y crisis económica.
Mediante sus aliados en la Suprema Corte de Justicia, el presidente ha bloqueado la legislación, hasta medidas no controversiales como los subsidios de alimentos para los ancianos.
Una iniciativa propuesta por el gobierno iría aún más lejos: Una enmienda constitucional propuesta recientemente por el asesor jurídico del presidente, Hermann Escarrá, permitiría que el Congreso pueda ser disuelto en cuestión de meses.
El Supremo Tribunal, que está atestado de leales a Maduro, anuló una ley de amnistía aprobada por el órgano legislativo que tenía como objetivo liberar a unos 80 presos políticos, entre ellos al líder opositor encarcelado Leopoldo López.
“Cuando este gobierno pierde en las urnas, entonces le quita el poder a las instituciones”, dijo Henry Ramos Allup, presidente de la oposición en el Congreso. “Sucedió a nivel municipal, a nivel estatal, y ahora está sucediendo en el Congreso Nacional”.
Para muchos venezolanos, los esfuerzos del gobierno por nulificar al Congreso, generan preguntas sobre si es posible el cambio democrático.
“Hemos perdido la fe”, dijo Angelis Martínez, una estudiante que en diciembre se unió a las celebraciones espontáneas en el barrio Petare después de las elecciones. “No sabemos en quién confiar más, a quién apoyar. Nada de eso parece importar. El gobierno continúa haciendo lo que quiere”.
Las maniobras del gobierno han atenuado las perspectivas de cambio económico en el país rico en petróleo, y la envalentonada oposición de línea dura señala que un golpe de estado o manifestaciones en las calles son las únicas maneras de crear un cambio.
“El gobierno está usando cualquier maniobra que puede para resistir la oposición del Congreso, ya que lo reconoce como una amenaza a su propia existencia”, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente de Council of Americas, organismo que promueve el comercio. “Si la legislatura no puede legislar y el Supremo Tribunal no es independiente, por definición, eso es una agresión a la democracia”.
Algunos dicen que les preocupa que haya una explosión social en un país donde los alimentos, medicinas y otros bienes básicos son escasos. Los críticos dicen que el gobierno de Maduro se ha negado a hacer los cambios necesarios para mitigar el sufrimiento.
“A Maduro se le ha dado la oportunidad de cambiar el rumbo, pero no hace nada”, dijo Carlos Berrizbeitia, un legislador de la oposición desde hace mucho tiempo. “La situación es muy peligrosa”.
Maduro ha acusado a los integrantes del Congreso de ser “asesinos, terroristas y fascistas”, y de conspirar para derrocar al gobierno. Los partidarios del gobierno vestidos de rojo gritan insultos desde el balcón, alterando los procedimientos.
Maduro lanzó la propuesta de disolver el Congreso como una medida para impedir un golpe de Estado.
“Si veo que nos estamos dirigiendo hacia un golpe de estado a través del uso del Congreso”, dijo la semana pasada, “yo personalmente activaría un mecanismo de este tipo”.
Los opositores al gobierno dicen que la falta de acción ha deteriorado gravemente la economía de Venezuela. Su inflación de tres dígitos es la más alta del mundo, y los economistas dicen que el país está cerca de experimentar su mayor contracción desde que declaró su independencia de España hace dos siglos.
Los legisladores recién elegidos habían prometido abordar los problemas. Pero el Supremo Tribunal ha declarado la mayor parte de sus iniciativas como inconstitucionales. Este mes, dos tercios del Congreso votaron en contra de extender el decreto de emergencia al presidente Maduro, lo que le da amplios poderes sobre el presupuesto y la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad. Horas después, el Supremo Tribunal anuló la resolución de la asamblea, y amplió el decreto.
El tribunal también anuló una ley que habría requerido que el banco central publicara los datos económicos y que limitara la impresión de dinero, y le quitó el poder al Congreso para destituir a los jueces del Supremo Tribunal.
Ministros destacados han dejado claro que no están dispuestos a trabajar con el Congreso. Este año, los legisladores citaron a comparecer a Eulogio Del Pino, director de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela, al jefe del banco central Nelson Merentes, y al ministro de industria y comercio ministro Miguel Pérez Abad para que informara sobre los problemas financieros y las acusaciones de corrupción. Ninguno compareció. Del Pino, Merentes y Pérez no respondieron a los mensajes en busca de sus comentarios.
“No van a ir porque quieren que el público vea que no tienen nada que decir sobre la crisis del país”, dijo José Guerra, un legislador que ha estado presionando para que los ministros del gobierno declaren sobre la política económica.
Recientemente, el gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel, que es un miembro del partido en el poder, no se presentó cuando se le pidió que declarara sobre la matanza de mineros ilegales en su estado.
“En su lugar, díganos cómo es que saben tanto” dijo él en tono desafiante en una conferencia de prensa rechazando los citatorios de una comisión que investiga la violencia. “Esta comisión carece de toda legitimidad”.
Fuente: sentidocomun.com.mx
