THE WALL STREET JOURNAL
Una victoria para las víctimas de terroristas—y la separación de poderes.
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La Corte Suprema no siempre es el poder “menos peligroso” que imaginó Alexander Hamilton. Pero una mayoría de 6 a 2 mostró el auto-control el miércoles en un caso involucrando el terrorismo y la separación de poderes de la Constitución.
Desde 1976, el Congreso ha revocado la inmunidad soberana para permitir a las víctimas del terrorismo demandar a gobiernos extranjeros, pero tales juicios son naturalmente difíciles para que los tribunales estadounidenses los ejecuten en la práctica. Los tribunales han fallado para más de 1,000 víctimas o familiares de los estadounidenses asesinados en ataques patrocinados por Irán, y durante años intentaron recaudar para los daños congelando u$S1.75 mil millones en depósitos mantenidos en New York por el Banco Markazi, el banco central iraní.
El banco desafió la definición legal estadounidense de propiedad, afirmando que los depósitos eran “del” banco de New York, no de Irán o Markazi. Así que en el año 2012 el Congreso aprobó, y el Presidente Obama firmó, una ley que designa más específicamente los tipos de activos que pueden ser congelados para compensar a las víctimas del terror, los cuales incluían a los que Markazi intentó proteger.
Bank Markazi V. Peterson preguntó si esta ley es una intromisión inconstitucional sobre el poder independiente del poder judicial para llegar a conclusiones fácticas y decidir en casos individuales. En otras palabras, ¿el Congreso robó poderes que el Artículo III confiere sólo al poder judicial y requiere que los tribunales alcancen su resultado favorecido?
La ley dispuso explícitamente de las defensas legales que utilizó Markazi para tratar de proteger sus depósitos, pero eso no garantiza ningún resultado legal. Los iraníes tienen imaginaciones legales creativas, y ellos deben idear meramente algún otro argumento legal (como probablemente lo harán).
“Un estatuto no incide sobre el poder judicial cuando este se dirige a los tribunales para aplicar una nueva norma legal a hechos indiscutidos”, escribe la Juez Ruth Bader Ginsburg por la mayoría. “Aplicar leyes implementando los juicios políticos del Congreso, con fidelidad a esos juicios, es un lugar común para el poder judicial.”
Pero esto ofendió al Presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a quien se unió en su disenso la juez liberal Sonia Sotomayor. Él acusa al Congreso de “requisar los tribunales para hacer que un juicio político se vea como uno judicial” y afirma que la separación de los poderes judicial y legislativo ahora “no es más que una Línea Maginot constitucional.” Y advierte que, Con el sello de aprobación de este Tribunal, el Congreso puede escoger sin reparos a los ganadores y perdedores en casos particulares pendientes.”
Roberts se equivoca en los méritos, en particular sobre los poderes diplomáticos centrales. Incluso cuando el Congreso hubiera dictado un resultado legal (no lo hizo), el ejecutivo y el Congreso controlan la disposición de la propiedad extranjera en los Estados Unidos—como sostuvo la Corte en una decisión de 1981 sobre el congelamiento de activos durante la crisis de los rehenes de Irán. Se supone que los Artículos I y II sean supremos por sobre la política exterior, pero según la lógica del Presidente de la Corte ellos son suspendidos si interfieren con la revisión judicial.
El canto del Presidente de la Corte sería también más creíble si él defendiera más vigorosamente las prerrogativas constitucionales que no son las suyas propias. El reescribió dos veces el Acta de Salud Asequible para salvar la ley, en los años 2012 y 2015, aun cuando los abusos que él protegió hicieron mucha más violencia a la separación de poderes que cualquier cosa en Markazi. A los liberales en la mayoría tampoco parece importarles cuando el gobierno federal vulnera a los estados, como en el caso de inmigración esta semana.
El Presidente del Tribunal Roberts a menudo hace excepciones a los principios para proteger la estación presuntamente santificada de los jueces. Sus colegas merecen el crédito por reconocer un rol más modesto para el poder judicial.
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México
