CHRISTOPH SCHMIDT – JOCHEN ANDRITZKY

Los crecientes gastos de seguridad requieren más restricción en otra parte en los presupuestos nacionales—no menos disciplina general.

Desde los ataques terroristas en Bélgica, Francia y Alemania, a la intromisión de Rusia en Ucrania y la inestabilidad cercana y conflicto interno que ha iniciado la ola de refugiados, los desafíos de seguridad en Europa se están intensificando. La pregunta urgente es si el Continente está preparado para una respuesta adecuada.

Luego de la masacre de enero del 2015 en Charlie Hebdo en París, el Presidente François Hollande de Francia anunció una revisión de la ley de planificación militar de su país para liberar unos €3.8 mil millones (u$s4.21 mil millones) adicionales, a ser gastados entre los años 2016 y 2019. Eso corresponde a aproximadamente 0.05% de producto interno bruto de Francia si el gasto es dividido igualmente durante los cuatro años. Ataques adicionales en noviembre provocaron que Hollande anunciara más medidas de seguridad, tal como la contratación de más personal policial y militar, a un costo estimado de €800 millones, o 0.04% del PBI en el 2016. El también declaró un estado nacional de emergencia.

Pero, el gasto de defensa en Francia, al 1.8% del PBI, cae lejos del objetivo del 2% para todos los miembros de la OTAN. Como un todo, la eurozona gasta apenas el 1.2% del PBI en defensa. El gasto en seguridad interna por parte de la eurozona no ha aumentado en relación con el PBI en la década pasada. Los gastos para “orden y seguridad públicas”, que incluyen policía, tribunales y prisiones, todavía equivale a aproximadamente el 1.7% del PBI.

Esto es comprensible en cierta forma. Las crisis económicas en muchos países de la eurozona obligaron a un enfoque en racionalización del presupuesto. Ahora no es una época fácil para comenzar nuevas iniciativas o reasignar fondos públicos escasos.

Sin embargo esta actitud no puede justificar el abandono. A lo largo de Europa, la defensa de mayor gasto en seguridad y la reasignación de fondos públicos hacia el contra-terrorismo es obvia. Además de estas nuevas amenazas, es probable que la próxima administración presidencial estadounidense cambie de nuevo a Europa mucha de la carga de proporcionar seguridad europea.

En temas de seguridad interna, Estados Unidos proporciona un modelo. Luego de los ataques del 11/S, Estados Unidos reaccionó en forma decisiva.

El presupuesto para seguridad interna subió a u$s74 mil millones en el año 2009, o 0.5% del PBI, de los u$s17 mil millones asignados en el año 2001. Ha permanecido en gran medida constante desde entonces.

Los países miembros de la UE sólo hace poco han comenzado a revisar sus estrategias de seguridad interna y defensa. Federica Mogherini, la jefa de política exterior de la UE, sólo pide un “nivel de gasto suficiente” para defensa. Para ese fin, Alemania planea aumentar el gasto militar este año en €1.2 mil millones, o el 0.04% del PBI, y €10 mil millones en forma acumulativa para el 2019, reforzando a su ejército por primera vez en 25 años. Bélgica planea gastar €500 millones, o el 0.1% del PBI, en vigilancia, y encarcelar a yihadistas que retornan y reforzar las fronteras.
Es improbable que los incrementos pequeños del gasto aumenten la confianza del público. Además de las amenazas de seguridad expandiéndose a lo largo de Europa, países del sur de Europa como Grecia e Italia se encuentran enfrentados a afluencias masivas de refugiados. Sin embargo estos dos países en particular están bajo gran presión fiscal. Entre los años 2010 y 2014, Grecia disminuyó el gasto total en orden público, seguridad y defensa en 15%, e Italia en 6%.

Europa tiene que hacer más. Nuevas amenazas y la caída de “los dividendos de la paz” luego del final de la Guerra Fría son retos a largo plazo que es probable que dominen la agenda. Europa tiene que revisar sus estrategias de defensa y redirigir el gasto a áreas que pueden abordar eficazmente las nuevas amenazas. La recopilación e intercambio de información es un ejemplo primordial. Los gobiernos europeos y sus aliados tales como Estados Unidos deben hacer un esfuerzo mayor para intercambiar información y coordinar la recopilación de inteligencia.

Esto consumirá considerables recursos fiscales, tanto en inversión como también en gasto actual. Cualquier cambio en la política de seguridad de Europa requerirá un cambio similar en el gasto de seguridad. Pero sería poco sabio tomar la ruta más conveniente y permitir que el gasto en seguridad amenace la disciplina presupuestaria. Aumentar la deuda pública, y por lo tanto el riesgo de una crisis financiera, no debe ser el precio para mayor seguridad.

Es el motivo por el cual la Comisión Europea debe permanecer vigilante y defender el camino de la consolidación fiscal consagrada en el marco fiscal de la UE. La intervención del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en favor del gasto extraordinario en seguridad sin ninguna medida compensatoria, incluso para países bajo el procedimiento de déficit excesivo, es contraproducente, ya que debilita el mandato de la Comisión Europea para salvaguardar la Ley de Estabilidad y Crecimiento.

No puede permitirse que prevalezca ninguna de tales disyuntivas. Los ciudadanos de Europa tienen el derecho a ser protegidos de amenazas nuevas y antiguas. Esto requerirá una respuesta más enérgica que la vista hasta ahora. La seguridad no debe ser negociada por estabilidad fiscal y económica. El gasto creciente para seguridad y defensa debe ir acompañado de recortes en otras áreas de gasto fiscal, o mayores impuestos. La Comisión Europea debe proteger esta lógica impecable aunque inconveniente y no doblar las normas, incluso frente a otro terrible ataque terrorista.
Christoph Schmidt es presidente del Consejo Alemán de Expertos Económicos, donde Jochen Andritzky es secretario-general.

Fuente: The Wall Street Journal
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México