LEO ZUCKERMANN
Valdría la pena que el Congreso formara una comisión de expertos independientes para evaluar la lucha contra el crimen organizado.
Se están cumpliendo diez años de que el entonces presidente Calderón le declarara la guerra al crimen organizado. Una guerra, como decía ayer, que no ha sido una guerra sino la utilización del Ejército y la Marina en labores policiacas para las que no estaban entrenadas. Por los estudios que se han realizado con base en evidencia empírica, cada vez estoy más convencido que fue una mala decisión que incrementó la violencia y tiene a las Fuerzas Armadas enojadas. Una década que ha dejado decenas de miles de muertos, entre criminales, soldados, marinos, policías e inocentes. Me parece que llegó el momento de que una comisión independiente evalúe los saldos de esta “guerra”.
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En el pasado, las guerras eran enfrentamientos bélicos entre dos o más ejércitos que terminaban cuando uno sacaba la bandera blanca. Desde su fundación en 1948, Israel vivió varias de estas guerras convencionales. Sin embargo, ahora enfrenta conflictos diferentes con nuevos enemigos no convencionales: rebeliones sociales en los territorios palestinos y milicias terroristas que atacan desde Estados vecinos. Uno de esos grupos es Hezbolá. Desde el sur de Líbano, ataca el norte de Israel. En 2006, milicianos cruzaron la frontera, mataron a tres soldados israelíes y secuestraron a otros dos. Israel lanzó una contraofensiva con el objetivo de destruir la infraestructura militar de Hezbolá.
Esta guerra duró 34 días. Murieron más de mil libaneses y 163 israelíes. La conflagración terminó con una resolución de la ONU ordenando el retiro de las tropas israelíes de Líbano y el despliegue del ejército libanés y cascos azules para patrullar el sur de ese país.
En Israel muchos se quedaron con la impresión de que no se había ganado esta guerra: Hezbolá no sólo sobrevivió sino que salió relativamente intacto. Centenares de soldados israelíes criticaron a su gobierno por la conducción de este conflicto. El primer ministro se vio obligado a encargar una investigación especial al juez emérito Eliahu Winograd. En 2007 se presentaron las primeras conclusiones. Una de ellas es que los militares no estaban listos para enfrentar una guerra donde el enemigo utiliza tácticas de insurgencia en un conflicto asimétrico de baja intensidad.
La comisión encontró al primer ministro “responsable de haber salido a la guerra sin una planificación elaborada en forma correcta y adecuada (…) formó su opinión e idea sin que se le presentara un programa completo y detallado y sin que él lo solicitara. Es por eso que no pudo evaluarlo y tomar una decisión basada en dicho programa. Tampoco exigió alternativas para sopesar y no mostró ningún tipo de duda razonable respecto de las posturas del ejército”. Ehud Olmert fue “responsable de que los objetivos no se fijaran con claridad y prudencia (…) fracasó como líder que debe llevar a su país a una operación militar”.
En cuanto al jefe de las Fuerzas Armadas, la comisión lo encontró “responsable personal y a nivel militar profesional por no haber tenido un programa de acción preparado y acorde a la escalada que se estaba dando en el frente libanés. No advirtió ante la cúpula política —a pesar de que sabía que se trataba de personas sin conocimiento de la materia y sin experiencia— sobre la complejidad de lo que sucedía en el frente libanés y las limitaciones en la preparación y efectividad del ejército”. El comandante Dan Jalutz “generó la impresión errónea de que el ejército estaba preparado y tenía un plan de acción listo”.
En suma, “hubo graves fallas de criterio y en la relación entre la cúpula militar y la política”. Al presentar su informe, Winograd afirmó que “la fortaleza de Israel está en la autocrítica, como sociedad libre nuestro deber es estudiar los fracasos para poder corregirlos”. Así es como una sociedad democrática evalúa la actuación de sus políticos y militares en una situación que genera muertos. A los responsables, se les exige cuentas.
Lo cual nos lleva a nuestra “guerra”. Diez años después de haberla declarado, hay muchas preguntas que responder: ¿Estaba listo el Ejército mexicano para enfrentar a un enemigo no convencional como es el crimen organizado? ¿Se le presentó al presidente Calderón un plan completo y detallado que autorizó? ¿Ocurrió lo mismo cuando tomó posesión el nuevo presidente Peña? ¿Cuáles eran las metas específicas de la “guerra”? ¿Qué lecciones se aprendieron en el camino? ¿Quiénes fueron los responsables de las decisiones tomadas?
Una década después, valdría la pena que el Congreso formara una comisión de expertos independientes que evaluara un asunto tan serio como ha sido nuestra “guerra” que ha producido decenas de miles de muertos.
Fuente:excelsior.com.mx
