Enlace Judío México e Israel.- El más alto tribunal israelí acaba de hacer al primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, un gran favor.

JONATAHN S. TOBIN

El domingo, la Corte Suprema de Israel emitió sus resoluciones definitivas sobre quién puede presentarse a las legislativas del próximo 9 de abril. El comité electoral de la Knéset [Parlamento] había dado previamente el visto bueno a que miembros del partido Otzma, cuyos líderes son discípulos del difunto rabino Meir Kahane, concurrieran a las mismas, pese a las acusaciones de racismo que pesan sobre ellos. Asimismo, había vetado la participación de uno de los partidos árabes (Balad-Lista Árabe) y de uno de los candidatos de Hadash-Taal, la otra coalición árabe. Pero la Corte, que es quien tiene la última palabra, revocó tales decisiones prohibiendo la participación de Michael ben Ari, de Otzma, y garantizando la participación de las dos listas árabes con todos sus candidatos.

Esto ha enfurecido a muchos en la derecha israelí, y provocado que muchos en la izquierda ensalcen a la Corte como salvadora de la democracia.

Pese a que Netanyahu contribuyó a forjar la coalición de partidos derechistas que podría posibilitar a un militante de Otzma entrar en la Knéset, esta derrota inesperada no hará sino ayudarle.

¿Cómo?

La descalificación de Ben Ari significa que es muy probable que no haya nadie de su formación en la próxima Knéset. Como el partido Hogar Judío, con el que se ha coaligado Otzma, necesitaría siete escaños para colocar a un miembro de Otzma en el Legislativo, puede que el Likud coseche los frutos de consolidar el voto derechista y a la vez se ahorre el bochorno de haber permitido a un seguidor de Kahane acceder al Parlamento.

Pero es que además las decisiones de la Corte ayudarán a Netanyahu y a sus aliados porque recordará a sus votantes algo que los enfurece y les motiva a movilizarse.

Si hay algo que una a quienes apoyan a la actual coalición de centro-derecha es la indignación ante el activismo de una Corte Suprema siempre dispuesta a intervenir en política, con independencia de la letra o el sentido de las leyes por las que se supone ha de velar.

En las últimas tres décadas, el más alto tribunal del país se ha afanado en desbaratar los esfuerzos de la Knéset y de varios Gobiernos en ámbitos como el de la seguridad. En principio, esto suena bien, dado que en cualquier democracia es necesario un Poder Judicial independiente que contrapese al Legislativo y al Ejecutivo. Pero en lugar de velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, la Corte Suprema de Israel viene tratando de imponer leyes de cosecha propia cuando desea frustrar los deseos de la Knéset. Por otro lado, la Knéset y, por extensión, los votantes israelíes no tienen la influencia que tiene el Senado norteamericano en la composición del Tribunal Supremo de EEUU.

Hay veces en que parece que la Corte se cree una suerte de Superlegislativo que toma decisiones sobre la base de lo que considera oportuno o correcto, con lo que con frecuencia va contra su papel de árbitro imparcial que vela por el cumplimiento de la ley. Sus decisiones sobre quién pueda concurrir a las legislativas son un perfecto ejemplo.

La base para las exclusiones es una ley aprobada en los 80 que tenía por objetivo a Kahane, que había conseguido un escaño en 1984. Para asegurarse de que no fuera reelegido en 1988, la Knéset aprobó una ley que prohibía los partidos racistas y antidemocráticos.

Ese mismo argumento se ha aducido este año para echar atrás a candidatos de Otzma por su incitación antiárabe a lo Kahane. Como su mentor, Ben Ari rezuma odio a los árabes israelíes.

Pero el problema de una ley así es que los kahanistas no son los únicos que pueden ser acreditadamente tachados de racistas o antidemocráticos. Hay razones de peso para aducir que los cuatro partidos árabes (el comunista Hadash, el islamista Raam y los laicos Balad y Taal) son racistas o antidemocráticos. Más aún: de que concurren pese a la prohibición que pesa sobre los partidos cuyos objetivos son antitéticos a los principios fundacionales de Israel.

Prohibir alguno de esos partidos, o todos ellos (que concurrieron unidos bajo la denominación de Lista Conjunta en las dos últimas elecciones y que ahora se presentan en dos coaliciones distintas) sería antidemocrático y una calamidad para Israel en el terreno de las relaciones públicas, dado que en esencia dejaría sin representación a la minoría árabe, que disfruta de igualdad ante la ley pese al hecho de que la principal misión de Israel es defender los derechos del pueblo judío.

Pero aunque podemos dar las gracias por que el Alto Tribunal haya comprendido que aplicar la ley y prohibir dichos partidos hubiera sido un error, su decisión de utilizarla contra Ben Ari es inconsistente e hipócrita.

Sin kahanistas, la Knéset es un lugar mejor. Pero eso lo tiene que decidir la ciudadanía, no los jueces. Uno puede aducir que las naciones han de defenderse contra elementos antidemocráticos. Pero no se defiende la democracia dejando fuera de la Knéset a un racista, sino que se la socava y se permite a ese tipo de gente denunciar que el sistema está adulterado, especialmente cuando no se aplica el mismo baremo a los árabes que también dicen cosas odiosas.

La ausencia de una Constitución escrita ha forzado en ocasiones a la Corte a intervenir cuando la ley no ofrece guías de actuación. Pero si los jueces de Israel quieren cubrir ese vacío, deberían imbuirse del espíritu de la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, en vez de concederse el privilegio de decidir quién puede ejercer sus derechos y quién no.

Un tribunal que aplica un doble rasero socava el imperio de la ley. Eso es lo que tantos israelíes creen que debe cambiarse. Lejos de proteger al Estado judío, como dicen sus defensores, su arbitraria decisión no hará sino desacreditar a la Corte Suprema de Israel.

© Versión original (en inglés): JNS
© Versión en español: Revista El Medio