Enlace Judío México e Israel.- El drama de los presuntos crímenes de guerra contra Israel llega a su punto álgido el jueves cuando la fiscal de la CPI defina su posición respecto a la estadidad de “Palestina”
YONAH JEREMY BOB
El jueves, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, presentará su posición final sobre si “Palestina” es un estado en un clímax dramático de las acusaciones de crímenes de guerra contra Israel, informa The Jerusalem Post.
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La forma en que los tres jueces de la Cámara de Cuestiones Preliminares de la CPI fallen después de que Bensouda presente su posición altamente influyente tendrá consecuencias fatales para Israel a nivel legal, diplomático y de relaciones públicas.
Es muy probable que el caso no proceda si la CPI no acepta “Palestina” como estado, ya que la mayoría de los casos comienzan solo si son remitidos por un estado.
El 20 de diciembre, Bensouda ya había dictaminado que Palestina es un estado y que había pruebas suficientes de que tanto Israel como Hamás cometieron crímenes de guerra, garantizando su apertura de una investigación criminal completa.
Sin embargo, también solicitó a la Cámara de Cuestiones Preliminares de la CPI que respalde su punto de vista. Desde entonces, cerca de 50 países, ONG y expertos de renombre mundial han presentado cargos ante la cámara, tanto a favor como en contra de Israel.
El propio gobierno israelí no respondió a la decisión de Bensouda del 20 de diciembre, sino que se basó en dos escritos legales que presentó el mismo día, horas antes de su anuncio, y en el apoyo de docenas de países aliados y ONGs.
Israel no quiere que parezca que ha aceptado la jurisdicción de la CPI, dado que no es miembro del Estatuto de Roma.
En contraste, la Autoridad Palestina ha publicado declaraciones pidiendo a la CPI que ignore a cualquier país que se oponga a la idea del estado palestino.
Entre los países que presentaron informes legales para apoyar a Israel se incluyen: la República Checa, Austria, Alemania, Australia, Hungría, Brasil y Uganda.
Alemania es el más relevante porque es uno de los mayores financiadores de la CPI, solo superado por Inglaterra, y los británicos ya están en una pelea directa con la corte por un posible caso contra ellos.
El gobierno de Trump ha rescindido la visa de Bensouda para viajar a EE. UU. y está amenazando con otras medidas contra el personal de la CPI, que podrían incluir sanciones, debido a su posición tanto en el caso de Israel como en un caso no relacionado contra EE. UU. por presunta tortura de detenidos en Afganistán.
Algunos de los otros partidarios de Israel que presentaron informes incluyen: El Colegio de Abogados de Israel, el Proyecto Lawfare, el Instituto de Investigación de ONGs, el Observatorio de los medios palestinos, el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén y Shurat Hadin, así como destacados juristas, como el ex ministro de justicia canadiense Irwin Cotler.
La Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica, que representan a unos 60 países, han apoyado la posición palestina.
Otros varios juristas destacados, muchos de los cuales alguna vez fueron funcionarios de la ONU que criticaron a Israel, como William Schabas y Richard Falk, también apoyan al lado palestino.
Un problema importante que Israel puede enfrentar aquí es que Bensouda no está actuando sola, incluso dentro del sistema de la CPI.
El tribunal en sí está regulado por la Asamblea de Estados Parte, que no solo aceptó a Palestina como estado, sino que aceptó el nombramiento de diplomáticos palestinos para puestos clave varias veces.
Puede ser difícil para los jueces de la CPI obligar a la asamblea que lo regula a retroceder cinco años hasta 2015 cuando comenzó a tratar a Palestina como un estado en toda regla.
Hay algunas soluciones de compromiso que se han presentado, como que los jueces de la CPI solo deciden cuáles son las fronteras de Palestina, pero no toman una posición sobre la estadidad per se, dejando esa decisión al fiscal del tribunal.
Otra idea es retrasar la decisión sobre los problemas de estadidad hasta un punto posterior en el juicio, como lo sugiere la Oficina del Defensor Público de la CPI.
Culturalmente, Palestina es ampliamente aceptada en los entornos donde los jueces internacionales tienden a operar: más de 130 de alrededor de 190 estados reconocen a “Palestina”.
Algunos jueces pueden simplemente considerar impensable desechar el caso, independientemente del argumento real que subyace a la medida de Bensouda: que el derecho de los palestinos a la autodeterminación prevalece sobre todo lo demás (Israel dice que las negociaciones entre las partes prevalecen sobre todo lo demás).
Israel tiene la esperanza de tener suerte con los tres jueces que atarjo: Péter Kovács de Hungría, Marc Perrin de Brichambaut de Francia y Reine Alapini-Gansou del país de Benin, en África occidental.
Kovács falló a favor de Israel en un caso diferente.
Los otros dos dictaminaron contra Israel en ese caso, pero algunos funcionarios israelíes esperan que, dado que Francia ha apoyado a un estado palestino a través de negociaciones con Israel, Brichambaut pueda dictaminar a su favor esta vez.
Quienes apoyan a Israel han dicho que no existe un “Estado de Palestina” que pueda remitir un caso a la CPI, negando la jurisdicción de la corte sobre las acusaciones contra Israel porque falló la prueba de Estado de Montevideo de 1933.
Según esa prueba, una entidad solo puede convertirse en un “estado” completo si tiene una población permanente y un territorio definido, gobierno y capacidad para entablar relaciones con otros estados.
El argumento dice que los palestinos fallan en la mayoría de estos parámetros.
En contraste, quienes apoyan el lado palestino dicen que el principio de autodeterminación palestina y el enjuiciamiento de crímenes de guerra anula los principios de Montevideo, especialmente a la luz de las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea de Estados Partes que aceptan Palestina.
La Asamblea de los Estados Partes es de hecho la rama legislativa de la CPI.
Los partidarios israelíes cambian esto y citan la Resolución de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2012, que elevó a Palestina del estado de observador a un estado no miembro, pero evitó que fuera un estado miembro de pleno derecho.
El informe de la República Checa declaró que “la controversia sobre la cuestión de la condición de Estado de Palestina también ha aparecido en relación con la solicitud fallida de Palestina para la admisión como miembro de las Naciones Unidas”.
Además, el informe ataca la idea de que la aceptación del secretario general de la ONU de ciertos instrumentos en los que “Palestina” se adhirió a varios tratados internacionales, un problema técnico, es suficiente para permitir que Palestina otorgue jurisdicción de crímenes de guerra criminales a la CPI, una cuestión mucho más sustancial.
La fiscal de la CPI, Bensouda, dijo que una vez que el secretario general de la ONU aceptó a Palestina como estado, y le permitió unirse a docenas de tratados, convenciones y organismos relacionados con la ONU, no hay base para impedir que se una al Estatuto de Roma.
Quienes apoyan a Palestina, incluido B’Tselem, han dicho que “la fiscal realmente pide una lectura amplia de la jurisdicción de la CPI que ve más allá del concepto rígido y tradicional de un estado soberano” para “reflejar con mayor precisión el objeto y el propósito … de combatir la inmunidad para los autores de delitos graves”.
B’Tselem ha dicho que el uso de la definición de la Convención de Viena, “en realidad restringiría los poderes de la CPI” de investigar los “crímenes más graves, que ‘conmocionan la conciencia de la humanidad’ y ‘amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo'”.
En una entrevista especial con The Jerusalem Post en enero, Bensouda dijo que aún era posible que terminara cerrando el caso contra los soldados de las FDI. Al mismo tiempo, dijo que aún puede decidir enjuiciar a los soldados en una fecha posterior por su participación en la guerra de 2014 o el conflicto de la valla fronteriza de Gaza 2018-2019.
Cualquier investigación de la CPI también se centrará en la construcción de asentamientos después de 2014, el año que los palestinos eligieron como fecha de inicio para la membresía en la CPI.
Si bien esto podría poner a algunos de los principales ministros israelíes y funcionarios de planificación de vivienda en la mira de los tribunales, no se aplicaría a la gran mayoría de los asentamientos, que se construyeron antes de 2014.
Originalmente, Bensouda debía presentar su posición final el 30 de marzo, pero esto se retrasó un mes debido a la crisis del coronavirus.
El lento ritmo del proceso pone en tela de juicio la profundidad con la que la fiscal podrá profundizar personalmente en cualquier investigación criminal dado que su mandato de nueve años termina en junio de 2021, y que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI probablemente presentará una apelación extendida proceso.
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