Enlace Judío México e Israel.- El decreto militar entrará en vigencia el sábado, aplicando la ley antiterrorista a Cisjordania y responsabilizando a los bancos por los estipendios que paga la Autoridad Palestina a los terroristas y sus familias.
Al menos un banco que opera en Cisjordania ha bloqueado el acceso a las cuentas de palestinos condenados por delitos terroristas, días antes de que entre en vigor un decreto militar israelí que impondrá sanciones a los bancos por recompensar el terrorismo, según un informe y un grupo de monitoreo, lo que provocó que la Autoridad Palestina forme un comité para luchar contra la medida israelí.
Muchos palestinos que pasaron tiempo en las cárceles israelíes por delitos de terrorismo se han quejado en los últimos días de que no han podido acceder a sus cuentas bancarias para recibir los estipendios mensuales pagados por la Organización de Liberación de Palestina, y se les ha dicho que cambien de banco si quieren continuar recibiéndolos, informó el jueves el diario Haaretz.
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Israel siempre ha tratado de reprimir cientos de millones de dólares en estipendios pagados a palestinos condenados por delitos de seguridad o las familias de los atacantes, lo que, según dice, alienta el terror. Ramallah ha prometido continuar con los pagos, describiéndolos como una forma de bienestar social y compensación por lo que afirma es un sistema de justicia militar injusto, informa The Times of Israel.
Según Haaretz, al menos un prisionero liberado de Belén dijo que el Cairo Amman Bank, con sede en Jordania, le había dicho que debía cerrar su cuenta y trasladarla a otro lugar.
Detalles similares fueron informados el jueves por el grupo de monitoreo con sede en Israel, Palestina Media Watch (PMW), que citó varios informes palestinos e internacionales en idioma árabe que dicen que otras instituciones financieras de Cisjordania estaban dando los mismos pasos.
PMW dijo en un comunicado que la legislación israelí, destinada a impedir que la Autoridad Palestina incentive los ataques terroristas mediante pagos mensuales a los atacantes y sus familias, debía entrar en vigencia el sábado.
La nueva orden militar, firmada en febrero, aplica partes sustanciales de la ley antiterrorista de Israel a Cisjordania. La ley establece que cualquier persona u organismo que entregue ayuda financiera a cualquier persona, con el propósito de facilitar, avanzar, financiar o recompensar delitos relacionados con el terrorismo, está cometiendo un delito que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión y una multa.
Israel ha deducido previamente el presunto valor total de los estipendios de los ingresos fiscales que recauda en nombre de la AP, lo que provocó un largo enfrentamiento con Ramallah.
Hay 13 bancos que operan en las áreas de Cisjordania gobernadas por la Autoridad Palestina. Siete de ellos son de propiedad palestina, cinco son jordanos y uno es egipcio.
PMW dijo el 20 de abril que había enviado una carta de advertencia sobre la nueva legislación a los bancos, firmada por su director Itamar Marcus y el jefe de estrategias legales del grupo, el abogado Maurice Hirsch, ex director de la fiscalía militar de las FDI en Judea y Samaria (Cisjordania).
“Si su banco tiene cuentas de terroristas encarcelados … debe ordenar la congelación inmediata de esas cuentas”, advirtió la carta, que también se envió en árabe.
Si no tomaran esa medida, la carta señalaba que “es probable que el banco sea considerado como un organismo que brindó apoyo material al terror, con todas las implicaciones de esto, incluidas las demandas civiles para compensar a las víctimas de los actos de terror”.
Un portavoz del gobierno de la Autoridad Palestina, Ibrahim Melhem, dijo el jueves en un comunicado emitido por la agencia oficial de noticias WAFA que el primer ministro Mohammad Shtayyeh había ordenado a los funcionarios pertinentes que formaran un comité para “estudiar las amenazas israelíes contra los bancos que prestan servicios a las familias de los prisioneros y mártires, y emitan las recomendaciones necesarias para enfrentarlas”.
El comité incluirá al ministro de asuntos de prisioneros de la AP y representantes de la asociación de bancos y el ministerio de finanzas, según el informe.
Melhem agregó que el gobierno “confirma su negativa a someterse a las presiones israelíes” y continuará haciendo los pagos a los convictos de terrorismo y sus familias, sin importar la presión.
Qadura Fares, jefe del Club de Prisioneros Palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, confirmó a Haaretz que su organización ha recibido quejas sobre bancos que se niegan a servir a presos terroristas liberados.
Fares argumentó que cerrar cuentas bancarias era un paso extremo que perjudicaría a unas 11,000 familias que reciben los estipendios.
“Un paso tan draconiano significa una sentencia de muerte para muchas familias, por lo que este estipendio es el único tubo de respiración financiera”, dijo.
Instó al liderazgo de la Autoridad Palestina a evitar que más bancos tomen medidas similares.
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