Enlace Judío – El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó este viernes su primera postura luego de la decisión de la Corte Penal Internacional que da luz verde a la fiscal del tribunal para lanzar una investigación sobre individuos de Israel y de grupos terroristas palestinos por presuntos crímenes de guerra cometidos desde 2014.

En un comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro de Israel, el mandatario israelí dijo que con dicha sentencia, “se comprueba otra vez que la Corte Penal Internacional es un órgano político y no basado en la justicia”, recogió Arutz Sheva.

En seguida, Netanyahu aseguró que la decisión de la Corte Penal Internacional perjudica el derecho de Israel a defenderse a sí mismo y calificó al fallo como una “persecución legal” en contra del país.

“La Corte Penal Internacional ignora los verdaderos crímenes de guerra y en lugar de ellos persigue al Estado de Israel. Un Estado con un gobierno democrático y estable, que respeta el Estado de Derecho y no es parte de la Corte Penal Internacional.

“En esta decisión, la Corte Penal Internacional golpea el derecho de los Estados democráticos a defenderse a sí mismos contra el terrorismo y le siguió el juego a los que buscan perjudicar los esfuerzos para ampliar el círculo de paz.

“Continuaremos defendiendo por todos los medios a nuestros ciudadanos y soldados de esta persecución judicial”, concluyó el mandatario.

Por su parte, el canciller de Israel, Gabi Azhkenazi, acusó en un comunicado a la decisión de la Corte Penal Internacional de ser una sentencia que “distorsiona el derecho internacional y convierte a esta institución en una herramienta política en manos de la propaganda anti-israelí”.

La Corte Penal Internacional, afirmó el funcionario, “no tiene facultades para juzgar el caso palestino”, y además, sostuvo, “brinda un premio al terrorismo palestino y a la negativa de la Autoridad Palestina a volver a negociaciones directas con Israel“.

Ashkenazi hizo un llamado a otros países a respetar el derecho de otros, como Israel, de no aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional e indicó que Jerusalén continuará tomando las medidas necesarias para defender a sus ciudadanos.

 

A nivel político en Israel, algunas opiniones fueron encontradas luego de la sentencia de la Corte Penal Internacional.

Avigdor Lieberman, jefe del partido de derecha Yisrael Beitenu y exaliado de Netanyahu, estalló contra el fallo del tribunal. “Mientras el mundo entero está lidiando con la crisis del coronavirus, la Corte Penal en La Haya ha optado por salir con su propia campaña cuyo objetivo es tratar de golpear el derecho de Israel a defenderse del terrorismo. Esta es una decisión ilusoria y escandalosa”.

Por su parte, Ofer Cassif, el único judío israelí integrante de la alianza de partidos árabes Lista Conjunta, celebró la sentencia. “Israel es culpable de limpieza étnica, el asesinato de inocentes, y de imponer un asedio y un gobierno militar sobre el pueblo palestino. Es bueno que Israel será investigado y juzgado por el Tribunal de La Haya, a la par de nuestra lucha, de judíos y árabes, aquí en Israel. Es nuestra obligación acabar con la ocupación y buscar una paz justa y verdadera. Este es el interés real de los pueblos de la región y más allá”.

La legisladora árabe israelí Aida Touma-Sliman, también de la Lista Conjunta, elogió el paso dado por la Corte Penal Internacional como uno “valiente”. “Los horrores de la ocupación [israelí] no se pueden ocultar ni cubrir. Los gobiernos de Israel deben enjuiciar sus crímenes a lo largo de los años: los cometidos en los ataques a Gaza, en la expansión de los asentamientos y más. Por supuesto que el camino para acabar con las injusticias de la ocupación es terminarla, pero una investigación internacional es necesaria y cuanto antes mejor”, dijo.

El gobierno de Israel ha rechazado vehementemente la intención de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de lanzar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios de Gaza, Judea y Samaria y Jerusalén Este, anunciada desde finales de 2019.

El fiscal general del gobierno de Israel, Avijai Mandelblit, publicó una opinión legal antes de la declaración de Bensouda en 2019, detallando los argumentos que Jerusalén sostiene contra una investigación.

“La posición legal de principio del Estado de Israel, que no es parte de la Corte Penal Internacional, es que la Corte carece de jurisdicción en relación con Israel y que cualquier acción palestina con respecto a la Corte es legalmente inválida”, escribió Mandelblit.

Mandelblit señaló que solo los Estados soberanos pueden delegar jurisdicción penal en la corte, alegando que la Autoridad Palestina no cumplió con los criterios; afirmó que Israel también tenía “reclamaciones legales válidas” sobre el territorio en cuestión; y agregó que las partes habían acordado en el pasado “resolver su disputa sobre el estatus futuro de este territorio en el marco de negociaciones”.

Dijo que al dirigirse al tribunal intrnacional, los palestinos estaban “buscando violar el marco acordado por las partes y presionar a la Corte para que determine cuestiones políticas que deberían resolverse mediante negociaciones y no mediante procedimientos penales”.

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