Enlace judío México e Israel- El 3 de marzo de 2021, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, declaró que iniciaría una investigación sobre “la situación en Palestina”. Esto sigue a la declaración de los jueces de la CPI de un mes antes, que dictaminaron, por mayoría, de que tenía jurisdicción para investigar y que su jurisdicción incluía las áreas de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental.

Tras la decisión de los jueces en febrero, las democracias de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y Alemania, se opusieron a la decisión de la Corte y su intento de ejercer jurisdicción sobre los israelíes.

El 13 de marzo, en una editorial del JPost, Michal Cotler Wunsh, miembro de la 23ª Knesset de Israel y enlace oficial de la Knesset en asuntos relacionados con la CPI, pide a todos los países respetuosos del derecho internacional y de los derechos humanos seguir el ejemplo de Estados Unidos y condenar la decisión de la CPI. con base en estos argumentos:

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1- Israel no es parte del Estatuto de Roma y Palestina no es un estado

La decisión de Bensouda de investigar, así como la decisión de los jueces con respecto a la jurisdicción, socava las opiniones legales expresadas por los principales expertos en derecho internacional y siete gobiernos. Estas opiniones expresan claramente que, dado que Israel no es parte del Estatuto de Roma y Palestina no es un estado, la CPI no tiene jurisdicción para investigar las acusaciones.

2- Es una agresión injusta contra Israel y los judíos según la definición de antisemitismo de la IHRA

Estados Unidos ya ha condenado la decisión del fiscal del 3 de marzo de iniciar una investigación, y el secretario de Estado Antony Blinken proclamó que Estados Unidos se opone a “acciones que buscan atacar a Israel injustamente”.

Todos los fideicomisarios del derecho internacional y los derechos humanos deben seguir el ejemplo de Estados Unidos y condenar esta decisión. Los países deben adoptar esta posición no sólo porque señala y aplica dobles raseros contra el estado judío, violando así la definición de trabajo de consenso de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) de antisemitismo.

3- Socava la razón de existir de la CPI

También socava los principios fundamentales de la CPI, es decir, como un tribunal de última instancia para las víctimas de los crímenes más atroces, incluidos el genocidio y los crímenes de guerra.

4- Politiza la Corte Penal Internacional

Además, no solo es responsabilidad de los diplomáticos y los ministerios de relaciones exteriores, sino que es imperativo que los parlamentarios de todo el mundo también tomen una posición y se aseguren de que sus gobiernos reiteren sus preocupaciones con respecto a esta politización de la Corte y la necesidad de reforma.

5- Israel posee un sistema de justicia interno que investiga crímenes de guerra en su país (complementariedad)

Deben celebrarse debates parlamentarios sobre lo que se puede hacer para garantizar que los recursos de la Corte se utilicen según lo previsto en el Estatuto de Roma y se dediquen a casos en los que no hay complementariedad, en los que no existen sistemas de justicia nacionales para exigir responsabilidades a los criminales de guerra.

La decisión del fiscal de investigar una democracia con un sistema legal de renombre, como Israel, plantea un riesgo para todos los Estados respetuosos de la ley y promueve una cultura de impunidad contra los regímenes abusivos cuyos crímenes se dejan de lado en favor de casos con motivaciones políticas.

6- Aportaciones económicas a organizaciones terroristas

Los miembros del Parlamento también deben cuestionar y auditar sus aparatos de ayuda internacional, que han proporcionado millones de dólares de los contribuyentes a organizaciones no gubernamentales para actividades que involucran cabildeo de la CPI para que investigue a Israel. Por ejemplo, en 2018, Suiza proporcionó 280.000 francos suizos al Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) para que “llevara a cabo comunicaciones con la Oficina del Fiscal General de la CPI y otros mecanismos de litigio internacional”. Ese mismo año, Suiza también proporcionó CHF 20.000 a la ONG palestina Addameer para “dar seguimiento a la presentación a la CPI y presentar un nuevo informe”. Tanto el PCHR como Addameer tienen vínculos documentados con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), designado como organización terrorista por gobiernos como la UE, Estados Unidos, Canadá e Israel.

7- Utilizar todos los recursos disponibles

De manera similar, dentro de Israel, los miembros de la Knesset también deben asumir la responsabilidad y utilizar los recursos disponibles para comprender las implicaciones de la investigación de la CPI para todos los israelíes y para comprometerse con otros parlamentarios de todo el mundo. La Knesset, al igual que las legislaturas de todo el mundo, tiene la suerte de tener numerosos “grupos de amistad” con aliados mundiales y de tener representación en foros interparlamentarios. En cada uno de estos foros, los miembros de la Knesset deben estar equipados para discutir el imperativo de reforma de la Corte y el detrimento que la investigación de Israel causará a todos. Además, la posición de enlace oficial de la Knesset en asuntos relacionados con la CPI debe consagrarse como una función permanente, de modo que continúe habiendo liderazgo en esta cuestión dentro de la Knesset y supervisión del poder ejecutivo.

Conclusión

Si bien la fiscal afirmó en su declaración del 3 de marzo que la investigación se “llevaría a cabo de manera independiente, imparcial y objetiva, sin temor ni favoritismos”, el hecho de que Bensouda descartara las opiniones de reconocidos juristas, principios jurídicos internacionales y escritos de siete gobiernos, en lugar de favorecer la información proporcionada por ONG vinculadas al terrorismo y las resoluciones no vinculantes de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, demuestra la politización de la Corte.

Es imperativo que todos los parlamentarios actúen en nombre del derecho internacional y los derechos humanos y pidan la reforma de la Corte. Sólo entonces se utilizarán los “recursos limitados” señalados en la declaración de Bensouda para las verdaderas víctimas de las atrocidades.

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