Enlace Judío – La Corte Suprema de Justicia de Israel dictaminó este jueves que el primer ministro Benjamín Netanyahu debe acatar el acuerdo de conflicto de intereses redactado por la Fiscalía General que le prohíbe ocuparse de nombramientos judiciales relacionados con su juicio por soborno, fraude y abuso de confianza, informó Haaretz.
El fallo deriva de una petición presentada por el Movimiento por la Calidad del Gobierno.
La presidenta de la Corte Suprema Esther Hayut señaló en su fallo que “la situación en la que el primer ministro ejerce su cargo mientras está pendiente una acusación en su contra por graves delitos éticos es una situación excepcional que requiere una adhesión excepcional a este principio”.
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“Por lo tanto, se requiere un acuerdo de conflicto de intereses que garantice, tanto en términos de toma de decisiones reales como de apariencia pública, que los asuntos personales relativos a la acusación presentada contra el mandatario no influyan en su papel como jefe del poder ejecutivo”, explicó.
Según el acuerdo, Netanyahu no podrá tomar decisiones sobre nombramientos en los sistemas de aplicación de la ley y de los tribunales. No podrá participar en asuntos relacionados con los testigos de otros acusados en sus casos, ni en la legislación que pueda afectar en el juicio por presunta corrupción en su contra.
El fiscal general, Avijai Mendelblit aclaró que Netanyahu también tiene prohibido manejar esos asuntos a través de otras personas.
“Él [Netanyahu] debe evitar actuar en estos asuntos a través de otras partes en su nombre, y debe evitar usar su influencia sobre las personas autorizadas para manejar estos asuntos”, dijo .
Hayut enfatizó que en un fallo anterior, la Corte Suprema permitió a Netanyahu ejercer como primer ministro a pesar de su juicio penal, ya que era posible garantizar una conducta adecuada mediante un acuerdo de conflicto de intereses.
“El argumento de Netanyahu de que no tiene que acatar el dictamen jurídico de Mendelblit contradice las resoluciones de la corte”, continuó Hayut.
Explicó que esa afirmación se rechaza porque contradice el precedente de que las decisiones del fiscal general sobre asuntos legales son vinculantes para el gobierno, a menos que la corte haya dictaminado lo contrario.
En noviembre, la Corte Suprema emitió una orden condicional en la que exigió al fiscal general explicar si el acuerdo de conflicto de intereses que había formulado obligaba al primer ministro, y al ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana.
En una audiencia celebrada el mes pasado sobre esta cuestión, los jueces pidieron a Netanyahu aclarar si era responsable del retraso en el nombramiento de un nuevo fiscal del Estado. Un comité oficial había recomendado designar al fiscal del distrito de Haifa, Amit Aisman, para el puesto en noviembre, pero la propuesta nunca se presentó al gabinete para su aprobación. Recientemente, el ministro de Justicia, Benny Gantz aplazó el nombramiento de Aisman como fiscal del Estado en funciones por otros cuatro meses.
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