Enlace Judío – Hace dos semanas, se redactó un proyecto de ley en la Knéset que daría apoyo legal patrocinado por el Estado a todas las víctimas de acoso sexual de manera automática, desde el proceso investigativo.
Hoy en día, las víctimas tienen que pasar por complicados procesos burocráticos para justificar su situación financiera y recibir ayuda legal. Asimismo, el Estado provee asesoría sólo cuando existe una imputación. Por diferentes trabas en el sistema, sólo el 16% de los casos llegan a dicha etapa.
El proyecto de ley nace en un contexto de incansable lucha y protestas por grupos feministas. A principios de octubre, una manifestación en la Plaza Rabin encendió las luces sobre la necesidad de que las víctimas cuenten con apoyo legal desde el momento en el que hacen la acusación. “Si mi violador la tiene (la ayuda legal), yo también la merezco” coreaban miles de mujeres en el corazón de Tel Aviv.
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Una conquista importante para los grupos feministas
“Cuando una mujer acude a la policía para presentar una denuncia después de un trauma sexual es como un Holocausto personal y no tiene la posibilidad legal de representarse a sí misma” dijo la organizadora de la protesta Ziv Leibowitz.
En años recientes, más y más voces han advertido la ineficacia de las instituciones para atender casos de acoso sexual. La policía ha probado ser de poca ayuda. Como es el caso en sociedades patriarcales, su historial está lleno de acusaciones de culpabilización de víctimas.
“Con demasiada frecuencia, vemos que la policía no recopila pruebas, hace preguntas de manera insensible y carece de la capacitación adecuada necesaria para tratar con alguien que sobrevivió a un trauma sexual”, dijo Vardit Avidan, abogada de la Clínica de la Universidad de Haifa para Feminismo Legal. “Como resultado, las mujeres tienden a salir de la estación de policía sintiéndose aún más derrotadas que antes.”
La mayoría de las víctimas son migrantes
Según un estudio de la Universidad de Haifa, alrededor de la mitad de las víctimas fueron interrogadas con preguntas irrelevantes a su caso como su vestimenta o su historial sexual. Igualmente, se encontró que al 80% de las víctimas cuyo primer idioma no es el hebreo no se les proporcionó un traductor.
El último punto es especialmente importante, pues las personas que no dominan el hebreo como inmigrantes o solicitantes de asilo son desproporcionadamente afectadas por delitos sexuales. De acuerdo con un reporte presentado a la Knéset a finales de octubre en el que se conversó con 654 agricultoras tailandesas, todas reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el trabajo desde su llegada a Israel.
Factores como el miedo a perder su trabajo o su residencia contribuyen a que las víctimas migrantes no denuncien. Desde 2017, solamente alrededor del 4% de las 25,000 denuncias han provenido de no-israelíes.
La efectividad de las vías legales es clave para proporcionar ayuda a las víctimas de acoso sexual. Aunque se apruebe, es imposible pretender que el problema haya terminado. Una ley no limpiará mágicamente las desigualdades, el acoso sexual y el machismo en canales institucionales.
Sin embargo, el proyecto de ley que les daría asesoría legal desde el principio del proceso judicial es una conquista importante por parte de grupos feministas para apoyar a las víctimas en los tribunales y reducir la desigualdad en éstos: inmigrantes y personas con bajo poder adquisitivo tendrían acceso a un juicio más justo.
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