Enlace Judío – El contenido de este artículo deriva del material de Federico Rubli publicado en El Economista el pasado 7 de mayo con el título “NO QUEREMOS REGRESAR AL PASADO”.
A la menor provocación, este gobierno insiste en arremeter contra las fuerzas del mercado. La semana pasada vimos dos muestras más de que las medidas por decreto son enemigas del mercado.
El presidente anunció el “Paquete contra la inflación y la carestía” (dos términos sinónimos) que consiste en una serie de medidas intervencionistas por el lado de la oferta agregada para atenuar el impacto de mayores precios sobre el consumo básico de los segmentos más necesitados. Abarca 24 precios de bienes de la canasta básica, así como otros productos como gasolina, gas y telefonía.
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Si bien no es un control directo y administrado de precios como los que se tuvieron en los años 70, son acciones que se concertaron con el sector privado (a manera de un pacto, pero ese término para la 4T tiene una connotación del pasado priista) para no aumentar los precios aludidos durante los próximos seis meses.
En ese sentido, es un programa social en coordinación con el sector privado. No es un plan antinflacionario que vaya a reducir significativamente la inflación general. Los 24 productos aludidos tienen una incidencia sobre la inflación general de sólo 13%.
La inflación no se reduce ni por decreto ni con controles. Mencionó el gobierno que, si no se hubiese subsidiado el IEPS de las gasolinas en 100%, la inflación en la primera quincena de abril hubiese sido 10% y no 7.72%.
Es decir, aceptan bajar artificialmente la inflación, distorsionando el proceso natural de formación de precios. Es decir, que la oferta y la demanda determinen al nivel de precios. Si ése es elevado, el instrumento idóneo es la política monetaria. Hay que reiterarlo: una baja de la inflación no provendrá de controles o decretos o pactos, sino de acciones monetarias restrictivas por parte del Banco de México.
Otra violación a las reglas del mercado, es emitir un pretendido decreto para forzar a las aerolíneas a trasladar obligatoriamente sus operaciones y así obligar al público consumidor a utilizar el AIFA.
Lo que el gobierno no entiende es que esto es una elección racional de las compañías y del consumidor. Si el nuevo aeropuerto se hubiese inaugurado con la conectividad adecuada que hoy no tiene y con muchas más opciones de destinos que a sólo seis ciudades, seguramente muchos consumidores hubiesen elegido volar del AIFA, por ejemplo, a Villahermosa y no del AICM.
Pero no lo hacen porque toman en cuenta todos esos inconvenientes que representan costos para el bolsillo del consumidor. No se puede imponer por decreto el consumo. El gobierno no entiende que la decisión para las aerolíneas y los usuarios de utilizar al AIFA es una decisión económica, financiera, de preferencias y operativa, que no puede ser forzada con un decreto sólo para fines políticos. El gobierno se siente más “inteligente” que el mercado y cree que puede manipular la oferta y la demanda.
A la larga, los dos tipos descritos de manipulaciones, tanto a la inflación como al uso aeroportuario, serán un fracaso y las distorsiones que causaron serán más costosas de corregir. Tarde o temprano, las fuerzas del mercado terminan por prevalecer.
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