Enlace Judío.- El alto tribunal reafirma las 85 sentencias ya dictadas contra acuerdos de boicot a Israel promovidos por ayuntamientos, según un artículo de C. Jordá publicado en Libertad Digital
El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que supone el golpe definitivo, y mortal, contra la práctica del BDS en ayuntamientos y otras instituciones españolas.
La sentencia confirma lo que hasta ahora habían dictado otras instancias judiciales en 85 ocasiones, y se refiere en concreto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que declaró nulo un acuerdo de boicot a Israel del Ayuntamiento de Reinosa.
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Lo que es más importante de esta resolución es que la sentencia crea jurisprudencia, y de ahora en adelante cualquier acuerdo de boicot antisemita en línea con el BDS será ilegal.
“Atendiendo a su naturaleza, contenido y efectos”, los acuerdos que instauraban el boicot contra Israel “son susceptibles de control por la jurisdicción contencioso administrativa”, por lo que los jueces del Tribunal Supremo ratifican su competencia en el asunto.
Cerrar espacios y contratos en administraciones públicas a instituciones y personas por su origen, “implica discriminación de terceros” y esto es una “lesión de derechos fundamentales” que no puede ser consentida por la ley, dicen los jueces.
La organización ACOM (Acción y Comunicación en Oriente medio), que ha llevado a los tribunales estos acuerdos municipales y ha cosechado numerosas victorias judiciales, considera esta decisión “pionera a nivel mundial”.
ACOM recuerda, además, que los promotores de estos boicots han recibido muchísimos millones de euros en subvenciones que les han permitido promover su discurso del odio”, una financiación a organizaciones antisemitas que es “incompatible con el estado de derecho”.
¿Qué declara ilegal el Supremo?
La sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia respecto a asuntos similares, pero se refiere en particular a un acuerdo concreto: el del Ayuntamiento de Reinosa en julio de 2016 que incluía, entre otros aspectos, “declarar el concejo de Reinosa Espacio Libre de Apartheid israelí”; que se adoptasen “las medidas legales oportunas para que los procesos de contratación y compra” que se desarrollasen en el propio ayuntamiento incluyesen “previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que por supuesto eran todas las israelíes; y, asimismo, “no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional y de la Declaración de los Derechos Humanos”, refiriéndose nuevamente sólo a las de Israel, puesto que no hacían referencia alguna a empresas o instituciones de otros países.
El movimiento BDS –Boicot, Desinversiones y Sanciones– es una gran campaña internacional creada en el entorno de organizaciones terroristas palestinas que pretendía aislar y dañar internacionalmente a Israel haciendo que instituciones públicas y privadas hacen negocios o se relacionan con empresas e instituciones israelíes.
Entre otras cosas, este boicot, en definitiva antisemita, incluye, por ejemplo, la prohibición de las relaciones entre universidades y centros académicos o el boicot a artistas israelíes o que actúen en Israel.
